“¿Sabes de algún buen sitio para comer por aquí? ¿Tenemos que tener cuidado por si nos roban?”. Dukunyu, Shijiabai y Lily, tres turistas recién llegados a la capital desde China, aprovechan su conversación con Somos Madrid para conocer algunos detalles sobre la ciudad. Las preguntas versan sobre su reacción a los movimientos contra el turismo masivo en la ciudad, pero prefieren redirigir la charla a las dudas habituales de cualquier visitante, ya que la cuestión les resulta bastante ajena. “En China esto no pasa. Tenemos restricciones para quien venga de fuera”, dice Dukunyu.
Es el primero de los tres días que van a pasar en Madrid, alojados en pleno centro: la calle del Pez. Después seguirán de tour por Irlanda o Países Bajos. Diez días que Lily está dispuesta a pasar pegada a su GoPro, que no suelta durante una conversación que le resulta de lo más exótica.
Se quedan en un Airbnb en el corazón de Malasaña, por el que pagan 160 euros por noche. Una rápida consulta al portal Idealista permite observar que en el céntrico barrio los alquileres se han disparado en los últimos años, especialmente a partir de la desescalada que siguió a la pandemia. En el momento de redacción de este artículo el piso más barato tiene una mensualidad de 600 euros, con una habitación y apenas 26 metros cuadrados. Únicamente cuatro de 516 alquileres en Malasaña bajan de los 750 euros, y solo 76 no rebasan los 1.000 euros.
En Lavapiés, donde la situación no es mucho mejor y la reacción de los vecinos ya se ha materializado en forma de pintadas con el mensaje “tourists go home” o manifestaciones que piden “salvar el barrio”, algunos turistas sí se han percatado de la creciente hostilidad de algunos sectores de población. Aunque sea levemente.
Es el caso de Travis y Carolina, que proceden de Filadelfia (aunque ella tiene familia en Bilbao). “Estamos un poco familiarizados con el problema, sí, aunque en Estados Unidos el problema tiene más que ver con la gentrificación por mudanzas dentro de la propia ciudad que con el turismo”, relata Carolina. Sobre la opción de tomar medidas legislativas que controlen estos fenómenos, dicen no tener una postura clara: “Es un tema complicado”, indica Travis. Ambos coinciden en que, aun con estas circunstancias, “la gente es muy simpática”.
Mientras esperan rodeados de otros turistas para acceder a uno de los locales de moda de Lavapiés, Pum Pum Café (con carta y publicaciones de redes en inglés), atienden a este medio y afirman que les encanta visitar España “sobre todo por la comida y las tapas”. Ya pasaron por la capital hace un año, aunque apenas una noche, por lo que no se atreven a comparar la relación con los residentes del barrio o los comercios de proximidad en unos meses en los que la situación se ha recrudecido. Sí admiten que este año han pagado “un poco más” por el hostal en el que se quedan.
La cafetería a la que acuden a tomar el primer café de la mañana a las 12.30 se encuentra apenas a un cambio de acera de Tribulete, 7, una fachada cubierta por pancartas contra los fondos buitre. Es un inmueble donde la movilización vecinal en forma de protestas o eventos culturales lleva meses luchando contra su posible expulsión, después de que el edificio fuera adquirido por la sociedad Elix Rental Housing Socimi II, integrada por la compañía Elix junto a AltamarCAM Partners. Esta última entidad está presidida por Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El fondo buitre posee además edificios en Canillejas, Ciudad Lineal, Tetuán y otro en el número 22 de la calle Galileo, en el distrito de Chamberí, donde empezaron a maniobrar chocando también con una importante resistencia vecinal.
Unos metros más adelante, todavía en la calle Tribulete aunque más cerca del parque Casino de la Reina, otras tres turistas chinas atraviesan la vía cargadas con sus maletas. Una de ellas, Lía, vivía en Málaga y ahora en Barcelona, así que domina el castellano e incluso hace labores de traducción para su madre y su prima. Ha pasado varios meses cursando un máster en la ciudad andaluza, por lo que ha sufrido en sus propias carnes el encarecimiento de la vivienda y en general del coste de vida en uno de los lugares del país con una situación más crítica, donde también se ha intensificado el rechazo vecinal al turismo.
Las tres mujeres han pasado tres días en la capital y ahora viajan a Granada y Sevilla. En su visita a Madrid se quedan en un hotel por Embajadores. Están muy contentas con la experiencia, “salvo por los robos”, dice Lía. Preguntadas sobre la masificación, reconoce que durante la Semana Santa en Málaga “ni siquiera podía andar por calle de lo llena que estaba”. También es consciente de que “la vivienda y la comida suben mucho de precio”, aunque considera que “es un problema sobre todo de las personas que han nacido aquí, a mí me da igual”.
Lina y David vienen de Alemania a pasar unos días en Madrid, ciudad que siempre habían querido visitar “por el clima y la comida”. Su visión, sin embargo, se acerca más a la de esos primeros turistas de la calle Pez. “En nuestro país esto no pasa. O al menos en nuestra ciudad, Gelsenkirchen [al oeste del país centroeuropeo]”, apunta Lina no sobre la posibilidad de disfrutar de una buena gastronomía, sino sobre las consecuencias del turismo en el precio de la vivienda.
Berlín, sin embargo, ha sido uno de los grandes escenarios europeos de tensión entre los intentos legislativos por regular el mercado inmobiliario (especialmente los pisos turísticos) y el choque con los tribunales y con determinados intereses políticos o económicos. En un sector de por sí tensionado con la falta de oferta de la capital alemana, todo lo que no corresponda a un uso residencial habitual exige el permiso de la oficina del distrito en el que se sitúa la vivienda. Entre 2016 y 2018 incluso estuvo prohibido pisos completos, solo se autorizaban habitaciones.
Actualmente, es necesario solicitar un permiso para alquilar por días y es obligatorio que el número de registro aparezca en cualquier anuncio online. Las multas por alquilar sin autorización alcanzan los 500.000 euros y la ciudad es muy activa en la persecución de quienes incumplen la normativa. Desde 2016, los 12 distritos berlineses han iniciado en torno a 50.000 procedimientos de denuncia contra VUT (viviendas de uso turístico) y ha recaudado millones de euros en impuestos no declarados.
En Madrid, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida no ha empezado a tomar tímidas medidas hasta las últimas semanas, con un refuerzo de las inspecciones y las multas, una suspensión de las licencias o la publicación de un mapa con los pisos turísticos legales que facilita la identificación de los que no lo son. El Ejecutivo municipal cifraba en abril, frente a unas 8.034 viviendas en alquiler ofertadas durante esas mismas fechas en varios portales inmobiliarios, en 13.502 el número de viviendas turísticas de la ciudad. Entre ellas, según datos facilitados por el área de Urbanismo, solo cuentan con licencia del Ayuntamiento 941 (el 7%) y 151 están en tramitación. Por tanto, el propio Gobierno de Almeida sitúa en 12.410 los pisos turísticos ilegales en Madrid, el 92% del total.
El número es aún mayor de acuerdo a los datos recopilados por la plataforma de análisis Inside Airbnb, que eleva a 25.543 las viviendas turísticas de la capital (sin distinguir entre las regularizadas y las que no lo están), un 90% más respecto a las que contabiliza el Consistorio. Según esta misma herramienta, en 2017 había 7.446 VUT en Madrid, 18.097 menos. En este contexto, han surgido oficinas de asistencia para actuar contra VUT ilegales en zonas del centro de Madrid como Lavapiés, entidades en las que residentes se organizan para denunciar estos alojamientos irregulares ante las administraciones.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciaba este viernes que su Gobierno tratará de eliminar 10.000 alojamientos temporales gracias el decreto ley aprobado por la Generalitat a finales de 2023, que permite por primera vez a los ayuntamientos no renovar unas licencias, las de VUT, que hasta ahora eran a perpetuidad. Los permisos de estos apartamentos vencen en 2028, cinco años después de la entrada en vigor de la norma catalana. Será entonces cuando se deberá confirmar que no se revalidan y si estos turistas deben llevarse su música y sus opiniones a otra parte.