Golpe judicial a una polémica reforma legal con la que el Ayuntamiento de Madrid permite desde enero de este año el acceso de más vehículos contaminantes de los previstos a la zona de bajas emisiones del distrito Centro (antes Madrid Central). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la moratoria de un año aprobada por el equipo de Almeida por la que permitía la entrada de furgonetas con etiqueta B hasta el 31 de diciembre de este año.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, echa por tierra el intento de modificar la Ordenanza de Movilidad Sostenible a través de una enmienda en la Ordenanza de Limpieza, que fue aprobada con los votos de PP y Ciudadanos en último pleno de 2022. La reforma legal exprés permitía que hasta el 31 de diciembre de 2023 pudieran acceder a la ZBEDEP Distrito Centro los vehículos a motor de repartidores con, al menos, cuatro ruedas y MMA no superior a 3.500 kilogramos que dispongan de clasificación ambiental B.
Ahora, esta disposición queda “anulada de pleno derecho” según la sentencia, que solo será firme si el consistorio decide no recurrir el fallo judicial ante el Tribunal Supremo.
En el texto de la sentencia el tribunal madrileño confirma que el consistorio aprobó una enmienda en la ordenanza “sobre un tema que no ha sido sometido a consideración ni en las consultas públicas previas” y que este hecho “priva a los ciudadanos de las posibles alegaciones e información pública al que se debe someter”.
También vulnera el texto la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por suponer “una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes” y no contar “con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”.
Una “chapuza legal” que fue exigencia de Vox
Alargar la entrada de este tipo de vehículos contaminantes a la zona de bajas emisiones era una de las condiciones para sentarse a negociar los últimos presupuestos municipales, aunque después reclamó más exenciones a vehículos sin etiqueta y finalmente renunció a apoyar al Ejecutivo de Almeida, que se vio obligado a prorrogar las cuentas de 2022.
La reforma exprés fue denunciada por los grupos de la oposición. El PSOE, que interpuso una de las demandas, califica ahora de “chapuza legal y procedimental” el intento del consistorio, explica Ignacio Benito, edil responsable de Movilidad en el equipo socialista. “Celebramos que la Justicia nos haya dado la razón y haya vuelto a parar los pies al señor Almeida”, añade antes de indicar que “con la ciudad más sucia que nunca, se permitió el lujo de utilizar la Ordenanza de Limpieza no para adecentar las calles sino para cambiar otra ordenanza distinta por la puerta de atrás”.
Benito considera probado que “además, se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a intentar modificar el texto, quedando claro el interés de Almeida por la ciudadanía. También se nos hurtó a los concejales la posibilidad de enmendar la ordenanza, en otra demostración más de que Almeida hace lo imposible para evitar cualquier debate que pueda destapar sus vergüenzas medioambientales en una ciudad, no nos olvidemos, en las que 2.000 personas mueren al año por culpa de la contaminación”.
Para el PSOE, la decisión del TSJM acaba en “un nuevo ejercicio de trilerismo tumbado por los Tribunales y dos ordenanzas que siguen sin dar respuesta a una ciudad cada vez más sucia, más atascada y más contaminada”.