El soterramiento frustrado y los otros casos que salpican a Borja Carabante, la mano derecha de Almeida

Hace justo cuatro años el entonces candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, prometía meter bajo tierra todo el tráfico de la carretera de Extremadura y construir encima un paseo verde cuando llegara a Cibeles. Una vez en el poder encargó el soterramiento a su concejal de Movilidad, Borja Carabante. Podría haberlo enviado al área de Obras, que preside Paloma García Romero, pero prefirió dejar la intervención más cara de la legislatura en manos de uno de los ediles en los que más confía y con quien mantiene un trato más cercano.

La previsión era haber dejado las obras acabadas -o al menos enfiladas- este mismo año, pero el alcalde se presentará a la reelección del próximo mes de mayo sin haber movido ni un metro de tierra en el lugar. Tampoco ha mostrado los detalles de lo que de momento es un soterramiento frustrado, cuya puesta en marcha Almeida condiciona ahora a la Operación Campamento. Aunque mucho antes de que se hablara de esta operación urbanística el soterramiento acumulaba muchos retrasos, que llegaban sin explicaciones públicas convincentes y con un manto de silencio sobre la herramienta que lo debía desbloquear: el proyecto para tunelar la A-5 en su entrada a Madrid.

Los detalles de este proyecto han permanecido ocultos hasta que este periódico publicó el lunes un dato relevante: que el contrato, valorado en tres millones de euros, había sido entregado a una empresa (Subterra) en la que trabaja el hermano de Borja Carabante, pese a que era el delegado había iniciado la contratación a principios de 2020. El concejal firmó en agosto de ese mismo año la aceptación que adjudicaba la obra a Esteyco-Subterra, aunque luego anuló su decisión y pidió abstenerse en el proceso. Ninguno de estos datos figuraban en el Portal de Contratación y el Ayuntamiento prefirió no publicarlos tampoco en su boletín oficial, alegando que no estaba obligado.

El área dirigida por Carabante concedió unos meses después un segundo contrato a la misma empresa, en la que su hermano Rafael Carabante ostenta el cargo de director de departamento. El modus operandi fue el mismo y el cometido esta vez era el de supervisar proyectos en Calle 30. Mientras, la redacción del soterramiento de la A-5 avanzaba con dificultades y el Ayuntamiento de Madrid daba cinco meses más de plazo y otros 460.000 euros a Subterra para corregir defectos de los que ya había avisado Metro antes de que empezaran los trabajos.

Los hechos desvelados por este periódico han motivado ya dos denuncias en la Fiscalía contra la Corrupción. La primera fue de la concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras (Grupo Mixto), acusando a Almeida y Carabante de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Luego Podemos presentó otra este miércoles también basada en las mismas informaciones. Almeida amenazó en el pleno municipal de esta semana con posibles demandas ante cualquier acusación.

Mientras estas informaciones aparecían, el delegado guardaba silencio y evitaba declaraciones a los micrófonos de los medios. En su primer acto público después de que Somos Madrid publicase las informaciones anteriores, Carabante evitaba hacer declaraciones a la prensa. Fue el pasado jueves, durante la presentación de la nueva edición del Circuito de Carteras Ponle Freno 2023. “Hoy no somos los protagonistas”, se justificaron ante este periódico desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad para excusar que no respondiera a preguntas de los medios, informa Guillermo Hormigo.

“Vete preparándote que voy a por ti”, decía luego Carabante en un mensaje jocoso dedicado a Almeida, haciendo gala una vez más de la estrecha relación que le une con el alcalde (con el atletismo teniendo habitualmente un papel central). El concejal mencionaba además que “las administraciones pueden hacer mucho para luchar contra la violencia vial”, sin hacer ninguna referencia a las noticias vinculadas al contrato de su hermano o las irregularidades en el proyecto para la A-5.

El concejal con más presupuesto y el Caso Pradillo

La afición al atletismo es una de las pasiones comunes que comparten Carabante y Almeida, que corrieron juntos la última San Silvestre Vallecana. También pasan juntos parte de sus vacaciones, como ocurrió el verano pasado y el de 2021, cuando cubrieron a pie parte del Camino de Santiago hasta llegar a la plaza del Obradoiro. La estrecha relación personal de ambos se extiende al Ayuntamiento, donde Carabante es el concejal con más peso político si nos fijamos en lo económico: su departamento maneja casi un tercio de todo el presupuesto municipal, casi 1.700 millones de euros previstos para 2023.

Como delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Carabante es el responsable último de la limpieza de la ciudad, del tráfico (y los atascos), de conseguir un aire más limpio y de preparar a la capital para las inclemencias meteorológicas, entre otros muchos cometidos. También tiene control sobre Calle 30, la compañía que gestiona el funcionamiento de la M-30, y sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En esta última vivió hace unos meses otro de sus episodios polémicos, cuando en mayo de 2022 salió a la luz el Caso Pradillo.

Pablo Pradillo era un extrabajador de la EMT cuando cobró 150.000 euros por asesorar una oferta que ganó un contrato de la propia EMT de cinco millones de euros. Lo hizo durante una excedencia, cayendo en una “falta grave” por conflicto de intereses, según determinó después la Oficina municipal contra la Corrupción. “El nexo entre incompatibilidad y riesgo de existencia de conflictos de intereses es incuestionable”, decía el informe al que tuvo acceso Somos Madrid.

Como en el caso de la A-5, las relaciones familiares salpican todo este caso: Pablo Pradillo es hijo de José Manuel Pradillo, gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, donde coincidió con Borja Carabante cuando él ostentaba cargos regionales. Pradillo padre también trabajó durante muchos años como alto cargo en la EMT mientras ejercía como alcalde de la ciudad José María Álvarez del Manzano, que es suegro de Carabante.

Desde el primer momento el delegado de Movilidad y presidente de la EMT intentó desviar el foco del caso hacia Más Madrid y la investigación dentro de la empresa de transportes se cerró sin sanción en septiembre por considerar que la falta había prescrito. Y el expediente abierto se mantuvo oculto durante todo el proceso.

La polémica limpieza de Filomena

Todos los madrileños recuerdan los problemas que tuvo el Ayuntamiento para volver a poner en marcha la ciudad después de la gran nevada del temporal Filomena. La nieve dejó de caer el sábado 9 de enero de 2021, pero Madrid permaneció bloqueada durante muchos días y los colegios no pudieron reabrir hasta el miércoles 20 de enero por la acumulación de hielo.

El encargado de organizar la limpieza viaria fue el departamento de Borja Carabante, que echó mano de contratos de urgencia para traer equipos de empresas privadas que complementaran el trabajo de las concesionarias municipales, venidas incluso de otras comunidades autónomas. Un año después, Somos Madrid desveló que el área de Movilidad había priorizado la limpieza en calles secundarias de barrios ricos antes que en los mercados municipales.

Como en los casos anteriores, las relaciones personales se mezclan con las decisiones políticas: dos días antes de acudir a despejar los mercados de abastos de Chamberí o Vallehermoso, el Ayuntamiento pidió a una de las empresas contratadas con urgencia que despejara la entrada a la fundación A la Par, una entidad privada cercana al PP situada en Fuencarral-El Pardo. Mientras eso sucedía, los madrileños tenían que sacar sus palas a la calle para suplir un trabajo que debería haber hecho el consistorio.

Los contratos de urgencia para esta limpieza, que acabaron también en la Oficina Municipal contra la Corrupción, salieron del departamento de Planificación e Infraestructuras, que dirige Lola Ortiz. Su nombre ha estado salpicado de polémicas desde que Borja Carabante la escogiera como directora general, principalmente debido al escándalo de sus gastos asociados a tarjetas black del Colegio de Ingenieros de Caminos, que obligó a su dimisión del cargo como decana de la entidad en 2021. El alcalde de Madrid decidió mantenerla en Cibeles por entender que el escándalo no tenía relación con el Ayuntamiento. Lola Ortiz fue la presidenta de las dos mesas de contratación que adjudicaron los contratos de Movilidad a la empresa del hermano de Borja Carabante.

Pese a estas polémicas y a otros errores clamorosos de gestión, como que se secaran miles de árboles replantados para compensar las talas por los daños de Filomena, o la omisión de las zonas interbloques en el nuevo contrato de limpieza que ha originado zonas con basura acumulada durante meses, el puesto del delegado de Movilidad y Medio Ambiente no corre peligro. Más bien al contrario: el alcalde le nombró hace diez días su próximo portavoz electoral. La directora de campaña elegida será la persona que Almeida designó para firmar los polémicos contratos con Subterra en sustitución de Carabante, Inmaculada Sanz.

De momento los partidos con representación municipal no han pedido dimisiones y desde Más Madrid y PSOE aguardan a conseguir la documentación oficial para decidir si llevan o no a la justicia a los responsables de los contratos desvelados por Somos Madrid. Quien sí que lo han hecho ha sido Roberto Sotomayor. El candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid cree que el delegado de Movilidad debía ser cesado por lo que considera un caso “gravísimo” de “posible corrupción”. “La figura de Carabante queda muy tocada”, decía el pasado miércoles justo después de denunciarlo ante la Fiscalía contra la Corrupción.