El tercer sector en Madrid lleva todo el mes de diciembre en vilo. A estas alturas del año, las entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad desconocen si van a tener subvenciones por IRPF y cuáles serán las cuantías. Y eso pone en jaque, dicen, cuestiones tan vertebrales como si podrán o no mantener la plantilla o los proyectos de cara al año que comienza. Las más afectadas son las más pequeñas, cuya supervivencia depende en buena medida de estos 26 millones de euros a repartir entre los proyectos que resulten subvencionados. Se han presentado 1.200, según la Consejería de Políticas Sociales.
“Las organizaciones sociales tienen una situación compleja para llegar a fin de año. Una situación como esta te descoloca todo el presupuesto. Gran parte del personal de atención está adscrito a estos proyectos y, si no sabes cuánto te corresponde o si te corresponderá algo, la incertidumbre es muy grave. No sabes si vas a tener recursos para pagar a estas personas por el trabajo que han hecho o si puedes seguir contando con ellas”, explica Javier Luengo, director de Plena Inclusión Madrid y miembro del Consejo Ejecutivo de Cermi Madrid.
Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid explican que la administración lleva varias semanas diciéndole que “la resolución está a punto de salir”. “Otros años en octubre sabemos qué nos corresponde y este no tenemos ni una orientación. Es un tema que nos preocupa y nos afecta”, denuncian.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales confirman el retraso a eldiario.es: las resoluciones se conocerán ya en 2018, en la primera semana de enero, y “los pagos se efectuarán en los días siguientes”. El Gobierno regional había asegurado a las entidades que las cuantías que le corresponden a cada organización se publicarían a mediados de diciembre, pero los plazos marcados se han dilatado. En años anteriores, cada entidad sabía qué le correspondía después de verano.
Tragsa, encargada de valorar
Hasta 2016 era el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales el encargado de adjudicar estas subvenciones, pero una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que era competencia de las comunidades autónomas hacerlo tras un recurso presentado por Cataluña. En esta coyuntura, algunas comunidades decidieron hacer una encomienda de gestión al Gobierno central para este primer año, pero la Comunidad de Madrid resolvió llevar a cabo el proceso con sus propios medios.
Finalmente ha tenido que encargar parte de la labor a la empresa pública Tragsa, conocida por recibir de los más variados encargos por parte de las administraciones públicas: desde gestionar becas universitarias en Galicia a limpiar las calles de Madrid. Se trata, dice la Consejería de Políticas Sociales, de un “apoyo para la gestión” que se traduce en el reclutamiento adhoc de 40 personas. Los plazos van tan apurados que no habrá resolución provisional, sino una definitiva directamente, confirman fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.
Los 26 millones de euros se reparten entre diferentes bloques de actividad, entre los que destacan los programas de igualdad, los de discapacidad o los de exclusión. Cada entidad puede presentar uno o varios proyectos en la línea de su actividad y la Comunidad de Madrid les concede o no subvención a cargo de la casilla de “fines sociales” de la declaración de la renta. Muchas veces, cuentan las organizaciones consultadas, la cuantía que se adjudica es inferior a la presupuestada en los proyectos. Y de los 1.200 proyectos presentados habrá casos de financiación cero.
Las facturas del retraso
El retraso está pasando graves facturas a algunas entidades, como la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Madrid (CAVAS), que tuvo que dejar a finales de octubre el piso en el que trabajan porque no tienen dinero para pagar el alquiler. CAVASS es una entidad pionera y de referencia nacional en atención a mujeres y menores víctimas de abusos sexuales. “Todos los años en torno a agosto ya sabíamos si nos habían concedido los programas que habíamos pedido y el dinero llegaba líquido en octubre”, denuncia Tina Alarcón, presidenta de la entidad.
Rafael Escudero, de la Red Española de Inmigración, teme que las pequeñas entidades que forman esta federación se vean igualmente afectadas por las demoras. “Algunas comunidades han repartido las subvenciones este año de forma nominativa, como Castilla y León y Galicia, lo que quiere decir que el dinero se distribuye igual que el año anterior. En Madrid se monta una convocatoria general nueva que no se publica hasta finales de octubre”, relata.
La Comunidad de Madrid justifica que “hasta julio el Ministerio no trasladó a las comunidades los criterios técnicos” para el proceso. “Vamos bien teniendo en cuenta el tiempo que hemos tenido”, dicen desde la administración regional.
Ciudadanos ha pedido hasta en tres ocasiones la comparecencia del Director General de Servicios Sociales, Pablo Gómez-Tavira, por este asunto en la Asamblea de Madrid. “Se les ha venido encima y eso lo sabíamos todos. Andalucía y Cataluña han conseguido resolver a tiempo, ¿por qué la Comunidad de Madrid no?”, afirma el diputado Alberto Reyero.