“Tiene hasta ropa en la lavadora. No puede, no quiere y no espera irse”. Así resume la resistencia de Carlota una de las integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés que se ha desplazado para defenderla en un desalojo previsto para el mediodía de este lunes. Alrededor de una veintena de personas se han concentrado para exigir que ella, su hijo, su sobrina y la hija de esta (una niña de apenas siete años) puedan continuar en su residencia de la calle Iglesia, en Madrid (cerca de la estación de Marqués de Vadillo). Y lo han conseguido, al menos de momento.
Tres coches de la Policía Municipal se han desplazado a esta zona del distrito de Carabanchel, pero finalmente los agentes no han ejecutado la orden de desahucio en el bajo. Integrantes de la PAH Leganés y del Sindicato Vivienda de Carabanchel han acompañado y asesorado a Carlota durante toda la mañana. “Hemos conseguido un aplazamiento y a partir de ahora trataremos de gestionar con la propiedad un alquiler social”, explica a Somos Madrid el abogado Manuel San Pastor, que asesora a la PAH. La familia podrá continuar en el piso al menos hasta el 20 de junio.
Una de las claves para que la expulsión no se haya consumado es la enrevesada situación del alquiler, en el que Carlota no figura como titular ya que como cuenta San Pastor “ha sido subrarrendado”. Siglo XXI, el fondo de inversión que atesora la propiedad, lo entregó en arrendamiento a una pareja que, según Carlota, se lo alquiló a su vez a ella el pasado septiembre.
“No pagamos el primer mes porque nos hicimos cargo de una reforma para hacer la casa habitable y eliminar humedades. Desde entonces estuvimos ocupándonos de las mensualidades, hasta que en febrero la policía empezó a presentarse. Entonces nos enteramos que los anteriores inquilinos, quienes nos alquilan el piso, han dejado una deuda enorme de la que nos hacen responsables, que no podemos asumir”, expone.
Carla, la anterior arrendataria junto a su marido, se ha personado con su madre en el inmueble minutos antes de que llegaran los efectivos policiales. Después de momentos de tensión y acusaciones cruzadas, Carla señala a este medio que “el supuesto contrato” firmado con Carlota es “falso”. La mujer relata una compleja historia, según la cual ella y su pareja residían en el inmueble junto a otras dos personas: “Por las malas condiciones de la casa decidimos marcharnos, pero esas otras dos personas no querían irse y tampoco pagaban. Le dijimos a Carlota, que acaba de llegar de Perú, que podía entrar en el piso si conseguía echarles. Lo hizo, pero después se quedó ella misma sin pagarnos nada”.
Carlota desmiente esta versión y afirma que cuando accedió a la vivienda esta se encontraba “totalmente vacía”. Sí reconoce que, posteriormente y “de manera puntual”, algunos allegados han residido en el bajo en caso de que “a cambio aportaran comida y algunos víveres”.
Unos metros por encima del lugar en el que se produce la conversación, en plena fachada del edificio, una lámina deI Instituto Nacional de la Vivienda con el escudo de la Falange Española indica que “esta casa está acogida a los Beneficios de la Ley del 24 de junio de 1955”, enfocada a viviendas de rentas limitadas.
El mercado inmobiliario en Madrid, un “show macabro”
Para Felipe, miembro de la PAH Leganés, la dinámica da muestra del “show macabro” en el que se ha convertido el mercado inmobiliario en Madrid. “Por necesidad la gente se mete donde sea, mientras los intereses económicos aprovechan para especular”, añade. Según concreta, Carlota cumple todos los estándares de la mayoría de casos en los que existe amenaza de desalojo: “Madre de familia emigrante que asume ella sola responsabilidades familiares”.
Desde la Plataforma apuntan los contratiempos añadidos que supone no figurar como la titular del contrato, pese a que esta circunstancia haya impedido en esta ocasión (no siempre es así, ya que a veces los juzgados echan mano de una figura judicial que permite ignorar a los ocupantes) que se materialice la expulsión: “Al no figurar como arrendataria, no puede personarse en el proceso, ni consultar la documentación judicial”. De hecho, Carlota se ha enfrentado a esta posibilidad de desalojo sin que ni siquiera se hubiera celebrado su cita con el abogado de oficio asignado, después de una solicitud que llevó a cabo hace semanas.
Al no figurar como arrendataria, Carlota no puede personarse en el proceso, ni consultar la documentación judicial
Mientras los agentes, un funcionario judicial y el cerrajero se amontonaban en el portal del inmueble, una vecina se ha acercado a las personas concentradas en solidaridad con Carlota. Pese a desconocer los pormenores del caso, no ha dudado en dirigirse a los efectivos policiales solidarizándose con la inquilina: “Dejad a los niños vivir ahí dentro, que se quedan en la calle”.
Manuel San Pastor, que ha llegado al enclave después de que a primera hora de la mañana haya presenciado la consecución de otro desahucio en Villaverde, detalla que “Carlota no tiene medios ni ingresos, su hijo se encuentra en una difícil situación de salud y no pueden pagar los 900 euros mensuales a los que tienen que hacer frente ahora mismo”. Apunta que “lo ideal” sería que dicho alquiler social se aplique en este mismo alojamiento.
Cuando las autoridades han abandonado el edificio y la posibilidad de dejar su vivienda se ha esfumado momentáneamente, Carlota ha resoplado con una mezcla de desahogo y tranquilidad. Podrá seguir en su hogar, al menos dos meses más. Y esta tarde ha podido tender la ropa.