El Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por su sociedad Maxi Mobility contra la denegación por parte de la Comunidad de Madrid en 2018 de 1.000 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), lo que permitirá presentar la solicitud de nuevo.
Cabify, compañía que litigó en los tribunales para revertir esta decisión, defiende que esta nueva resolución judicial está en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2023, que señalaba que no se podía aprobar regulaciones defendiendo los intereses económicos de un sector (el taxi) en detrimento de otro.
“La sentencia del Tribunal Supremo, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, da la razón a la sociedad del grupo Cabify respecto de las injusticias regulatorias en torno al sector VTC que se han ido sucediendo bajo el paraguas del ratio de 1 VTC por cada 30 taxis, entre otros preceptos contrarios al Derecho europeo”, argumenta la empresa en un comunicado.
Pese a que la Comunidad de Madrid fue la que denegó la solicitud en 2018, la compañía también aprovecha para señalar que esta región “ha sido una de las regiones que mayores garantías jurídicas ha establecido en todo lo relativo al transporte de viajeros con conductor durante los últimos años”, puesto que la denegación se dio en aplicación de la normativa estatal para limitar una VTC a 30 licencias de taxi.
La compañía incide en esta diferencia del Gobierno de Ayuso, al defender a Madrid “en contraposición con otros territorios”, donde cree que todavía se mantienen en vigor “normas contrarias al derecho europeo y al interés general”.