El varapalo judicial que recibió el martes el Ayuntamiento de Madrid todavía se está digiriendo en Cibeles. El consistorio dispone de casi un mes para decidir qué hacer ante una sentencia demoledora del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado la Ordenanza de Terrazas por tres motivos distintos, a instancia de una denuncia del PSOE.
“Lo que hay que hacer es sentar las bases jurídicas de cuál es la situación, cuál es la afectación y cuáles serían los siguientes pasos en función de si hay un posible recurso de casación o no lo hay”, dijo este miércoles la vicealcaldesa, Inma Sainz, intentando salir del paso ante las preguntas de los periodistas. El alcalde, Almeida, está todavía de luna de miel y la decisión sobre lo que deberá hacer el Ayuntamiento se tendrá que tomar cuando él vuelva.
El último recurso del Ayuntamiento de Madrid para salvar la normativa es presentar casación ante el Tribunal Supremo, debido a que el TSJM estimó casi todas las razones esgrimidas por el PSOE para anular la Ordenanza. En el fallo comunicado esta semana, el tribunal autonómico critica al Ayuntamiento por aprobar una norma sin los informes económicos y ambientales pertinentes, además de saltarse el trámite de audiencia pública en uno de sus apartados.
Si finalmente decidiera no recurrir ante la rotundidad de los argumentos esgrimidos por el TSJM, o el recurso no fuera admitido a trámite, los hosteleros de Madrid verían cómo la Ordenanza de Terrazas queda despojada de los cambios que introdujeron Almeida y Villacís, para volver a los términos en los que se aprobó en 2013, en plena alcaldía de Ana Botella, con importantes cambios con respecto a la normativa actual y bastantes restricciones para muchos negocios.
La normativa anulada era -en líneas generales- más permisiva que la anterior y permitía colocar más mesas y sillas a los locales, al reducir las distancias mínimas hacia diferentes elementos del mobiliario urbano, lo que ha permitido hasta ahora a muchos bares que no tenían terraza pedirla en lugares donde antes estaban prohibidas. Además, se añadió en la normativa un tipo de mesas altas, que el Ayuntamiento denomina de baja ocupación, con capacidad para dos clientes. Aunque el ancho mínimo de paso ha de ser de 2,50 metros como norma general, en aceras estrechas se permiten este tipo de terraza siempre que se deje como mínimo 1,80 metros para el tránsito de peatones.
Si los cambios en la Ordenanza quedan anulados, los bares tendrían que retirar todos estos elementos. Como también deberían hacer los mercados municipales con los veladores que hayan sacado desde hace dos años al exterior, ya que estos nacieron con la normativa de 2022.
Otra de las opciones que prevé la normativa anulada ahora por el TSJM es la peatonalización de calles de forma excepcional “teniendo en cuenta la compatibilidad con otras actividades que se desarrollen con ocasión de la peatonalización”.
El peligro los horarios recortados y las multas
El aumento de sillas y mesas que originó la normativa aprobada por Almeida intentó ser compensado con algunas restricciones adicionales a las que había impuesto la versión de 2013. La anulación judicial podría también dar al traste con ellas. La más destacada es la de los horarios: el Ayuntamiento rebajó en una hora el momento del cierre para las terrazas situadas fuera de las ZPAE. Hasta el año 2022 podían llegar las 2.30 horas de la madrugada durante los fines de semana, límite que se redujo a partir de entonces en una hora.
El régimen sancionador también es más duro ahora que hasta hace dos años y fue pensado especialmente para eliminar las terrazas de los hosteleros que incumplen sistemáticamente la normativa, los que suelen causar molestias más graves a los vecinos. Con los cambios de 2022 se habilitó la posibilidad de retirar la licencia de terraza por un año en el caso de que se acumulen dos infracciones muy graves o tres graves. Las multas económicas previstas van hasta que la anulación sea definitiva desde los 750 hasta los 3.000 euros.
Otra de las restricciones adicionales, con especial incidencia en el centro de Madrid, es la posibilidad del Ayuntamiento de retirar mesas y sillas donde exista una concentración excesiva de terrazas. El Ayuntamiento de Madrid aprobó con la ordenanza un mapa con 256 puntos potencialmente conflictivos sobre los que se actuar para reducir su impacto, basándose en distintos indicadores. Los hosteleros de estas zonas saturadas han ido viendo cómo desaparecían sillas y mesas para evitar la concentración excesiva, e incluso su horario de cierre se podría adelantar a las 23.00 horas. Una de las últimas acciones de este tipo se ha ordenado en Malasaña.
Para acabar con la saturación de una zona, el Ayuntamiento podrá reducir el número de permisos o superficie autorizada, para que no se supere el 30% de ocupación en la acera. También reducir su horario de funcionamiento hasta las 23.00 o incluso antes, limitar los elementos autorizados o incluso no conceder ningún permiso más en determinadas calles.
Por último, otra de las principales novedades de la norma anulada fue la figura del responsable de terraza, una o dos personas designadas por el titular de la autorización, encargadas de “reducir los eventuales conflictos que pudiesen plantearse con los vecinos u otros establecimientos”.
Hosteleros piden menos restricciones, la oposición otra normativa
La orden de anulación del TSJM también pilló por sorpresa a los hosteleros de la capital, que se pasaron los últimos meses de 2023 intentando evitar la retirada de las estufas de gas que también preveía la Ordenanza y que acabó anulando la justicia a once días de que su prohibición fuera definitiva.
En declaraciones a los medios, este miércoles la asociación mayoritaria -Hostelería Madrid- pedía aprovechar la sentencia para sacar una nueva normativa que conservara todas las ventajas que se aprobaron en su momento y echara atrás las restricciones impuestas al sector.
Menos obvia ha sido la respuesta de los partidos de la oposición en este caso. El PSOE, la formación política que ha conseguido la victoria judicial, reclamó este miércoles una norma municipal más amplia, que regule todas las actividades que tienen lugar en el espacio público. Reyes Maroto la llamó “Ordenanza de Habitabilidad” y su idea es que vaya ligada al Nuevo Plan General de Ordenación Urbana,. Serviría para regular “el uso del espacio público que tiene que ser compartido por vecinos y vecinas”, y que abordara tanto actividades económicas como de movilidad, por ejemplo. “La sentencia pone de manifiesto que la Ordenanza es una chapuza jurídica”, añadió.
Más Madrid también ha ahondado en esta idea: “Lo que nuestra ciudad necesita es una ordenanza global que regule los desequilibrios generados en muchos barrios de Madrid y que recoja los cambios que se están produciendo en todas las ciudades europeas”, explicó su portavoz municipal, Rita Maestre. Ella pide, como los socialistas, que regule “la actividad económica” y “la seguridad vial”. Por último, echó en cara al Ayuntamiento que su última normativa aprobada no añadió “seguridad jurídica” a los hosteleros y que la nueva debería reducir los elementos autorizables permanentes en las terrazas, que mejore la definición de zonas saturadas y “que no autorice elementos de calefacción”.