“En la Comunidad de Madrid todo el que necesita una beca la tiene garantizada”. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pero lo desmiente la propia estadística oficial. Y también alumnos con cara y nombre. Se llaman Rubén, Daniela o Adrián, pero podrían ser otros miles de estudiantes que están en su misma situación. Estudian formación profesional en la pública y, como sus rentas familiares no son elevadas, tienen que trabajar para costearse la matrícula, los libros o sus propios gastos. Este mes han contemplado con estupor como el Ejecutivo regional anuncia becas para que familias con ingresos superiores a los 35.000 euros por miembro (y en esas cuentas computan también los hijos, por eso el tope puede subir de los 140.000 euros por hogar) envíen a sus hijos a estudiar a la privada, mientras ellos utilizan los descansos en sus jornadas laborales para repasar apuntes, piensan en vender sus mínimas propiedades, en algún caso, la moto, para afrontar el curso que viene o hasta se plantean abandonar.
“Es muy frustrante que los que tenemos menos tengamos que estar trabajando para poder sustentarnos y se dediquen recursos a los que más tienen, que ya pueden dedicarse full time a estudiar”, cuenta Adrián, en conversación con elDiario.es. Este joven madrileño de 27 años acaba de terminar el primer curso del grado de FP en diseño gráfico, que ha compaginado primero con el paro que había generado antes de otros empleos y últimamente trabajando los fines de semana como vendedor y maquillador en una tienda.
La Comunidad de Madrid destinará para el próximo curso más de 127 millones de euros para cofinanciar el coste de centros privados en las etapas de educación infantil, bachillerato y formación profesional de grado medio y superior. Uno de los requisito para las familias que accedan a estos cheques es ingresar menos de 35.913 euros por persona. O lo que es lo mismo: dos progenitores y un hijo, pueden tener derecho aunque ingresen entre todos más de 107.000 euros al año; si tienen dos, más de 140.000 euros.
Estas cifras están muy alejadas de lo que perciben Rubén y su padre, con quien todavía vive. “Él va bien, yo voy más justito”, reconoce. En total, la familia ingresa unos 44.000 euros al año. Si hubiera decidido estudiar FP en la privada, la Comunidad de Madrid le ayudaría con 2.500 euros para el copago del centro. Como estudia en la pública y no tiene ningún apoyo, se ve obligado a trabajar.
“16 horas al día fuera de casa”
“Con experiencia pero sin estudios pensé que no llegaría a ningún lado, así que me metí en mecánica industrial”, explica. Sale de casa a primera hora de la mañana para pasear a su perro, se va a clase y llega justo al trabajo, en el aeropuerto, pasadas las 15.30 horas. Por el camino, almuerza en cualquier sitio o revisa los apuntes. “Me paso 16 horas al día fuera de casa”, se resigna. “Si hubiera conseguido una beca, me habría planteado pedir una excedencia, porque es muy cansado, he perdido mucha vida social y de todo. Pero no sé... tengo mis gastos y necesitaba seguir trabajando. Al final me acostumbré, pero ha sido duro”, cuenta.
A Rubén le fastidia la política de becas de la Comunidad de Madrid. A él le han negado incluso la que cubre los 400 euros de matricula que cuesta la pública. “En la privada se paga mucho dinero y a la pública la gente va por necesidad. No entiendo por qué aquí tenemos que pagar 400 euros, más los libros, y en una privada te dan becas”, expone. En su caso, el precio del temario no es una broma. “Teníamos 11 asignaturas y, gracias a dios, muchos profesores han ido por apuntes, pero sí han sido seis o siete libros. El más barato fueron 12 euros y los demás rondaban los 25, un poquito por encima”, suma.
Daniela también estudió en un centro público el curso que acaba de terminar. En su caso, compaginar clases y empleo ha sido una odisea. Vive con su novio y se ha pasado los últimos meses entre el parque de atracciones, lo que dura la temporada, y una pizzería los fines de semana y el instituto donde cursó un grado superior de ingeniería electrónica. “Lo que pude ahorrar fue para pagar la matrícula y mis gastos”, cuenta.
Ella lo había intentando en la carrera, pero se vio obligada a abandonar. Recibió una beca del ministerio de Educación el primer curso, pero como no superó el 80% de las asignaturas en las que estaba matriculada no optó a ella en segundo. Esta es una de las diferencias que determinan la renta. Si un alumno de ingresos bajos suspende, es castigado. Si lo hace otro que puede permitirse abonar de nuevo la matrícula, sigue adelante. En su caso, decidió pasarse a un grado superior para obtener el título y poder trabajar de lo que sabía. “Pedí beca y me la denegaron. Como 'bajé' de un estudio superior a un grado inferior, lo tomaron como si estuviera haciendo prácticas. Lo intenté recurrir, pero se acabó el plazo y me lo denegaron”, explica.
“Necesitas tiempo para estudiar”
Mientras ella compagina estudios y trabajo para poder subsistir, le parece fatal que Ayuso destine millones de euros en ayudas a la privada. “Me parece que no se pueden usar los fondos públicos para algo así. A la gente que quiera estudiar en un público, que la ayuden y si tú quieres estudiar en la privada, tienes que pagarlo”, razona. Su experiencia ha sido “muy agobiante”. Tanto, que aún no ha decidido si seguirá el próximo curso. “Algunas veces tenía que comer en clase o llegaba tarde porque no me daba tiempo. Además trabajaba los fines de semana y necesitas tiempo para estudiar. Mi profesora me decía que lo dejase, porque me iba a traer consecuencias”, lamenta. Como Rubén, si hubiera tenido una ayuda económica como recibirán sus compañeros que irán a centros privados el próximo curso, la cosa habría sido diferente. “Me plantearía una reducción de jornada”, reconoce.
La Comunidad de Madrid ha creado para el próximo curso 10.000 nuevas plazas públicas de Formación Profesional de grado superior, tras las miles de solicitudes rechazas el curso pasado. Son personas que querían estudiar en centros públicos pero que no pudieron hacerlo. En el horizonte, ya pasado, dos opciones: o esperar un año y volver a intentarlo o pagar en la privada. Para esta segunda opción es para la que el Ejecuto de Ayuso plantea ayudas. La hija de Victoria no entró en la pública en el curso 2019/20, pero recibió una beca de segunda oportunidad, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. De los alrededor de 500 euros al mes que costaba el centro, con esta ayuda se costeaba la mitad. En total, 2.500 euros al año. Al siguiente curso, recibió uno de los cheques de la Comunidad. Una cuarta parte del gasto.
En ese segundo curso su hija se quedó sin prácticas por el COVID, así que decidió apuntarse a un nuevo curso, para el que le convalidaban varias asignaturas. Al solicitar el cheque, se lo denegaron por un error administrativo. “Recurrimos y nos contestaron al año y medio que ya habían repartido el dinero”, lamenta Victoria. Para ella, esta suerte de copago tampoco es la solución. “Ibas a ver las listas al instituto y ves a gente que no tiene medios. Mi marido y yo somos mileuristas, pero gracias a que teníamos unos ahorros le dijimos que no se iba a quedar un año sin estudiar. No es que se queden sin estudiar, ¿qué van a hacer durante ese año si no tienen trabajo ni estudian? Yo prefiero que inviertan en esa gente que no tiene recursos, que amplíen las plazas públicas y que bequen, pero la gente que gana ese dineral anual se lo puede permitir”, explica.
“Parece que si estudias y trabajas te da para todo, pero si tus padres no te ayudan, no te llega”, admite Adrián. Él se volvió a vivir a la casa familiar, porque no podía mantenerse solo con un trabajo a media jornada, el que le dejaba algo de tiempo para estudiar. Tampoco mucho. “En mi trabajo tengo 20 minutos de descanso y me llevo los apuntes”, cuenta. Ahora, en verano, ha pedido trabajar más horas para ahorrar algo más y ha renunciado a las vacaciones, que se cogerá cuando llegue la época de examen, para centrarse unos días en los libros.
Él calcula que en su casa entran al año unos 37.000 euros, entre los ingresos de su padre, que es taxista, de su madre, que tiene un pequeño comercio de barrio, y los suyos, que cobra unos 7.700 euros. Si el año pasado le hubieran dado una beca como la que recibirán familias con hasta tres veces más ingresos que la suya para estudiar en la privada, no habría tenido que trabajar o habría estado más relajado. “Aunque hubiera sido el abono transporte o el móvil o para tomarte un café cuando sales de clase o comprarte unas zapatillas, pues con la beca te lo pagas y no tienes que pedirle dinero a nadie. Si no tienes la beca, o trabajas o que te lo paguen tus padres, si es que pueden”, desarrolla.
Las notas de Adrián, además, contradicen el discurso de la presidenta Ayuso, empeñada en premiar el mérito y el esfuerzo, pero con requisitos para la concesión de becas que pasan por: ir a la privada, tener menos de 35 años, no haber repetido el curso anterior y no superar el límite de renta per cápita familiar de 35,913 euros. “Yo tengo un expediente de nota media 9,8”, sin embargo por el momento no le han cubierto ni la matrícula. A Rubén también le fue genial. “Me sorprendió a mi mismo, porque no esperaba tan buenas notas para el tiempo que he tenido. Ha sido gracias a mis compañeros, que me han prestado muchos apuntes y se han pasado noches conmigo explicándome las cosas antes del examen”.
El próximo curso, Rubén tendrá que pedir una excedencia en su trabajo en el aeropuerto sí o sí. Tiene que hacer prácticas en una empresa, que son incompatibles con su empleo actual y por las que cobrará 450 euros al mes. Si este curso le ha tocado apretarse el cinturón en su escasa vida social, el próximo será de nuevo en lo económico. “Comparado con lo que cobro, no es mucho. Es menos de la mitad, pero voy bien. Me apañaré con los gastos, me quitaré caprichos y ya está. No creo que la Comunidad tenga ningún tipo de ayuda para mí, pero puedo vender la moto y con lo que me den ya tengo un colchón para aguantar”, afirma.
Mientras tanto, Ayuso repite que las familias que ingresan 35.000 euros por miembro (contando los hijos, lo que eleva el umbral por encima de los 140.000 euros por hogar) son “clase media”. “Y cada vez menos clase media”, culpa a Pedro Sánchez la presidenta que en plena pandemia de coronavirus vetó a las familias que recibían el ingreso mínimo vital con menores a su cargo de las becas de comedor.