El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que permitía el desarrollo del proyecto urbanístico de Residencial Metropolitan sobre las históricas Cocheras de Cuatro Caminos, según la sentencia a la que ha tenido acceso Somos Chamberí. La justicia considera que la modificación del plan debe ser anulada “por falta de acreditación de la viabilidad y sostenibilidad económica”, entre otras razones.
El recurso judicial fue presentado por las asociaciones Corazón Verde de Chamberí y Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), ante la constatación de que el Ayuntamiento de Madrid había podido saltarse la normativa urbanística al modificar el PGOU. Con la sentencia, el plan para construir el proyecto queda en entredicho y también la demolición de este complejo industrial, con partes que datan de 1919, cuando se puso en marcha el Metro de Madrid. Sin embargo, el fallo judicial no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que todas las actuaciones pueden seguir adelante, según las fuentes consultadas por este medio.
Fuentes municipales explican que el Ayuntamiento “va a analizar la sentencia y estudiar lo indicado por los jueces, pero en una primera valoración se aprecia que las causas de la anulación son defectos formales, que pueden ser subsanados ahondando sobre todo en temas medioambientales que no estaban suficientemente justificados y por la falta de un informe de impacto económico”. Desde el área de Desarrollo Urbano apuntan que la decisión judicial “aparentemente, valida las edificabilidades, la motivación del proyecto, las redes” o “la protección del patrimonio” y “no cuestiona aspectos de fondo sino únicamente aspectos formales”.
El consistorio “está analizando la licencia de demolición otorgada en su día, que actualmente se encuentra en sede judicial, pero en los próximos días se tendrá una visión más clara de los siguientes pasos que debe dar el Ayuntamiento y de la posibilidad de recurrir”.
Por su parte, la asociación MCyP considera que una vez pronunciada la justicia “Metro ha de recuperar la parcela y plantear con tranquilidad una ordenación de la misma que busque su adecuado aprovechamiento social y cultural, que no tiene por qué ser incompatible con algún tipo de uso residencial, pero anteponiendo siempre los intereses generales a los particulares”, explica en un comunicado. “Por su parte el Ayuntamiento habrá de responder con las oportunas indemnizaciones a los cooperativistas afectados, y dar una solución al conflicto por el que han tenido retenidas a estos ciudadanos en una operación imposible. La solución pasa por plantear una catalogación municipal del conjunto histórico”.
Dos vías judiciales
La sentencia judicial conocida este jueves es la última y una de las más importantes de una larga lista de resoluciones y recursos durante los últimos años. A falta de diálogo con las administraciones, las vecinales y las que defienden el patrimonio de la ciudad acudieron a la justicia para intentar salvar este complejo industrial histórico. “Los juzgados son la única herramienta que nos han dejado ante una apisonadora de corrupción y prevaricación, no se han abierto a ninguna negociación política”, se quejaban a Somos chamberí hace unos días desde MCyP, una de las asociaciones demandantes. “Les vendieron un activo tóxico, ese es el problema”, dicen en relación a los cooperativistas que junto a la promotora Ibosa concurrieron al concurso para hacerse con los terrenos donde construir sus viviendas. Las asociaciones propusieron a Comunidad y Ayuntamiento que estos pisos pudieran convivir con un Museo del Metro en la zona histórica de Cocheras, una opción que desestimaron.
La estrategia judicial de las asociaciones se centraron en dos frentes: por un lado, intentar declarar Bien de Interés Cultural el complejo, para que la elevación de su protección -actualmente solo se tienen que conservar tres pequeños elementos- impidiera el derribo que está teniendo lugar. Esa vía quedó cerrada hace unos meses, con la desestimación por parte del TSJM del recurso de MCyP, aunque recientemente se ha intentado reabrir por parte de esta asociación.
Por otro lado, tanto MCyP como Corazón Verde Chamberí y Parque Sí intentaron tumbar el proyecto por la parte de planificación: arremetieron contra los abundantes fallos legales del cambio puntual en el PGOU de Madrid acometido en 2014 para elevar los metros cuadrados de edificabilidad de la parcela y hacer posible la operación urbanística. Este cambio es lo que ahora ha vetado la justicia madrileña, aunque la posibilidad de recurso podría alargar los tiempos judiciales y que el caso se asemeje a lo que sucedió con el drribo del Taller de Precisión de Artillería, también en Chamberí, a unas pocas manzanas. Allí, la declaración de ilegalidad en los tribunales ha llegado cuando la promoción de viviendas de lujo ya está construida, y es casi imposible su demolición.
Una torre de 35 plantas en Chamberí
Residencial Metropolitan incluye en su proyecto seis edificaciones, entre ellas una torre de 31 plantas (35 si se cuentan los pisos bajo la cota cero) que dibujará un nuevo perfil en el cielo de Chamberí. En total, 443 pisos, un parque y varias dotaciones municipales, además del soterramiento delas cocheras de Metro en su subsuelo. Una operación urbanística contra la que se opusieron asociaciones vecinales y de defensa del patrimonio a las que ahora la justicia da la razón.
El proyecto promovido por Residencial Metropolitan S. Coop. Mad. fue aprobado de forma definitiva en julio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid. Votaron a favor PP, Ciudadanos, Vox y Más Madrid. Solo el PSOE se opuso a esta operación urbanística que sacó adelante el gobierno de Almeida pero que dejó lista el de Manuela Carmena. Según lo aprobado, Metro de Madrid construirá en el subsuelo sus nuevas cocheras, mientras que en la superficie de la parcela se construyen 58.500 metros cuadrados de viviendas divididas en varios edificios, uno de ellos una torre de 105 metros de altura que marcará un nuevo perfil en el cielo de esta zona de Madrid.
La parcela se vendió por unos 88 millones de euros, de los que 30 se pagarían en especie con la construcción de los equipamientos públicos para Comunidad y Ayuntamiento. En el momento de su aprobación, el Ayuntamiento de Madrid calculaba que las obras de construcción de las viviendas durarían cinco años y puso como fecha de ocupación de las viviendas agosto de 2024. Es difícil saber si esos planes podrán seguir adelante ante este nuevo giro judicial.