La Inspección de Trabajo vuelve a sancionar a Metro de Madrid por no proteger a los trabajadores expuestos al amianto. La empresa ha recibido este miércoles un acta de infracción por saltarse el plazo legal para reconocer la enfermedad profesional a un empleado que manipuló elementos con amianto y tiene asbestosis. La Seguridad Social da diez días para cumplimentar este trámite una vez que la empresa tiene el informe médico con el diagnóstico y Metro de Madrid ha tardado dos años en hacerlo.
La empresa conocía en los primeros meses de 2016 que uno de sus empleados, Santos González-Roldán, estaba diagnosticado de una dolencia que solo se produce por la inhalación de fibras de amianto. Pese a eso, no tomó ninguna medida para proteger al resto de trabajadores hasta principios de 2018, pasados dos años, cuando la Inspección de Trabajo envió un requerimiento que obligaba a la empresa a empezar a actuar. En este momento, cuando el caso salta a los medios, Metro de Madrid registra al trabajador en CEPROSS, el registro de enfermedades profesionales.
Juan Bravo, ex mano derecha de Gallardón, actual presidente de ADIF e imputado por la trama en torno al Canal de Isabel II, era consejero delegado de Metro de Madrid en esa época. En septiembre de 2016 le sustituye Borja Carabante, que continúa hoy en el puesto.
Metro de Madrid asegura que la notificación de Trabajo “es una propuesta de sanción que no es firme” y está sujeta a “alegaciones”. Fuentes de la empresa no ofrecen datos del importe económico de la sanción por no cumplir con la orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
Santos Roldán compareció el viernes pasado en la comisión de investigación del amianto de la Asamblea de Madrid. En la primera sesión, el trabajador denunció la demora pese a tener en sus manos un informe de la unidad de neumología del hospital de La Paz. “Entregó el informe a los servicios médicos en un reconocimiento ordinario en los primeros meses de 2016 pero hasta hace unas semanas no le comunicaron que estaba reconocida la enfermedad laboral desde febrero”, explica José Ignacio Rodríguez, delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO.
El empleado, en la empresa desde 1976 y aún en activo, aseguró en sede parlamentaria que no recibió ninguna formación ni información específica para evitar riesgos. Trabajaba sin protección en mantenimiento en las escaleras mecánicas, donde se ubicaban elementos con este mineral potencialmente cancerígeno. En la Asamblea, Roldán contó que hasta hace unos meses no tuvo conocimiento del informe de Prevención de Riesgos Laborales de 2003 que detallaba la presencia de piezas con amianto en material móvil y estaciones, y acusó a Metro de Madrid de actuar con negligencia.
Tener reconocida la enfermedad laboral implica percibir el 100% del salario durante las bajas laborales. En estos periodos, además, el trabajador se beneficia de un recargo en las prestaciones de entre el 30 y el 50%, aparte de tener cubiertos todos los gastos médicos provocados por la enfermedad, explican fuentes sindicales.
Santos Roldán, ahora asignado al departamento Multifunción, no ha estado nunca de baja por este motivo aunque su capacidad pulmonar está reducida. Las fibras de amianto, si son inhaladas, causan fibrosis pulmonar que puede derivar en cáncer de pulmón.
Los médicos empezaron a sospechar de que el trabajador podía tener asbestosis cuando encontraron “algo en el pulmón que no sabían que era”, explicó el propio Roldán ante los diputados el pasado viernes. Iba a operarse de la rodilla y, en el preoperatorio, tuvo que hacerse una radiografía de tórax cuyo resultado dio la primera voz de alarma. Entonces se le remitió al servicio de neumología de La Paz con posible asbestosis y un facultativo de esta unidad confirmó este extremo en 2016.
Metro de Madrid suma con este acta de infracción una nueva constatación de que infringió las normas por no proteger como marca la ley a los trabajadores expuestos a elementos con amianto. La Fiscalía tiene abierta una investigación y la compañía ya ha sido multada por este motivo con 191.000 euros.