“Hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”. El ocho de mayo de 2017, el entonces concejal de la oposición José Luis Martínez-Almeida anunciaba una querella del Partido Popular contra varios concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena por el caso Open de Tenis. Acusaciones de malversación y prevaricación por pedir informes sobre posibles irregularidades en la gestión de este trofeo deportivo cuando los populares estaban al frente del consistorio. La sentencia del caso, sin embargo, apunta en dirección contraria y condena al PP a pagar las costas del proceso por mala fe. El fallo supone un nuevo fracaso de las iniciativas penales del partido del alcalde después del archivo del caso Bicimad o del archivo de la querella contra Celia Mayer por enaltecimiento del terrorismo en el caso de los titiriteros de Tetuán.
La sentencia supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Aguirre y heredó Almeida. La entonces portavoz del PP había perdido las elecciones municipales de 2015 y decidió extender su guerra política más allá del palacio de Cibeles. Desde comienzos de 2016, el PP emprendió una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Ahora Madrid sin que ninguna acabara con consecuencias penales para los denunciados. En esta última, de hecho, es el PP quien tiene que pagar por haber llevado su contienda política al terreno judicial sin pruebas.
Ese mes de mayo de 2017, José Luis Martínez-Almeida interpretó que el gobierno municipal de Ahora Madrid pretendía “criminalizar” más de dos décadas de gobierno del Partido Popular. Por aquel entonces, el hoy alcalde llevaba menos de dos semanas ejerciendo como portavoz del partido en el consistorio: Esperanza Aguirre, asediada por los casos de corrupción de sus antiguos colaboradores, había abandonado todos sus cargos políticos después de quedar relegada a la oposición. Él se puso al frente del partido en el Ayuntamiento y pisó el acelerador en la estrategia de judicializar al gobierno municipal.
Su primera acción judicial fue acusar al Ayuntamiento de incurrir en delitos de prevaricación y malversación de dinero público al abrir los cajones de la empresa municipal de Madrid Destino y buscar munición contra los anteriores gestores. Según la querella que presentó el propio Almeida en nombre de su grupo municipal, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato habían contratado de forma ilegal a varios despachos de abogados con dinero público para que elaboraran informes poniendo en duda los contratos que el Ayuntamiento, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, había firmado en 2001 con Madrid Trophy Promotion, empresa organizadora del Mutua Madrid Open de Tenis.
La denuncia que salió de esos informes naufragó en la Fiscalía y los dos concejales terminaron procesados junto con Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino. El asunto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la campaña de Almeida en las elecciones de 2019 solo por detrás de Madrid Central. Ya en enero de ese año, en una entrevista con el diario ABC, dejaba claro que estas acciones judiciales formaban parte de su carta de presentación: “La gente sabe quién denunció el Open de Tenis, quién ha llevado Bicimad a los tribunales”, dijo.
Siguió después de las elecciones: a finales de ese año, en el pleno municipal, acusó a los dos ediles imputados de lanzar “una persecución política” contra el PP cuando gobernaban. Hace menos de un mes, en abril, instó a Rita Maestre a “asumir alguna responsabilidad” y “pedir perdón” por el enjuiciamiento de sus dos antiguos compañeros de ejecutivo municipal. En un primer momento, además, el PP no llevó la acusación a solas: la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Manuel Villarejo, también fue acusación popular hasta que se retiró a finales de 2019, justo antes del momento de presentar los escritos de acusación, por su desaparición.
Lo cierto es que el caso del Open de Tenis ha terminado en absolución y no de cualquier manera: con una condena en costas al Partido Popular por impulsar una acusación que la Audiencia Provincial de Madrid califica de “temeraria” y llevada a cabo con “mala fe”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatiman en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos.
Las declaraciones de los tres acusados, además, han sido “sinceras y convincentes” para los jueces, mientras que la acusación del PP no les ha parecido tan sincera. El grupo que dirige José Luis Martínez-Almeida llegó a pedir cinco años de cárcel y más de dos décadas de inhabilitación para los tres acusados y los jueces entienden que han actuado con “temeridad y mala fe” y que deben, por tanto, ser condenados a pagar las costas del proceso.
El PP, dice la sentencia, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados” en cuanto a la prevaricación. Sobre Celia Mayer, hizo “un relato absolutamente generalista causante sin duda de indefensión” para que formara parte de un plan criminal inexistente. Los dardos al PP se suceden en una sentencia que llega después de varios años de instrucción judicial por parte de Concepción Jerez, la misma magistrada de Plaza de Castilla que ha tenido que ser obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.
El caso Bicimad, archivado
Otro de los casos judiciales que Martínez-Almeida ponía en lugar preferente de su carta de presentación en enero de 2019 era el caso Bicimad: la investigación judicial sobre la operación que el gobierno de Manuela Carmena acometió para comprar y municipalizar el servicio de bicicletas urbanas a Bonopark por 10,5 millones de euros. Y también quedó archivado.
Esta segunda querella contra el gobierno municipal fue presentada en enero de 2018 y fue nuevamente presentada por José Luis Martínez-Almeida en calidad de líder 'popular'. El acuerdo, dijo entonces el hoy alcalde, fue “lesivo para las arcas municipales” y “lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez”. En el objetivo de la querella estaban la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández de Heredia.
El caso fue archivado por el juzgado en mayo de 2019. “No consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos”, dijo ese auto. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión unos meses después y enterró definitivamente la querella con un argumento diametralmente opuesto al esgrimido por el PP: “El precio pagado es acorde y ajustado al contrato celebrado”, dijo esa resolución.
La “red clientelar” de Carmena
En julio de 2018, José Luis Martínez-Almeida llevaba su oposición al ejecutivo de Manuela Carmena a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de 19 páginas en las que el portavoz municipal del Partido Popular denunciaba la existencia de una “red clientelar de asociaciones, empresas y cooperativas que habían cobrado 20 millones de euros del consistorio en apenas tres años por su proximidad a Ahora Madrid. La denuncia decía que ”hay indicios claros y evidentes de que las empresas asociadas a la red son en realidad un instrumento de contratación de afines a Podemos, Ahora Madrid y el resto de organizaciones políticas afines“.
“No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales”, dijo ese día Almeida, presentando una denuncia que en este caso firmaba él mismo. Casi cuatro años después no existen referencias al destino de esa demoledora denuncia en la que el PP atribuía todo tipo de delitos al equipo municipal de Manuela Carmena. No consta, por ahora, si esa denuncia prosperó de alguna manera o si fue archivada.
Enaltecimiento del terrorismo
Otro frente judicial de menor entidad fue el abierto igualmente por el Partido Popular aunque antes de que Martínez-Almeida fuera puesto al frente del grupo y cuando Esperanza Aguirre todavía capitaneaba la oposición a Manuela Carmena. En ese caso el objetivo también fue Celia Mayer. Era febrero de 2016 y dos titiriteros habían sido detenidos en el distrito de Tetuán por exhibir una pancarta, en una obra con niños en el público, en la que podía leerse “Gora Alka-ETA”. La obra no contenía ningún tipo de enaltecimiento a esas dos bandas terroristas pero los dos llegaron a pasar varios días en prisión provisional en Soto del Real por decisión del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.
Los titiriteros fueron absueltos, pero el PP quiso llevar las acusaciones al campo de la política y sus concejales denunciaron a Celia Mayer, entonces concejala de Cultura, por enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Henríquez de Luna, entonces portavoz municipal del PP y hoy diputado regional de Vox, acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar que ella había sido cooperadora necesaria “ya que sin su intervención el delito no podría llevarse a cabo”. La AVT también presentó acciones contra varios responsables del Ayuntamiento y la Audiencia Nacional rechazó imputarles.