Las diferentes movilizaciones y conflictos laborales en muchos centros de trabajo y ámbitos de la economía, la buena salud organizativa y afiliativa de los sindicatos y la agenda política del Gobierno de coalición impulsada por el Ministerio de Trabajo, se han traducido en importantes avances legislativos y un protagonismo renovado de la cuestión laboral en el debate público. Este Primero de Mayo es un buen momento para repasar algunos de esos logros y plantear nuevas metas.
Me refiero, entre otros, al aumento del salario mínimo, la ratificación del convenio 189 de la OIT de las trabajadoras del hogar, a la Ley Rider y a la conversación en torno a la necesidad de trabajar menos horas sin reducir el salario. De hecho, desde Más Madrid fuimos pioneros al poner encima de la mesa la reivindicación de reducir la jornada laboral a 32 horas, conscientes de cómo en nuestro entorno se generaliza esa sensación de que “no nos da la vida”. Porque el tiempo es un bien preciado más que escaso. Y porque es un factor esencial para equilibrar de una vez por todas la vida personal y laboral de millones de personas. Menos horas de trabajo suponen más libertad para conciliar y hacer otras cosas. Además, las empresas que han puesto en marcha la reducción de la jornada laboral sin disminución de los salarios han visto cómo aumentaban sus ingresos y se reducían las bajas por enfermedad y renuncias de sus empleados.
En un escenario político tan complejo como el que vivimos, en el que las derechas políticas avanzan y buscan alianzas con la derecha económica, judicial y mediática para el acoso a las políticas progresistas, las organizaciones transformadoras tenemos la obligación y la responsabilidad de lanzar una ofensiva ideológica, política y social sobre la democratización de la economía, la lucha contra la desigualdad y la redistribución de la riqueza. Sobre la necesidad de trabajar menos para tener una mayor calidad de vida y de tener mejores salarios para recuperar poder adquisitivo. Situar el cambio del modelo productivo y la transición ecológica como una oportunidad para que los jóvenes vislumbren un futuro esperanzador. Y tenemos la obligación, también, de avanzar en un camino en el que el acceso a las prestaciones sociales no esté ligado necesariamente al empleo.
En definitiva, debemos debatir y trabajar por lo que más preocupa a la gente en nuestro país y ser capaces de ofrecer un horizonte en el que las condiciones de vida de la mayoría social puedan ser mejores.
Si aterrizamos en la ciudad de Madrid, además, es urgente abordar dos necesidades prioritarias. En primer lugar, regular la economía de plataformas para garantizar los derechos laborales y los derechos de la ciudadanía madrileña. No puede haber en la capital miles de personas que trabajan sin derechos laborales básicos para empresas que no pagan los impuestos y cotizaciones sociales que les corresponden y cuyos beneficios no revierten en el bien común en nuestra ciudad.
Y, en segundo lugar, el Ayuntamiento de Madrid, la empresa de contratación más grande de la capital, no puede ser una fábrica de precariedad laboral. Miles de personas, mayoritariamente mujeres, realizan trabajos esenciales para esta ciudad y cuyas condiciones laborales dependen de empresas que prestan servicios en nombre de la administración municipal. Son las trabajadoras sociales que cuidan a los mayores en las residencias o prestan el servicio de atención domiciliaria; las que educan a nuestros hijos e hijas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles; las que limpian los edificios municipales; las que acompañan a las víctimas de violencia de género en su acceso al sistema que debe protegerlas… Y sus salarios indignos y sus precarias condiciones laborales son intolerables en una ciudad y un ayuntamiento como el de Madrid. Por eso, reclamamos desde hace un año un Salario Mínimo Municipal de 1.500 euros para todas estas trabajadoras y trabajadores, y vamos a emprender una campaña codo a codo con ellas en los próximos meses.
Por último, es imposible atajar la precariedad y hablar del trabajo como espacio de derechos y de ciudadanía plena si a la inmensa mayoría de la gente trabajadora madrileña se le va el sueldo en pagar su vivienda. En concreto, un 70% de familias destina más del 30% de sus ingresos (que es el máximo recomendado) a la vivienda, un problema que va en aumento por la negativa del PP a aplicar la Ley de Vivienda y regular el precio del alquiler, consentir la proliferación de pisos turísticos ilegales o malvender suelo público para la especulación en lugar de una apuesta clara por la vivienda pública.
Queda mucho trabajo por hacer, quedan muchos derechos por conquistar. Frente a un PP que quiere que Madrid sea un laboratorio del máximo beneficio para unos pocos a costa del abuso sobre la mayoría -porque ése es su modelo de país-, nuestra apuesta es clara: nos reconocemos en una historia de lucha que mira hacia el futuro. Un Madrid para la gente trabajadora.