La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que de forma temporal impedirá el acceso de usuarios con patinetes eléctricos a la red de transporte público de la región, tras el incidente registrado el pasado día 17 al explotar la batería de uno de estos dispositivos en el interior de un tren que se encontraba en la estación de La Elipa, en la Línea 2 de Metro.
Una medida que se ha acordado este viernes en la reunión del consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y que entrará en vigor este próximo 4 de noviembre. En concreto, afectará a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) e interurbanos y urbanos en otros municipios, así como en las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid y los cinco intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América. De la prohibición se quedan fuera los Cercanías, que dependen del Gobierno estatal.
La restricción tendrá carácter temporal hasta que se verifiquen completamente las condiciones de seguridad de este tipo de elementos en el transporte público, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.
Su incumplimiento conllevará la inmediata expulsión de los infractores. En este sentido, para velar por el cumplimiento de esta resolución, el CRTM solicitará a los operadores implicados la difusión este cambio en sus canales de información digitales e impresos, como redes sociales, páginas web, cartelería, paneles o vinilos informativos.
Con esta medida se busca, por un lado, garantizar la seguridad de los usuarios y, por otro, proteger al personal de las empresas de transporte público madrileño. La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del área de Barcelona también tiene vigente una prohibición temporal de subir patinetes eléctricos al transporte público y otros vehículos de movilidad personal por “seguridad”.
El consejo de administración del CRTM está integrado por representantes de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la capital y el resto de consistorios de la región, así como de la Administración General del Estado, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales del sector y de consumidores y usuarios.