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Levy cederá al Teatro Real la nave de Daoiz y Velarde dedicada antes a actividades vecinales

Guillermo Hormigo

28 de octubre de 2022 10:30 h

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“Un espacio cultural vivo, participativo, abierto a su distrito y su entorno sociocultural y con una rica vida asociativa”. Esta frase puede leerse en el convenio de colaboración suscrito en diciembre de 2016 entre la Junta Municipal de Retiro y Madrid Destino, la empresa pública del Ayuntamiento de Madrid encargada de la gestión de los eventos y espacios municipales de índole cultural o turístico. Con ella se definía al Centro Cultural Daoiz y Velarde, un antiguo complejo militar situado en las traseras de la estación de Atocha que con este acuerdo culminaba su transformación en lugar que daría respuestas a múltiples necesidades vecinales.

Una apuesta de la cual el documento daba cuenta en varios puntos más: “El Centro tiene asimismo entre sus fines fomentar los procesos creativos, colaborando de manera especial con las diferentes asociaciones del barrio”. El tejido cultural de Madrid, y en especial del distrito de Retiro, crecería “fomentando la participación de los vecinos y las asociaciones”. Ahora, después de más de tres años de inactividad en Daoiz y Velarde por unas obras que sufrieron importantes retrasos, un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Teatro Real, cuyo borrador llega este viernes 28 de octubre en el consejo de Madrid Destino, amenaza con mellar ese papel de los residentes.

En él se establece que esta nave será sede de El Real Junior a partir del 1 de enero de 2023 durante tres años, ampliables hasta ocho. El borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso Somos Madrid, está suscrito por la Fundación del Real y Madrid Destino, representada por la Delegada de Cultura, Turismo y Turismo, Andrea Levy.

En la web del Teatro Real, El Real Junior se describe como una iniciativa que incluye “conciertos didácticos, cuentos musicales con proyecciones, teatro y música para toda la familia”. Una labor de acercamiento cultural a los más jóvenes donde, sin embargo, no hay rastro de ese proyecto para, con y de los vecinos, una de las principales funciones del centro desde su reforma. “Todo el inmueble es susceptible de formar parte del Proyecto [El Real Junior]”, recoge el documento. Esto cierra la puerta al uso con el que fue concebido el espacio durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa.

El nuevo convenio hace referencia a dicho origen, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el 28 de abril de 2015 por el cual se adjudicaba a Madrid Destino la gestión del servicio público cultural a prestar en Daoiz y Velarde, cuando señala que en él “figura como principio rector introducir en la cultura a los más pequeños y adolescentes”. Lo que obvia el modelo impulsado por Levy es otro principio rector, el de la participación vecinal del distrito, reforzada en el convenio de 2016. En el documento que se disponen a suscribir ahora el Teatro Real y Madrid Destino no hay mención alguna a esta faceta.

Sí las hay, en cambio, a la colaboración con entidades públicas “y privadas”, o a la administración por parte del Real de posibles dependencias y servicios culturales “cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid”. Esto podría dejar vía libre para que Daoiz y Verlarde se aleje todavía más de sus vecinos y pase a ser un centro subsidiario de otra institución matriz.

Según el convenio, el Ayuntamiento correrá con el grueso de los gastos corrientes, el mantenimiento del edificio (con un coste de 3,2 millones al año) y financiará las obras de acondicionamiento para instalar una zona de restauración. La Fundación Teatro Real recibirá la recaudación de esta zona de restauración, de las taquillas y los ingresos derivados de la programación artística y cultural, así como de otras actividades culturales, educativas, comerciales, eventos o patrocinios que programe en la Nave.

Más Madrid alerta de una privatización de hasta 8 años

El convenio llega a la mesa del consejo con la oposición de Más Madrid, que considera “excesiva” la atribución exclusiva de los casi 7.000 m2 del mayor equipamiento cultural del distrito de Retiro a la Fundación Teatro Real. “En los términos en los que está redactado el convenio, abre la puerta a la privatización de espacios públicos municipales para uso lucrativo y que no cuentan con los vecinos ni con la Junta de Distrito”, denuncian Pilar Perea, que estará presente en el consejo, y Nacho Murgui.

Ambos advierten que el coste anual para el Ayuntamiento será de 3.220.603 euros, “seis veces más de lo que destina a la programación cultural del Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el único centro municipal con una programación cultural dirigida específicamente a infancia y adolescencia”). El convenio, señalan, puede sobrevivir a la siguiente legislatura, puesto que finalizaría -con las prórrogas- en diciembre del año 2030.

Más Madrid reclama al gobierno de Almeida la retirada del convenio para que se reserve “un espacio para las actividades por agentes culturales, sociales y vecinales, tal y como se venía haciendo hasta el año 2019” a través de “un diálogo con las entidades vecinales y culturales del distrito”, explican fuentes del partido. Además, ha puesto en manos de su equipo jurídico el texto del convenio al considerar que “puede incurrir en aspectos susceptibles de ser denunciados”.

Los residentes de Retiro disfrutaron del centro cultural durante cuatro años: desde la aprobación del acuerdo al inicio de unas obras que no han terminado hasta ahora, justo cuando hay otro convenio sobre la mesa. En ese tiempo, según afirman los promotores de una solicitud en Decide Madrid para la reapertura y la participación ciudadana en el centro cultural, “las vecinas y vecinos de Retiro, asociaciones culturales, escuelas, grupos de artistas y demás colectivos aprovecharon y disfrutaron de su equipamiento e instalaciones a pesar de no estar totalmente terminadas”.

Una propuesta en la que también se pedía “la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de su gestión para garantizar que cumple su finalidad de servicio público”, algo que ahora parece una quimera por mucho que durante un tiempo fuese un sueño convertido en real.