En el intervalo de tres meses, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó dos contratos a sendas UTE formadas por Subterra, una empresa de ingeniería en la que trabaja el hermano del delegado de Movilidad, Borja Carabante. El primero se produjo en agosto de 2020 para diseñar el soterramiento de la A-5, como avanzó este periódico el lunes, en exclusiva. El segundo tuvo lugar en noviembre del mismo año y estaba enfocado en la asistencia técnica para la supervisión de proyectos de Calle 30, según desvelan los documentos de la adjudicación a los que ha tenido acceso Somos Madrid.
Los protagonistas de este segundo contrato son casi los mismos que en el primero: la licitación municipal la inició el área de Movilidad a principios de 2020 y la mesa de contratación estaba también presidida por Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras. Subterra concurría al concurso con la empresa Cemosa y lograba la adjudicación por 187.388,61 euros, según datos del Portal de Contratación.
Como en el primer contrato, el delegado de Movilidad Borja Carabante recibió la propuesta de adjudicación y, según fuentes de su área, se abstuvo y le comunicó por carta al alcalde esta decisión el día 16 de noviembre invocando el artículo 23.2b de la legislación de contratación pública. La diferencia con la primera abstención es que la Secretaría General Técnica ya estaba informada de las incompatibilidades que generaba Subterra y el procedimiento fue más automático, indican las mismas fuentes municipales a este periódico.
La Ley 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público obliga a las autoridades en su posición “se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato”. Borja Carabante mantiene que desconocía que la empresa donde su hermano es jefe de departamento se había presentado a la primera licitación y que lo descubrió en el mismo momento de firmar la aceptación de la propuesta. Lo mismo que ocurrió en el segundo contrato. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se enteró al recibir la carta de abstención de su concejal, aseguró este lunes en rueda de prensa.
Dos concursos resueltos por valoraciones subjetivas
En lo que también se parecen ambas licitaciones a las UTE de Subterra es en la forma de conseguir los contratos: los concursos fueron muy ajustados en las valoraciones técnicas y lo que acabó decidiendo las dos adjudicaciones fueron los puntos obtenidos por los criterios de juicios de valor aportados por los técnicos, que resultaron muy favorables a la empresa que tiene en nómina al hermano del concejal de Almeida. En ambos también se descartaron varias empresas candidatas favoritas debido a que sus ofertas económicas fueron consideradas demasiado bajas por el consistorio.
En el contrato para redactar el proyecto de soterramiento de la A-5 eran 16 las ofertas recibidas. De ellas se descartaron tres porque sus presupuestos se desviaron demasiado a la baja de la media del resto de propuestas. Y entre las 12 que quedaron, la Esteyco-Subterra era la segunda más barata (aunque sacó los mismos puntos que la primera, de Consultrans-Eptisa-Tec4).
Lo que finalmente decidió el concurso fueron las puntuaciones por juicio de valor, en la que la oferta ganadora se llevó la puntuación más alta (20,38 en este apartado). La suma total de Esteyco-Subterra fue de 99,38 puntos, gracias a los que se hizo con el contrato por algo más de tres millones de euros. Otras siete empresas obtuvieron más de 97 puntos, lo que da idea de lo ajustado de la licitación y el carácter decisivo de las observaciones de los técnicos.
En el segundo contrato adjudicado a Subterra, el lote 1 de la Asistencia técnica de supervisión de proyectos integrales de Madrid Calle 30, concurría con la empresa Cemosa. La mesa de contratación eliminó la oferta más barata (Alauda Ingeniería, que recurrió para justificar su baja, pero sus argumentos fueron desestimados) y dejó en seis compañías la competición. De haber sido admitida, esta empresa hubiera quedado en primer lugar en la licitación, explican fuentes conocedoras del proceso de licitación consultadas por Somos Madrid. Las mismas fuentes indican que lo habitual es permitir el concurso de las compañías a la baja cuando lo argumentan suficientemente, como parecía ser este caso.
Con criterios objetivos muy ajustados, la puntuación por juicios de valor volvió a ser decisiva en el segundo contrato y otorgó a la empresa donde trabaja Rafael Carabante la adjudicación, también por un estrecho margen.
Ambos contratos fueron finalmente firmado por la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, quien sustituyó a Borja Carabante en sus funciones por decisión de Almeida. La presidenta de la mesa de adjudicación era Lola Ortiz, directora general de Infraestructuras, quien dimitió en 2021 de su cargo como decana en el Colegio de Ingenieros por gastos asociados a tarjetas black. El alcalde de Madrid decidió mantenerla entonces en su cargo municipal, que depende del área de Carabante, por entender que el escándalo no tenía relación con el Ayuntamiento.
Este segundo contrato ha sido criticado después de su publicación por el gerente de Calle 30 durante el mandato de Manuela Carmena, Samuel Romero. Destituido por Borja Carabante a su llegada al área de Movilidad, denuncia que también cesó a dos ingenieros de caminos que, entre sus funciones, “estaba justamente la de supervisar y revisar los proyectos de la infraestructura”. Lo explica en el siguiente hilo de Twitter:
En su opinión, “es una atrocidad encargar a una ingeniería externa la supervisión de la idoneidad de proyectos para una infraestructura que quienes mejor conocen son los propios técnicos de la infraestructura. Puede haber, además, conflicto de interés con muchas constructoras”, añade.
Más Madrid reclama una investigación
Las reacciones políticas al caso de este viernes se sucedieron en todos los partidos de la oposición. Desde Recupera Madrid, que anunció posibles acciones legales después de estudiar las facturas “una a una”, hasta Podemos o Izquierda Unida. Más Madrid llegó a hablar de “posible caso de corrupción”.
Ante la aparición de este segundo contrato, la candidata de esta última formación, Rita Maestre, asegura que “ninguna de las explicaciones de Carabante ni de Almeida son creíbles. Porque Carabante no solo le adjudicó un contrato a la empresa de su hermano. Le dio otro más varias semanas después. Si, como él dice, se enteró de que era la empresa de su hermano al hacer la primera adjudicación, ¿por qué firmó luego una segunda?”, se pregunta.
Maestre destaca que “la adjudicación de este segundo contrato con la empresa de su hermano sigue el mismo modus operandi oscuro que el anterior: primero se asegura de darle el contrato a su hermano, luego se retira y finalmente oculta los documentos para que nadie se de cuenta ni les relacione”.
Más Madrid asegura que la empresa donde trabaja el hermano de Carabante no había hecho ningún contrato antes con el Ayuntamiento. “De repente llegan Almeida y Carabante y le adjudican dos contratos millonarios. Es demasiada casualidad y hay que investigarlo”.