Este martes, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobará con la mayoría absoluta del PP la urbanización de los terrenos que antiguamente ocupaban las centenarias Cocheras de Metro en Cuatro Caminos. Será el segundo intento municipal de sacar adelante un proyecto privado de promoción de vivienda, que se puso en marcha hace una década, en 2014, y que todavía no ha conseguido empezar ni un cimiento.
El plan propone levantar cinco bloques de pisos en este espacio (con 43.250 metros cuadrados de superficie), entre ellos una torre de 31 plantas y por encima de los 100 metros de altura (más elevada que el Faro de Moncloa), que destacaría en un entorno sin construcciones de este tipo. La superficie edificable para levantar 443 viviendas asciende a 58.500 m2, a lo que se sumará 4.728,64 m2 de oficinas y tiendas, además de 1.050 plazas de garaje subterráneas.
Solo el 10% de los pisos de este proyecto serán protegidos, pese a que la Ley de Vivienda obliga a dedicar el 20%. Será gracias a un volantazo legal de la Comunidad de Madrid, que emitió un informe en 2023 para que el porcentaje no tuviera que aumentar y el 90% de las construcciones siguiera siendo vivienda libre, con precios ilimitados.
La clave para entender las desavenencias judiciales es el uso del suelo y lo que allí había antes. La discusión sobre estos terrenos comenzó hace en el año 2014, cuando Metro de Madrid vendió por 88 millones de euros un solar que ocupan sus cocheras, todavía en uso. Lo compró Residencial Metropolitan, una cooperativa reunida alrededor de la promotora Ibosa. El proyecto fue modificado varias veces y acabó ideando la citada torre para concentrar el mayor número de pisos en uno de los bloques, con una edificabilidad de 28.900 metros cuadrados.
El proyecto implicaba modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y también la desaparición de las históricas cocheras, con más de un siglo de antigüedad y atribuidas a Antonio Palacios, el arquitecto de cabecera del primer Metro de Madrid. Su conservación levantó en su momento a asociaciones de Chamberí, el distrito sobre el que se asienta, y a otras que reclamaban el valor de este patrimonio industrial, tanto por su diseño como por su antigüedad. Estas constituyeron rápidamente la plataforma Salvemos las Cocheras de Cuatro Caminos, para intentar frenar en los tribunales toda la operación urbanística, además de dedicarse a difundir la importancia de este espacio (por ejemplo, con esta página web con abundante información histórica).
El primer frente fue el de intentar que el complejo fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para su protección definitiva, intento que es tumbado por la Comunidad de Madrid (solo se protegen unos muros laterales). En 2019 llegaron las demandas en los tribunales para frenar una operación que aseguraban era ilegal. La justicia les dio la razón en primera instancia y después lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Es aquí cuando el Ayuntamiento hizo uso de la primera trampa legal para conseguir la demolición de las cocheras y que el proyecto avance: Urbanismo recurrió todas las sentencias judiciales en su contra y a la vez autorizó la demolición de todo el complejo, como paso previo a la construcción de los edificios. El derribo de las cocheras se consumó el 8 de junio de 2021, mes y medio después de la sentencia del TSJM que ya dejaba claro que el planeamiento sobre el que se asentaba el proyecto era ilegal. Pero la decisión no era firme hasta que lo dijera el Supremo, gracias a los recursos del equipo de Almeida.
Nuevo planeamiento y Ley de Vivienda
La sentencia final llegó en julio de 2022. El plan municipal para permitir este desarrollo urbanístico tenía que empezar de cero después del mazazo judicial del Tribunal Supremo y el consistorio aceleró al máximo para conseguirlo, aprobando el nuevo planeamiento a las pocas semanas. En juego estaban 443 pisos y un proyecto que en su inicio era defendido por todos los partidos políticos con representación municipal.
Pero en mayo de 2023, cuando todavía continúan los trámites para dar luz verde a Residencial Metropolitan, el gobierno de la nación aprueba la nueva Ley de Vivienda, que obliga a dedicar un 20% de vivienda protegida a cualquier desarrollo urbanístico, en lugar del 10% que se exigía hasta ese momento y que contemplaba el proyecto sobre las cocheras. Todo parecía tener que empezar de nuevo, ante el enojo de los miembros de la cooperativa.
Hace un año llegó la última trampa legal de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. El equipo legal de Ayuso dijo primero que era obligatorio rehacer el proyecto, pero después retorció la interpretación de la ley estatal para asegurar lo contrario, en un polémico informe en el que los argumentos se dictan desde el área de Urbanismo de Almeida. De esta forma, los 443 pisos quedaron definitivamente validados en el pleno del pasado diciembre, gracias a la mayoría absoluta del PP en el consistorio.
Los tiempos de la justicia y el convenio urbanístico
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió en febrero a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y Ecologistas en Acción sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana efectuada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo que volvía a poner el foco judicial sobre el proyecto.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no ha detenido los trámites y este martes se aprueba la firma del convenio urbanístico con Residencial Metropolitan, que permitirá iniciar los trabajos si los tribunales no los detienen.
¿Corre peligro ahora la nueva promoción? Los tiempos de la justica son largos y los de la construcción puede que la adelanten. Ocurrió, por ejemplo, en el desaparecido Taller de Precisión de Artillería, situado también en Chamberí, a poca distancia de las cocheras. Otro desarrollo urbanístico de una cooperativa que se levantó pese a que el planeamiento era ilegal, como demostraron la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio en todas las instancias judiciales. Cuando llegó la sentencia final del Supremo, sus 450 pisos ya estaban construidos y nadie los iba a poder derribar.
En el caso de Cuatro Caminos, el Ayuntamiento de Madrid calculaba que las obras de construcción de las viviendas -con la demolición incluida- podían durar unos cinco años. Una vez que han desaparecido los edificios históricos, tardarán bastante menos. Los tiempos judiciales previos indican que para declarar nulo de nuevo el plan municipal hará falta un recorrido de unos tres años hasta alcanzar la decisión del Supremo, siempre que la justicia diera la razón a los demandantes en cada una de sus fases y el equipo de Almeida recurriera todas.