¿Te acuerdas del Movimiento de Objeción de Conciencia y de Insumisión?

La escena sucedió en la primera mitad de los ochenta. Un niño, vecino de la zona de Conde Duque, pasea con su madre por la calle de San Bernardo y ve a unos hombres, que a él se le antojan mayorcísimos, encadenados a un edificio de la calle. Enfrente, la policía —“¿Por qué están así mamá? —Porque no quieren hacer la mili. —Pues yo de mayor quiero ser como ellos”. Lo de menos es si la escena puede ser el recuerdo infantil de este redactor, que acabaría librándose después de varias prórrogas de estudios. Aquel edificio era el Ministerio de Justicia y lo importante de la anécdota es que es significativa de cómo el entonces Movimiento de Objeción de Conciencia (luego de Insumisión) consiguió atraerse las simpatías de mucha gente y ganar legitimidad, lo que contribuyó decisivamente a la desaparición del servicio militar obligatorio en España.

En ese mismo sitio se vieron a lo largo de los ochenta y los noventa muchas acciones parecidas y manifestaciones antimilitaristas. El Ministerio de Justicia era, por fuerza, un espacio central para un movimiento de personas dispuestas a entrar en prisión. En el viejo caserón de San Bernardo también se recogían durante años (en el lateral de la calle de la Manzana) los papeles para objetar y hacer la prestación social sustitutoria. Cerca, en el cuartel del Conde Duque, se celebraron muchos sorteos de destino del servicio militar y allí, en 1988, se llevó a cabo una acción del MOC, en la que dos activistas irrumpieron al grito de “servicio militar, secuestro legal”.

Para narrar el movimiento tenemos que empezar por los antecedentes. Desde mucho tiempo atrás, siempre hubo desertores y objetores de conciencia de diferente naturaleza, entre los que destacaron los testigos de Jehová,durante el Franquismo. Pero el antecedente más inmediato del movimiento, tal y cómo lo estamos mirando hoy, seguramente sea el caso de Pepe Beúnza en 1971 , que estuvo preso hasta el 74, año en que, tras una campaña internacional de apoyo, quedó libre. La campaña, a su vez, se inspiró en la de objeción colectiva que se iniciaba entonces en Francia e Italia

En enero de 1975 empezaron a organizarse servicios civiles autogestionados en distintos puntos del país, y en enero de 1977 se constituyó formalmente el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la organización que lideró mayoritariamente la lucha hasta la supresión de la mili en 2001.

En plena Transición, el asunto empieza a tomar cierta relevancia social y el gobierno de Adolfo Suárez aprueba en 1976 un decreto ley que regula de forma restrictiva la objeción de conciencia. Sin embargo, el MOC paraliza de facto la ley promoviendo que ningún objetor se someta a ella. Entran entonces en la cárcel un grupo de objetores, que saldrán después de la Ley de Amnistía de 1977 y la pronta derogación de la norma.

La objeción de conciencia había entrado en el debate público en un momento crucial para la Historia reciente de España, haciéndose hueco en la redacción de la Constitución del 78. El ministro de Defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado, da instrucciones al Estado Mayor para que se aplace la incorporación de los objetores hasta que haya una nueva regulación. Esta situación, que evidencia que la nueva democracia ve como un problema de imagen la entrada en prisión de los muchachos que se negaban a hacer la mili, durará hasta 1985.

Mientrasm el MOC sigue creciendo y organizándose a nivel estatal, con grupos locales y autónomos de funcionamiento asambleario que, desde el pesamiento antimilitarista y no violento, sirven como grupos de apoyo, reflexión y para llevar a cabo acciones reivindicativas..

En diciembre de 1984 se aprueba la Ley de Objeción de Conciencia (LOC), aunque el recorrido de su tramitación y puesta en marcha es tortuoso, de manera que la famosa prestación social sustitutoria no empezó hasta 1989. Comienza también la campaña de Insumisión.

Dicha campaña consistió en la presentación masiva de insumisos ante los jueces (en febrero de 1989, los primeros 57). Sucederá con esta primera vez algo que será tónica general durante los siguientes años: se detendrá a once de ellos. El Estado dejaba claro que podía ser severo pero intentaba medir las dimensiones de la represión, consciente del calado que podría tener para su imagen la entrada en tropel de jóvenes insumisos en las cárceles españolas. Este año se produce el primer juicio a unos insumisos, Carlos Hinojosa y Josep Maria Moragriega, que fueron condenados a 13 meses de prisión cada uno, pena inferior a la de otros juicios por insumisión de la época, frente a tribunales militares,.

En mayo de 1991 comenzó en la prisión militar de Alcalá de Henares una huelga de hambre por parte de un grupo de insumisos presos. Tras pasar por el Hospital Gómez Ulla, los presos fueron liberados. Un nuevo hito legal llega este mismo año. En diciembre de 1991 entra en escena la Ley de Servicio Militar, que supone el paso a la jurisdicción civil de los casos de insumisión y la reducción de la mili a nueve meses. Paradójicamente, la jurisdicción civil contemplaba penas más altas para el delito que la militar.

El gran poder de la campaña de insumisión fue el ir ganando legitimidad a ojos de la sociedad española, incluidos algunos sectores de la judicatura, que empiezan a dictar condenas inferiores a un año (menos de lo tipificado en la Ley) para evitar la entrada en prisión. En algunos casos, incluso, llegan las absoluciones. Una parte de los insumisos renuncian entonces al beneficio penitenciario de las penas pequeñas para bajo el lema Solidaridad. O todos o ninguno. La estrategia continuó con El Plante, la renuncia al Tercer Grado penitenciario, que se extendió en tiempos del ministro de Justicia Juan José Belloch.

Las huelgas de hambre en prisiones se siguieron sucediendo (en Iruña o Zaragoza). En estos momentos, la cifra de insumisos en las cárceles pasaba de los 300. Llegaron también los muertos. En 1997 Unai Salanueva, de veintidós años, se suicida antes de entrar, como cada día, en la cárcel, y Enrique Mur muere en la cárcel de Torrero (Zaragoza) al no ser atendido a tiempo después de que hubiera ingerido una sustancia tóxica. En una concentración contra la encarcelación de un insumiso en Salamanca, muere atropellada una mujer.

El Código Penal de 1995 había introducido medidas legales extrapenitenciarias (largas inhabilitaciones y multas de hasta 35 millones de pesetas) que el movimiento entendió como un intento de muerte civil de los insumisos. A estas alturas, la presencia pública de la insumisión era grande ya y, de hecho, habían proliferado otras agrupaciones y modelos ajenos al MOC, así como muchas acciones de insumisión individuales. Participaron, desde sus perspectivas, gentes del ecologismo social, Herri Batasuna, curas, los colectivos Mili KK, el movimiento libertario…Ante el aluvión de negativas a hacer el servicio militar y la prestación social sustitutoria, el Estado se ve obligado a ir poniendo tiritas a la presa

La mili acabaría en España con la Ley 17/1999 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2001 Federico Trillo, Ministro de Defensa, pronunció el ya histórico “Señores, se acabó la mili”, y en diciembre de este año se certificó la caída del telón de dos siglos de servicio militar obligatorio.

 Si en 2001 el Partido Popular impedía con sus votos en el Congreso que se despenalizara la insumisión, solo un año después, desde el gobierno, se verá forzado a reformar el Código Penal y el Código Militar Penal para eliminar los delitos relacionados con la insumisión, lo que supone la amnistía para 4000 insumisos. La mili acabó por diferentes motivos coyunturales, sin duda, pero dejar fuera de la balanza la ola creciente de jóvenes dispuestos a entrar en prisión durante los últimos años sería, sencillamente, hacerle trampas a la historia.