Quienes habitan el edificio del número 32 de la calle Luna, el conocido como Palacio de la Infanta Carlota, lo hacen sin un contrato legal y el pasado jueves, 21 de noviembre, recibieron una notificación oficial en la que se les informaba del deber de abandonar ese inmueble de titularidad municipal en el plazo máximo de 10 días. Muy lejos de su esplendor de antaño, todo lo relacionado con este lugar, al menos desde que comenzara el presente siglo, es la historia de un despropósito mayúsculo cuyo penúltimo capítulo está a punto de dejar en la calle, de la noche a la mañana, a 300 personas, 40 de las cuales son niños; ocupas para el Consistorio. Tras el desalojo y su rehabilitación, el palacio servirá para suplir las carencias dotacionales del vecindario.
Los afectados por la orden de desalojo denuncian el hecho de que no se les ofrezca una solución habitacional, que el Ayuntamiento no se haya interesado por la situación real de cada uno y que se les quiera echar sin darles tiempo posible de reacción. A toda prisa andan en busca de un abogado para interponer un recurso contra la resolución del Ayuntamiento que les permita disponer de cierto margen de maniobra. Todos ellos saben que tendrán que dejar el edificio, si bien esperan poder hacerlo más tarde que pronto y con un techo asegurado.
Por su parte, el gobierno municipal esgrime razones de seguridad, principalmente, para proceder de forma inmediata al desalojo de Luna 32. “Es necesario tomar el control municipal del edificio para dar una solución definitiva a su extrema problemática”, indican a instancias de este periódico desde el área de Desarrollo Urbano. “Transcurrido el plazo dado de 10 días se realizará una inspección para constatar si las viviendas han sido desalojadas. De no ser así, se podrá proceder al lanzamiento por vía administrativa”.
Las mismas fuentes aseguran que “las diferentes intervenciones que se realicen en la tramitación del desalojo se harán en coordinación con los servicios sociales municipales”, mientras que desde el distrito Centro informan de que “se están realizando las labores necesarias para buscar solución habitacional a los ocupantes del edificio que, según los criterios objetivos de servicios sociales, tengan derecho a ella”.
Siendo ambas explicaciones poco precisas y nada tranquilizadoras para las familias que deben dejar sus viviendas en breve, lo cierto es que, consumida ya la mitad del plazo dado para el lanzamiento, por Luna 32 no se ha acercado ningún representante de la administración desde que el pasado jueves se notificara el desalojo.
Tras preguntar cuáles son esas soluciones habitacionales que desde Centro dicen estar buscando para las personas que se quedarán sin techo, lo único que desde Cibeles aciertan a decir, a través de la Dirección General de Medios, es que “se está aplicando el protocolo de servicios sociales” y que con cada notificación de desalojo se repartió a los afectados una guía de recursos sociales para que quienes necesiten ayuda municipal sepan dónde acudir, algo que Somos Malasaña ha podido comprobar que no se ha hecho y que, por lo tanto, es falso.
Julia L. G vive desde hace más de 60 años en Luna 32 y es quien lleva la voz cantante dentro de la heterogénea comunidad que habita este inmueble y que está formada por gente de clase humilde, extranjeros en su mayoría. Los padres de Julia ocupaban la portería del palacio y conoce al dedillo la sucesión de desaciertos que han llevado al lugar hasta la situación de “profundo deterioro” en el que se encuentra y que “compromete tanto la seguridad de los ocupantes como de las edificaciones contiguas”, según apreciación de técnicos municipales del Servicio de Gestión de Suelo Público durante una visita efectuada el pasado 24 de septiembre.
El edificio, expropiado en 2005, no fue de titularidad pública de pleno derecho hasta noviembre de 2011. Con la idea de utilizarlo como dotación social, en 2012 se decidió vaciar de ocupantes las 35 viviendas por entonces habitadas, resolviendo la administración que sólo 10 familias tenían derecho a ser realojadas por parte de la EMVS.
Sin embargo, no todas las que podían hacerlo aceptaron el realojo. La de Julia, junto con otras tres, fue una de ellas. Según cuenta, le suponía renunciar al piso de tres habitaciones en el que vivía a cambio de otro de una sola estancia. Ni que decir tiene que, finalmente, Luna 32 no fue desocupado y que, desde esas fechas, ha seguido viviendo en él un número indeterminado de personas: alrededor de 300 en la actualidad, según los mismos habitantes del edificio. Muchos están subarrendados en cuartos de pisos que se comparten. Ninguno paga un alquiler oficial. Sí hay quien tiene recibos de agua a su nombre, están domiciliados en Luna 32 o sus hijos se hallan escolarizados en la zona, argumentos a los que se quieren agarrar ahora para reclamar algún tipo de derecho que les asegure una alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento.
“Todos ilegales”
“Todos ilegales”
Según una inspección realizada por funcionarios del Servicio de Gestión de Suelo Público en julio de 2017, tras un “primer censo exhaustivo de los ocupantes del edificio” quedó acreditado que la totalidad de los entonces ocupantes del inmueble tenían “carácter ilegal al carecer de título alguno que legitime su ocupación, concluyendo que no quedan ocupantes legales del mismo que puedan ostentar Derecho de Realojo”.
En el actual expediente de desalojo del edificio, elaborado por la Dirección General de Gestión Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, queda reflejada una inspección posterior, con fecha del pasado 24 de septiembre, en la que se refiere un nuevo “censo actualizado” de vecinos que constató un “incremento de ocupantes”, así como “la existencia de una economía sumergida donde ciertas personas que ocuparon las viviendas en primer lugar ejercen una actividad lucrativa al alquilar habitaciones de la viviendas donde residen, provocando una auténtica situación de masificación en la ocupación del edificio”.
Los habitantes de Luna 32 desacreditan ese último censo del Ayuntamiento, realizado hace un mes, argumentando que no se hizo con la diligencia debida y aseguran que el Ayuntamiento, a día de hoy, desconoce el número exacto de personas que viven en el edificio, su filiación y sus necesidades concretas. Tampoco comparten la apreciación de los técnicos municipales sobre la falta de seguridad que supone para su integridad seguir viviendo bajo ese techo y rechazan el argumento de “falta de salubridad por acumulación de basuras” que refleja el último informe oficial.
Desesperación e incertidumbre
Desesperación e incertidumbre
El pasado lunes, Somos Malasaña fue testigo de la reunión mantenida por una numerosa representación de quienes viven en Luna 32 con Jordi Gordon, portavoz de la plataforma vecinal SOS Malasaña, a la que han pedido ayuda. En la amplísima entrada del edificio se fueron juntando vecinos que surgían a borbotones por las distintas escaleras del antiguo palacio, muchos con sus hijos en brazos, en pijama y zapatillas de estar por casa: rumanos, marroquíes, sudamericanos, asiáticos, algunos españoles... Unos se esforzaban por contar sus casos individuales tanto como su intranquilidad colectiva, mientras que otros permanecían callados, aunque hablando con su simple presencia. No eran pocos los que se manejaban en español con serias dificultades o quienes, directamente, no entendían el idioma.
Entre estos vecinos al borde del desahucio son numerosos los que llevan más de 10 años viviendo allí y, en cualquier caso, esta extraña comunidad la forman residentes fijos que aseguran llevarse bien entre ellos. Saben que irse de Luna 32 se tendrán que ir. La cuestión ahora es saber cuándo y en qué condiciones.
Cómo han permitido los distintos gobiernos municipales desde 2011 que en el Palacio de la Infanta Carlota se llegue a esta situación es una incógnita. El gobierno actual ha decidido tomar cartas en el asunto, si bien a su plan de recuperar para la ciudad un edificio que es público se le han quedado colgando, de momento, 300 personas con las que no tiene muy claro qué hacer, más allá de enseñarles el camino de salida.
De lugar expoliado y expropiado a edificio dotacional para el vecindario
De lugar expoliado y expropiado a edificio dotacional para el vecindario
El Palacio de la Infanta Carlota fue expropiado por el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2005 pero hasta el año 2011 no pasó a ser plenamente de titularidad pública. Cintia Real SL, la mercantil del empresario iraní Taefi Alí que era su propietaria peleó en los tribunales la decisión municipal y alargó un proceso que concluyó con el pago de cerca de 8,5 millones de euros a cambio del inmueble, cantidad que subiría posteriormente hasta los 10.346.000 euros en 2015. Durante todo el tiempo que el edificio estuvo en manos de Cintia Real los inquilinos pagaban su alquiler a esta empresa, que tenía oficina en los bajos del edificio.
Desde 2011, ante la pasividad administrativa, en los 36 pisos de entre una y seis habitaciones en los que está compartimentado el palacio, se ha estado viviendo sin contrato legal en vigor o, al menos, sin contrato con la nueva propiedad. Cuentan quienes ya vivían allí entonces que fueron agentes municipales los que verbalmente les fueron informando, puerta por puerta, que ya podían dejar de pagar el alquiler a Cintia Real porque el edificio por fin pertenecía a la administración. Luego, aseguran, nadie les informó sobre dónde deberían ingresar los nuevos alquileres y ellos tampoco preguntaron.
El desalojo del Palacio de la Infanta Carlota permitirá a la ciudad recuperar un valioso espacio que se eleva sobre una parcela de 926 metros cuadrados y posee más de 5.000 metros cuadrados construidos, una noticia largamente esperada por los distintos grupos políticos municipales y las asociaciones de vecinos y de conservación patrimonial, que habían pedido en numerosas ocasiones una intervención en un edificio que goza del más alto grado de protección.
Tal y como anunció en el año 2005, en el momento de expropiar el inmueble, el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el actual gobierno municipal ha confirmado a Somos Malasaña que el palacio se dedicará a dotaciones para el barrio de Universidad: “El edificio está calificado como dotacional Equipamiento Básico y el Ayuntamiento ha hecho ya un estudio de las dotaciones que hacen falta en el distrito, si bien aún se está decidiendo con exactitud lo que se hará en Luna 32”.
Antes de serle expropiado, Cintia Real había adquirido Luna 32 en subasta junto a otros dos edificios situados en las cercanas calles de Santa Lucía y Pozas. Su intención fue convertirlo en pequeñas viviendas, algo que comenzó a ejecutar sin la licencia correspondiente y sin respetar el grado de protección histórica y patrimonial del que goza este palacio.
Según denuncias de todo tipo, la actuación de Cintia Real destruyó irreparablemente buena parte de la singularidad y de los tesoros de un inmueble construido en 1775 por Juan de Villanueva, el mismo arquitecto del Museo del Prado. Aunque tarde, el Ayuntamiento finalmente decidió intervenir y lo expropió. Al recuperarlo advirtió, incluso, de que al palacio le había crecido una planta más de pisos.
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