Los primeros resultados de la Campaña para la Inspección de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Ciudad de Madrid, iniciada a finales del pasado mes de julio y para la que el Consistorio fichó, con dedicación exclusiva, a 22 personas (10 arquitectos superiores, 4 técnicos de gestión de la rama jurídica y 8 auxiliares administrativos), ya están aquí. En Malasaña, a fecha de 30 de noviembre, se concreta en 875 viviendas inspeccionadas, de las que se ha concluido que 178 ejercen de manera ilegal como alojamientos turísticos, por lo que recibirán una orden de cese y clausura inmediata de la actividad, según datos de la Agencia de Actividades (ADA) a los que ha tenido acceso en primicia Somos Malasaña.
“Aunque los distintos expedientes se encuentran en diferentes fases de tramitación, todos ellos han derivado o derivarán en resolución de la Gerente de la Agencia de Actividades ordenando el cese y clausura inmediatos de la actividad. Se contará con vigilancia de los servicios de inspección del ADA, así como de policía municipal, para verificar el cese efectivo de las actividades ilegales en estos casos”, aclaran fuentes del Ayuntamiento.
Entre las viviendas turísticas que recibirán la orden de cese de su actividad se encuentran casos denunciados en este periódico como los que se producían en ciertos edificios de Flor Alta, Molino de Viento y Noviciado y contra los que plataformas vecinales como SOS Malasaña pedían actuar de manera específica. La ubicación exacta del resto de viviendas que los inspectores han podido demostrar que ejercían una actividad turística no ha trascendido, aunque sería de esperar que las agrupadas en edificios completos dedicados al alquiler vacacional entraran en el paquete.
Tres años más de inspecciones
Tres años más de inspecciones
Fuentes municipales indican también que la campaña va a tener “continuidad”, debido a “los notables resultados que está teniendo, no sólo en Malasaña sino en todo el Distrito Centro, así como en el resto de zonas de la ciudad afectadas por esta problemática”. En principio, estaba previsto que la campaña, incluida en el ADA, dependiente a su vez del área de Desarrollo Urbano Sostenible, iba a tener una duración de seis meses, por lo que finalizaba a finales de diciembre. Sin embargo, pasará a tener una duración de tres años y, en cualquier caso, continuará activa durante todo 2019.
La campaña fue puesta en marcha días antes de que se aprobara el plan para ilegalizar el 95% de los pisos turísticos existentes en Madrid, la primera medida legal adoptada por el actual Gobierno para tratar de frenar los efectos de la turistificación y que se aprobará previsiblemente de forma definitiva en las próximas semanas.
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