Los terrenos sobre los que se asienta el proyecto inmobiliario que quiere derribar las históricas Cocheras de Cuatro Caminos acumulan una duda más sobre su horizonte. Si hace una semana se conoció que el plan sobre el que se asienta tiene pies de barro al tumbar la justicia la modificación aprobada por el Ayuntamiento, ahora aparecen documentos que ponen en duda que los terrenos vendidos por Metro de Madrid a los promotores –los cooperativistas de Residencial Metropolitan y la promotora Ibosa– fueran 100% de la compañía de transportes.
El Registro de la Propiedad confirma que la finca número 2653, situada en el ámbito de actuación, pertenece a fecha de hoy al Ayuntamiento de Madrid, según consta en una nota simple solicitada hace un mes a la que ha tenido acceso este periódico. Fue adquirida por expropiación a su propietario, Antonio Couza López, en el año 1940 y desde entonces no ha cambiado de titularidad, según los datos de la entidad oficial. Esta finca no fue tenida en cuenta a la hora de planificar la operación urbanística y aparentemente Metro de Madrid dio por hecho que la finca contigua, la 2399 –conocida como Campo de Guardias– ocupaba todo el terreno, aunque en el Registro figuran ambas, con diferentes propietarios.
El resultado fue que la compañía del suburbano, que depende de la Comunidad de Madrid, vendió los terrenos dando por hecho que todos eran de su propiedad, sin tener en cuenta que de los 34.789,13 metros cuadrados que forman parte de la actuación había 416 dentro de sus muros que eran propiedad del Ayuntamiento, según la documentación existente a la que ha accedido el periódico Somos Chamberí.
El hallazgo fue descubierto por Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), que conoció la existencia de esta finca después de una intensa investigación documental sobre el entorno de las cocheras. La asociación reunió toda la documentación sobre el caso que pudo recopilar y la puso hace unos días en manos del Ayuntamiento de Madrid, para que pudiera reclamar la titularidad pública de estos terrenos. En un escrito firmado por su presidenta, Amparo Berlinches, solicita al área de Hacienda “la toma de posesión de la parcela y segmento de viario señalados, y lo incorpore al Patrimonio municipal”.
Entre los documentos que MCyP ha facilitado al Ayuntamiento se encuentra el plano de un deslinde de los terrenos, efectuado por técnicos municipales en el año 1964, después de que la finca fuera reclamada sin éxito por su propietario original. En él se muestra la existencia del terreno municipal y cómo las parcelas circundantes eran de la Compañía Metropolitano de Madrid, que luego se convertiría en Metro. Sus técnicos y los del Ministerio de Obras Públicas firmaron el trazado.
Además y de forma paralela al caso de la parcela aparecida, MCyP recuerda al consistorio que en el documento de deslinde del año 1964 también se indica que Metro se ha apropiado de un tramo de la calle Esquilache que ya pertenecía entonces al dominio público, lo que a su entender “viene a reforzar no sólo la veracidad de las declaraciones del deslindamiento, sino su perpetuación en el tiempo, y en la memoria gráfica”. Por ello reclama al equipo de Martínez-Almeida que “acredite si el resto del viario fue debidamente adquirido por la Compañía de Metro al Ayuntamiento de Madrid, toda vez que dicho viario llegó a existir y que acabó siendo parte de la parcela ocupada por la compañía de Metro de Madrid”.
La repercusión de este descubrimiento es todavía difícil de anticipar. Desde MCyP esperan que el Ayuntamiento de Madrid reclame sus derechos sobre los terrenos y tome posesión de este bien público. Si el plan urbanístico sigue adelante, la titularidad de esta parcela podría abrir la puerta a que el consistorio reclamara una compensación por la enajenación de su parte, algo que podría conllevar una elevada suma: teniendo en cuenta la edificabilidad de la zona y el coste del metro cuadrado, la indemnización podría estar cercana al millón de euros o superarlo con creces, en función del método de cálculo.
Un plan tumbado por la justicia
El descubrimiento llega unos días después de que los tribunales dieran la razón a MCyP y la asociación vecinal Corazón Verde Chamberí en su demanda contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que hizo posible aprobar el plan especial sobre la Cocheras de Cuatro Caminos. La justicia declaró como ilegal el jueves dicha modificación, que el delegado de Desarrollo Urbano prometió subsanar en una reunión con los cooperativistas el pasado viernes. Pero los inconvenientes se le acumulan con la nueva parcela de titularidad municipal. Este medio ha preguntado al área cuál serán los próximos pasos a tomar, sin que hasta este momento haya recibido respuesta alguna.
No es la única vía de agua que puede aparecer en estos terrenos: las asociaciones no descartan todavía conseguir que el complejo industrial, construido hace más de cien años para alojar los primeros vagones del Metro de Madrid, sea declarado por completo Bien de Interés Cultural en su zona histórica, ya que actualmente solo se van a conservar tres pequeños elementos. Aunque el tiempo corre en su contra, ya que la demolición de todo el complejo empezó hace unas semanas.
Residencial Metropolitan incluye en su proyecto seis edificaciones, entre ellas una torre de 31 plantas (35 si se cuentan los pisos bajo la cota cero) que dibujará un nuevo perfil en el cielo de Chamberí. En total, 443 pisos, un parque y varias dotaciones municipales, además del soterramiento delas cocheras de Metro en su subsuelo. Una operación urbanística contra la que se opusieron asociaciones vecinales y de defensa del patrimonio a las que ahora la justicia da la razón.
El proyecto promovido por Residencial Metropolitan S. Coop. Mad. fue aprobado de forma definitiva en julio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid. Votaron a favor PP, Ciudadanos, Vox y Más Madrid. Solo el PSOE se opuso a esta operación urbanística que sacó adelante el gobierno de Almeida pero que dejó lista el de Manuela Carmena. Según lo aprobado, Metro de Madrid construirá en el subsuelo sus nuevas cocheras, mientras que en la superficie de la parcela se construyen 58.500 metros cuadrados de viviendas divididas en varios edificios, uno de ellos una torre de 105 metros de altura que marcará un nuevo perfil en el cielo de esta zona de Madrid.
La parcela –incluyendo los 416 metros municipales– fue vendida por Metro de Madrid por unos 88 millones de euros, de los que 30 se pagarían en especie con la construcción de los equipamientos públicos para Comunidad y Ayuntamiento. Las obras para levantar las viviendas iban a durar cinco años y estar acabadas en agosto de 2024, aunque la deriva judicial que ha tomado el caso puede hacer inviable esa fecha.