Doble multa para un vecino de Madrid por utilizar un megáfono de mano durante una manifestación autorizada. Este jueves por la tarde, durante una concentración frente a la Junta de Latina convocada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) para protestar por una sanción anterior al mismo vecino, la Policía Municipal denunció de nuevo a Pedro Casas por el uso de un altavoz, conocido activista y líder vecinal.
Lo que es una imagen habitual en cualquier protesta se ha traducido en una propuesta de sanción impuesta por el gobierno de Almeida, que se ampara en la ordenanza municipal de contaminación acústica y en la conocida como Ley Mordaza. “La policía nos preguntó si teníamos autorización para el uso de megafonía y dijimos que no porque para los megáfonos de mano nunca se ha solicitado nada al Ayuntamiento, esto solo se pide cuando se colocan escenarios o una megafonía más potente”, explica Casas a Somos Madrid.
La Delegación de Gobierno había autorizado debidamente la concentración, en la que participó el concejal de Más Madrid Félix Rey, además de unas 100 personas. Durante su transcurso no se alteró el orden público ni hubo ningún incidente. Al no contar con el permiso explícito del Ayuntamiento, los agentes municipales extendieron una propuesta de sanción “por incumplimiento de la ordenanza del ruido”.
El manifestante sancionado asegura que fue el único multado a pesar de que había más gente con megáfono de mano: “Yo organicé la protesta y ya tenían mis datos por la convocatoria de la concentración. Es una arbitrariedad. Se enseñaron conmigo”, explica. “Es un atropello en toda regla. Estamos convencidos de que no va a prosperar, pero te hacen perder el tiempo y el dinero con recursos y abogados”, denuncia el vecino.
La concentración de este jueves en la Junta de Latina se llevó a cabo porque hace un año en una manifestación para reclamar un centro de memoria en la antigua cárcel de Carabanchel ocurrió algo parecido. “Íbamos con megáfonos por la avenida de los Poblados, una zona deshabitada en la que no hay viviendas, y, de nuevo, no teníamos permiso para el uso de megafonía”, indica el manifestante.
Los hechos ocurrieron hace casi un año, el 29 de marzo de 2023, en una manifestación en la que participó un centenar de personas. Pedro Casas utilizó el megáfono para gritar consignas como “verdad, justicia y reparación” y un agente de Policía Municipal le exigió que dejara de usar el aparato, a lo que él se negó y fue multado con 601 euros “por desobediencia a la autoridad”.
La multa por la protesta tuvo lugar en una época en la que la Policía Municipal impuso varias multas a protestas ciudadanas, algunas de las cuales fueron enmendadas por sus superiores. Fue el caso de las dos sanciones que imputaron a varios activistas que repartían folletos sobre marchas en favor de la Sanidad Pública. “No sabemos cuándo van a parar”, señala el vecino sancionado.
La polémica multa del megáfono
Este jueves, José Luis Martínez-Almeida lanzó unas declaraciones en las que defendía la multa de 601 euros impuesta a Pedro Casas el año pasado. El alcalde de Madrid respalda que la Policía Municipal utilice la ordenanza que regula el ruido en Madrid para sancionar a los manifestantes que usen un megáfono. Y amenaza con extender estas sanciones a otras protestas.
“Esto no es criminalizar las protestas ni perseguir a los que protestan”, defendía el alcalde para explicar la multa impuesta al vecino. “Los tribunales al final lo echarán para atrás, pero es una incertidumbre y atemorizan a la gente, que es lo que pretenden. En nuestro caso no lo van a conseguir”, asevera el manifestante.
El Ayuntamiento ha prohibido a CCOO y UGT utilizar megafonía en el tradicional acto sindical del Día de la Mujer celebrado en la plaza Juan Goytisolo. “El Consistorio pretende censurar y recortar libertades con maniobras administrativas para evitar que se celebre esta histórica celebración”, advirtieron los sindicatos en un comunicado en el que explican el giro municipal con respecto a las concentraciones de años anteriores, que tuvieron lugar en el mismo espacio y a la misma hora.
Las concentraciones las regula Delegación del Gobierno, pero el Ayuntamiento pretende decidir qué se puede hacer y qué no
A pesar de haber solicitado en tiempo y forma el permiso para celebrar la concentración del 8M en la misma ubicación que años anteriores, este año el Ayuntamiento ha impuesto ciertas condiciones con “la única intención de boicotear el acto”, según los sindicatos. Fuentes municipales explican que la autorización acústica se había negado por estar el acto previsto a menos de 150 metros de la Escuela de la Música de la zona. “Una situación que también sucedería si hubiera estado cerca de un hospital o un colegio”, y porque la concentración “coincide en horario lectivo”.
Sobre el “boicot a los sindicatos”, el manifestante multado considera que “el Ayuntamiento de Madrid se está erigiendo en el guardián y en el que imparte si se pueden dar autorizaciones o no en las concentraciones que están recogidas dentro del derecho a la libertad de expresión y concentración”. “Esto lo regula la Delegación del Gobierno, pero el Ayuntamiento pretende decidir qué se puede hacer y qué no”, remarca el vecino.