La concejala del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada por el contrato que el Ayuntamiento de Madrid firmó para proyectar el soterramiento de la A-5 con las empresas Esteyco y Subterra. Lo hace porque considera que el delegado de Movilidad municipal, Borja Carabante, participó en la adjudicación de la licitación, valorada en tres millones de euros, a la empresa en la que su hermano Rafael Carabante trabaja y dirige uno de sus departamentos.
En la denuncia, Higueras acusa al concejal citado y al alcalde José Luis Martínez-Almeida, de prevaricación, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. También a la empresa Subterra Ingeniería, a su empleado Rafael Carabante, a la directora general de Infraestructuras, Lola Ortiz, quien presidió la mesa de contratación en la que se adjudicó la licitación, y a Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno municipal y la persona que sustituyó a Borja Carabante en la firma de la adjudicación final.
El escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Somos Madrid, se presentó este lunes por la noche en la Fiscalía y se basa en las informaciones publicadas en este periódico sobre lo que la oposición considera un contrato “trufado de irregularidades”. Al mismo tiempo, Almeida defiende que fue correcto desde el punto de vista de la legalidad en todo su proceso: “Vivimos en una sociedad en la que por ser familiar de un político no está proscrito trabajar en una gran empresa”, aseguró este lunes.
Marta Higueras recuerda que la presidenta de la mesa de contratación, Lola Ortiz, fue nombrada para su cargo por el propio delegado de Movilidad. “No es aceptable que coloque en la presidencia de la mesa de contratación a una persona que le debe el puesto”, afirma en el argumentario de su denuncia, donde se especula que la “abstención en diferido” de Carabante pudiera haber servido para dar una “apariencia de legalidad” en todo el proceso, pese a que se produjo cuando el nombre de la adjudicataria ya se había decidido.
“Es indudable el carácter determinante de la actuación del concejal (...) que se concreta en su influencia en las deliberaciones que precedieron a la adopción del acuerdo y en la designación de la presidencia de la mesa de contratación”, continúa el escrito, que habla de una “adjudicación irregular” que ha sido “blanqueada” gracias a “la colaboración concertada de otras personas”.
Por ello, solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias para la investigación de los hechos y, en el caso de que hubiese hechos de significación penal, “formule la oportuna querella”.
Exigen una “investigación”
La de la carmenista Marta Higueras es la última de una larga lista de reacciones políticas a los dos contratos adjudicados a Subterra. También Recupera Madrid estudia posibles acciones legales después de cotejar las facturas “una a una” y Más Madrid habla de un “posible caso de corrupción”, a la vez que reclama una investigación.
El periódico Somos Madrid ha publicado hasta el momento los detalles de dos contratos en los que la empresa en la que trabaja el hermano de Borja Carabante resultó beneficiada. El primero por valor de más de tres millones para el proyecto de soterramiento de la A-5 a su entrada a Madrid y el segundo para la supervisión de proyectos en Calle 30.