Vuelve una marea de batas blancas. Los trabajadores y trabajadoras de los hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid se plantan ante las empresas que gestionan el servicio público. Junto a sus compañeros de los centros completamente privados han acordado iniciar una huelga indefinida el próximo 27 de noviembre, según confirman fuentes de Comisiones Obreras a eldiario.es, tras no haber llegado por el momento a un acuerdo para la actualización de su convenio colectivo. Todos se rigen por el mismo, que no se ha tocado desde 2008, lo que implica que llevan desde 2012 con el salario congelado.
El personal de estos centros asegura que las plantillas “están muy justas”, lo que provoca que los servicios “se desborden” con facilidad si falta alguien o si se acumulan urgencias graves. “Vas con fiebre a trabajar porque sabes que no hay quien te sustituya y que van a pringar tus compañeros”, admite la doctora Mónica Alloza, vocal de AMYTS y parte de la plantilla del Hospital de Torrejón. En el de Villalba, “te avisan para doblar turno a veces el mismo día”, según una auxiliar de enfermería que prefiere no identificarse. Y el mismo problema refiere Samuel Mosquera, técnico de medicina nuclear en la clínica La Luz.
Si no se llega antes al entendimiento con la patronal, los paros (que aún no han sido comunicados oficialmente) afectarán a los cuatros hospitales públicos de gestión privada –Rey Juan Carlos (Móstoles), General de Villalba, Torrejón e Infanta Elena (Valdemoro)– que atienden a medio millón de personas de la región, y a unos 40 privados –entre ellos, La Luz o la clínica Ruber–. Cerca de un 60% de estos centros –según cálculos de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS)– están concentrados en manos del gran grupo empresarial Quirón Salud, resultado de la fusión de IDC y Quirón.
En la última reunión, el pasado 26 de septiembre, las empresas concesionarias ofrecían una subida máxima del 6,5% progresiva hasta 2020, un porcentaje insuficiente para los sindicatos. En ese encuentro, según CCOO, los representantes sindicales dijeron que no a la propuesta y ya comunicaron la posibilidad de huelga indefinida. Fuentes de la patronal consultadas por este medio aseguran que convocarán una nueva reunión para la próxima semana.
El nuevo convenio, que la patronal confía en que “se cerrará pronto”, comprendería el periodo 2016-2020 pero no contempla aumentos salariales retroactivos para el año pasado, desde cuando los trabajadores tienen el convenio caducado. Las empresas sí han accedido a pagar un plus por los días 25 de diciembre y 1 de enero, aunque no ha concretado de cuánto. La petición del personal era, explica Marga Enderiz Marcos, de CCOO, tenerlo en todos los festivos (incluidos domingos), que se hacen sin compensación dentro del trabajo a turnos de enfermería y auxiliares.
La Consejería de Sanidad, responsable de las concesiones administrativas a las empresas que llevan la gestión indirecta de los cuatro hospitales públicos, aduce que “se respeta la autonomía de las partes para llegar a sus propios acuerdos siempre que se respete la normativa laboral de cumplimiento exigido”. “No somos quienes para meternos en la autonomía de los trabajadores o de las entidades”, añaden.
El personal de enfermería y los auxiliares se quejan de sus bajos salarios, que superan por poco los 1.000 euros mensuales, según convenio. “Hay un clima muy malo. Somos nosotras las que recibimos a los pacientes, las que damos la cara. Y la que paga y da recursos, una empresa privada que mira por el dinero”, denuncia la auxiliar de enfermería de hospital de Villalba.
La falta de personal, asegura, es transversal en todo el centro. “Cuando te llega un caso gravísimo a urgencias se queda desatendido el resto del servicio. Si hay una parada, se concentran ahí todos los recursos. De manera que si pasa algo igualmente grave también, imagínate. Ya ha pasado, de hecho”, relata. La UVI, continúa, “tiene 12 camas pero personal solo para nueve. ¿Qué ocurre cuando hay 10, 11 o 12 pacientes? Pues se hace doblar a los trabajadores o contratan a gente dos semanas y luego la despiden”. Y en los turnos de noche “solo hay dos celadores para todo el hospital”, denuncia la misma trabajadora. El centro tiene 140 camas y 24 boxes, además de neonatos, UVI y paritorios.
Fuentes de la patronal consultadas por este medio y presentes en la negociación defienden que están “cerca del acuerdo con un poco de esfuerzo de ambas partes. ”El último convenio fue de 2008-2011, un periodo de crisis muy grande que ha provocado que muchos convenios no se hayan actualizado“, justifican. Durante los años 2013, 2014 y 2015 se ha ido funcionando con prórrogas de ese mismo texto. ”Al menos se han mantenido las condiciones, que en otros sectores se han empeorado“, argumenta la representación de las empresas, que se parapeta en que ”el sector privado se ha visto muy perjudicado por la bajada de la fuente de ingresos de las entidades de seguro libre“.
Fuga de personal: “Se van servicios enteros”
La situación, coinciden los sanitarios de varios hospitales consultados, hacen que “la gente se esté yendo en cuanto les sale otra cosa”. Una ex trabajadora de la UVI del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles asegura que vio irse a un compañero “que estaba muy quemado” y al que negaron la reducción de jornada.
También pasa con los médicos y médicas. “No han encontrado, con estas condiciones, la manera de fidelizar al médico. Hay fuga de profesionales médicos, de irse servicios enteros. Al final, quienes quedan son gente joven, con poca experiencia que acaban de terminar su periodo de formación”, describe la doctora Alloza. “Si pones a mucha gente junta de aprender pero no tienen de quién aprender, la cosa no funciona”, completa la auxiliar de Villalba.
El sector médico se queja de que el convenio colectivo con el que funcionan no recoge la especificidad de su jornada, es decir, las guardias. “En la pública el estatuto marco recoge la jornada ordinaria y la complementaria, con sus descansos estipulados. De los de la red pública, solo uno, el de Torrejón (de Sanitas), tiene una cláusula que hace referencia a esta jornada, pero en los del grupo Quirón Salud no hay nada. Se hacen las guardias en una situación de limbo legal”, cuenta Mónica Alloza.
Los controles de Sanidad
Desde AMYTS también denuncian “la falta de supervisión y control por parte de la administración de cómo funcionan los hospitales públicos de gestión indirecta”. “El contrato de la concesión administrativa dice que la Consejería de Sanidad tiene que nombrar una persona, como un delegado por cada hospital, cuya función es que el centro cumpla con las garantías de calidad de la cartera de servicios. Solo existe una figura para todos los hospitales a la que nunca nos han presentado ni sabemos si viene y a qué se dedica”, explica la doctora Alloza.
La Consejería de Sanidad confirma que “hay una persona responsable de verificar la calidad asistencial, pero también auditorías externas”. “Se hace un seguimiento permanente que incluye las ratios de profesionales”.
El convenio con el que funciona el sector privado incumbe a todo el personal médico, pero también a administración y limpieza en los casos en los que las empresas concesionarias no han subcontratado a su vez el servicio. “Que se subrogue a favor de otras empresas que son en realidad del mismo grupo es muy común. Eso divide además la representación sindical, la fragmentan”, sostiene el técnico Samuel Mosquera, presidente del comité de empresa de la clínica La Luz. El centro pasó en 2012 de una empresa más familiar a Quirón Salud. “El sector ha cambiado mucho y ahora todo está concentrado en manos de muy pocas”, remata.