Sanción ejemplar para un negocio de alojamientos turísticos ilegales en pleno centro de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid acaba de imponer multas que suman 270.009 euros a la empresa propietaria del edificio de San Bernardo 41, situado en el barrio de Malasaña, por ejercer este tipo de explotación sin autorización municipal.
El consistorio emite nueve multas que suman la cantidad citada, una por cada piso turístico que ha operado sin permiso durante años, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Todos son propiedad de la empresa San Bernardo 41 SA, administrada por Karim Bulaix, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta.
El área de Urbanismo detectó la actividad ilegal a raíz de la publicación de la noticia en Somos Malasaña el pasado 7 de enero. Solo dos días después, el 9 del mismo mes, una patrulla de la Policía Municipal de Madrid comprobó in situ que se estaba ejerciendo la actividad ilegal, con una recepción más propia de un hotel que de un portal de viviendas y cajetines en las puertas de las habitaciones. Varios turistas de diferentes partes de España declararon ese día que se alojaban en sus instalaciones de forma temporal, con ánimo de visitar la ciudad.
La Policía comprobó también que el negocio funcionaba bajo el nombre de Arizónica Suites, a través de una página web en la que ofrecía 13 apartamentos “ideales para disfrutar Madrid desde el corazón de la ciudad”, con precios de 147 a los 190 euros por noche. También constató que nueve de los trece apartamentos referidos estaban dados de alta en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha rápidamente la maquinaria municipal sancionadora y a los dos días de la inspección, el 11 de enero, enviaba la orden de cese de actividad al empresario ceutí. A finales de ese mismo mes, el negocio ya estaba cerrado. Y en marzo llegaba la resolución de las sanciones, calificadas como graves.
Aunque la multa impuesta por cada piso turístico ilegal (30.001 euros) es la mínima posible dentro de un arco sancionador que puede llegar a los 600.000 euros, el consistorio lo aplica en los nueve casos detectados, por lo que el importe total es de los citados 270.009 euros. El empresario de Ceuta puede elegir pagar por adelantado, asumiendo la culpa, para obtener un descuento del 40% en la citada sanción.
Plan especial para legalizar la actividad
La sanción sobre San Bernardo 41 llega a la vez que el Ayuntamiento de Madrid tramita un plan especial que servirá para cambiar el uso de este edificio y legalizar la actividad turística sobre todo el inmueble. El inicio de este expediente y su posterior publicación en este periódico fue lo que motivó el descubrimiento de esta actividad ilegal.
“Funcionan a reacción de lo que sale en medios”, lamentaba el pasado mes de enero el concejal del PSOE Antonio Giraldo, durante una comisión de Urbanismo en la que echaba en cara a Borja Carabante, responsable del área, que no hubiera inspeccionado antes este edificio. “Me deja con una sensación muy mala: le piden un plan especial y ustedes ni siquiera se preguntan qué está pasando allí antes de aprobarlo en Junta de Gobierno”, le decía Giraldo. “¿Nadie va a allí a ver si el uso residencial se está dando?” preguntaba el concejal. Carabante le respondía entonces anunciando el proceso sancionador que ha concluido con la multa.
Karim Bulaix es el actual presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta y el administrador de la empresa San Bernardo 41 SA, propietaria del negocio y que está presidida por Dolores García Valiño, su madre. Como secretario figura Fuad Bulaix, hermano del empresario y que es a su vez pareja de la senadora del PP por Ceuta Cristina Moreno Díaz, según fuentes consultadas por este periódico.
Durante el proceso de alegaciones de la multa municipal, el jefe de los empresarios ceutíes intentó esquivar la sanción asegurando que la compañía que administra (San Bernardo 41 SA) no ejercía la actividad ilegal, debido a que había cedido la explotación comercial del edificio a Arizónica Espacios Para Vivir SL, en la que también figura como administrador único. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid señaló como responsable a la propiedad del inmueble y a finales de marzo comunicó la resolución efectiva de la sanción.
La cuantía de la multa es inferior a los beneficios acumulados durante los tres años de explotación ilegal que ha tenido este negocio, según los estudios económicos presentados por la propia empresa para que el consistorio les tramite el plan especial para el cambio de uso. Las cifras aportadas por Bulaix arrojan unos ingresos anuales en torno a los 600.000 euros y unos beneficios anuales antes de impuestos de más de 200.000 euros cada año.