Seis multas en tres años y medio. Ese es el balance de la disciplina urbanística -un tanto laxa, a tenor de las cifras- que está aplicando el gobierno de Cristina Cifuentes en la vigilancia de las viviendas y apartamentos turísticos ilegales. La cifra se ha conocido gracias a una pregunta de Podemos en el parlamento regional, y la ha difundido el diario El Mundo, que hace balance de la actual regulación regional sobre los pisos de alquiler para turistas, aprobada en julio de 2014.
La Comunidad de Madrid se excusa de haber multado a solo el 2,3% de los pisos denunciados (259) por lo garantista del procedimiento, pese a que asegura tener dedicados a siete funcionarios a la comprobación y tramitación de estas denuncias. Los hosteleros calculan que en la región operan actualmente más de 15.000 viviendas turísticas ilegales.
La inspección de los alojamientos turísticos es competencia de la Comunidad de Madrid. Oposición y hosteleros han reclamado a Cifuentes un mayor control (Podemos presentó una enmienda a los presupuestos para ello, que fue rechazada) o que, en caso contrario, delegue en los ayuntamientos, algo que también ha pedido Ahora Madrid en la capital.
El Gobierno regional está a punto de aprobar una nueva normativa, que ha sido rechazada por la patronal y que los hosteleros ya han denunciado que no servirá para acabar con el problema del efecto Airbnb en Madrid: “El decreto es el más laxo no solo de Europa, sino del mundo”, se quejó este martes el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García Alonso. Este portavoz afirmó que el decreto, con importantes carencias, “se hace para favorecer la desregulación en beneficio de ciertos intereses empresariales pese a los enormes problemas sociales y económicos que implica esta actividad”.
Alegaciones de vecinos y Ayuntamiento al decreto
Los vecinos, por su parte, coinciden en el análisis de los hosteleros y afirman que el auge de los pisos Airbnb está provocando una subida notable del precio de los alquileres. Por ello han iniciado una campaña de alegaciones masivas para cambiar el decreto sobre vivienda turística que aún no ha aprobado Cristina Cifuentes.
El Ayuntamiento de Madrid también ha presentado sus alegaciones, en las que critica la nueva definición de viviendas de uso turístico, considera que se salta la normativa urbanística al permitir hasta el 75% de pisos Airbnb en un solo edificio residencial, cree excesivo el cálculo de número máximo de turistas alojados por metros cuadrados y quiere introducir el límite de 90 días como máximo a la hora de considerar la vivienda turística de economía colaborativa o no, como anunció hace un mes.