Vecinos de Arganzuela se movilizan contra la instalación de tres carpas para espectáculos en un gran espacio público

En el Madrid de la permanente recalificación urbanística, sobreviven dos parcelas públicas sin uso que suman 45.000 metros cuadrados y con las que las administraciones no han sabido muy bien qué hacer en los últimos 30 años. Están en Arganzuela, junto a la antigua estación de Delicias –hoy Museo del Ferrocarril– y son resultado del llamado Pasillo Verde Ferroviario, el gran proyecto que en los 90 sacó el recorrido del tren de junto a los balcones de los pisos e integró el sur del barrio en la ciudad.

Los vecinos llevan años reclamando equipamientos públicos, y el plan de urbanismo reservaba estos terrenos a tal fin. Pero en vez de un instituto o una biblioteca, el futuro inmediato de las fincas pasa por la iniciativa privada y el ocio masivo.

Con tres carpas para representaciones teatrales y música en directo, más un jardín central donde habrá puestos de comida al aire libre, el denominado Espacio Delicias promete cabaré y espectáculos hasta medianoche para 1.800 personas. A cargo de la compañía Let’s go, dirigida por el productor Iñaki Fernández, y con el patrocinio de Ibercaja, la instalación es provisional, en principio, y solo tiene licencia desde finales de septiembre hasta abril de 2022.

Los vecinos no se fían, alegan que la maniobra es ilegal y anuncian movilizaciones. “Arganzuela ha crecido desde los años 80 del siglo XX un 35% en población, ya tiene 155.000 habitantes y está previsto que llegue a 170.000, pero las dotaciones son insuficientes, porque el ayuntamiento nunca las ha ejecutado”, dice Manuel Gómez, portavoz de la plataforma Stop Espacio Delicias, en la que participan miembros de varias asociaciones vecinales.

En el lento recorrido administrativo hasta la fecha ha tenido que ver que haya más de una administración implicada. Los terrenos son propiedad de Adif, pero el responsable urbanístico es el Ayuntamiento, y para cualquier iniciativa de envergadura hace falta que ambos se pongan de acuerdo. A lo largo de los años se sucedieron las ideas para el espacio, como la de levantar un Museo de la Ciencia, que finalmente acabó en Alcobendas.

Distintos proyectos en los últimos años

El área fue degradándose. Entre 2016 y 2018 se convirtió en un poblado chabolista, desalojado finalmente a raíz de un protocolo a tres bandas entre Adif, el Ayuntamiento (entonces dirigido por Manuela Carmena) y el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que pretendía erigir aquí la base permanente de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España. Era octubre de 2018.

En abril de 2019, Adif sacó a concurso el alquiler de los terrenos, con carácter provisional y el fin declarado de evitar “actos de vandalismo y ocupaciones irregulares”, mientras se negociaba a tres bandas cómo adaptar mejor el planeamiento a la infraestructura prevista, que en todo caso no excluía construir a la par “nuevos equipamientos de carácter cultural y educativo”. Esto no evitó que los vecinos empezaran a fruncir el ceño. El contrato se adjudicó en julio por dos años, prorrogables hasta cuatro, a razón de 100.000 euros por ejercicio, pero justo antes hubo elecciones municipales y en Madrid cambió el gobierno.

La comisión de seguimiento se reunió por última vez en octubre de 2019, con el compromiso de volverse a ver un mes después. El Ayuntamiento debía “concretar las demandas dotacionales” y Adif redactar un borrador sobre las particularidades urbanísticas de los terrenos. El administrador ferroviario asegura ahora que el Ayuntamiento no envió este documento hasta finales de julio, precisamente cuando arreciaron nuevamente las protestas vecinales. Del Ballet Nacional no se ha vuelto a saber. Entre tanto, los planes de construcción y apertura se retrasaron y, a finales de 2019, el Ayuntamiento del PP y Ciudadanos anunció un recorte en el proyecto, de dos años a seis meses, de cuatro carpas a una. Luego llegaron 2020 y el coronavirus. En la licencia final, las carpas son tres.

En los planos municipales, la parcela en cuestión sigue figurando como equipamiento básico, una denominación que no permite, a priori, la actividad prevista, según las normas urbanísticas del plan general. En ellas, de los usos permitidos, el más cercanos al autorizado es el de “auditorio distrital”, que en todo caso tendría que ser público.

En el Ayuntamiento alegan, sin dar más detalles, que “la legislación permite ceder temporalmente ese espacio para otras actividades hasta que se construya el equipamiento dotacional permanente”. Lo mismo dicen en Adif, donde añaden además que “el objetivo fundamental de esta actuación no es la obtención de ingresos sino el dar una utilidad a estos terrenos y, sobre todo, evitar usos indebidos de los mismos que puedan generar molestias a los vecinos de la zona”. También apuntan que el contrato estaba supeditado a que el Ayuntamiento diese las licencias. De lo contrario, se resolvería. Así sucedió con una de las parcelas.

Pero los opositores al proyecto rechazan que el arrendamiento temporal sea legal. “Es como hacer una casa en el Retiro”, compara Gómez, que teme que la infraestructura provisional se acabe perpetuando, o peor. “Esto está a cuatro estaciones de Sol y hay gente que le echa el ojo. Es parte de nuestras preocupaciones; que en un momento dado te encuentres con un plan de recalificación. Ocurre de la noche a la mañana, y luego vete tú a cambiarlo”, advierte.

Entre el “Music Hall de Londres” y el centro de mayores

En las declaraciones de los responsables municipales ha habido un cierto vaivén en las últimas semanas. La concejala de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva (PP), parecía encantada con la operación. “Queremos que Arganzuela sea como el Music Hall de Londres”, aseguró en una entrevista con 20 minutos el 7 de julio, en la que recordó que los terrenos son de Adif y que las dotaciones se harían cuando la empresa pública decidiese alquilarlo o venderlo al ayuntamiento.

Tras reavivarse las protestas vecinales, el concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), se remitió en julio, en la comisión del ramo, a un estudio de la Subdirección General de Evaluación Urbana de diciembre de 2019. En él se apostaba por construir “un espacio para personas mayores con centro de día y centro de Alzheimer, un espacio para jóvenes con un instituto de Secundaria y Formación Profesional y un multicentro cultural”, aunque Fuentes se refirió asimismo a “la oportunidad que supone para Madrid la ampliación del eje cultural Prado-Recoletos hacia Méndez Álvaro, Delicias y Legazpi”. También afeó a Adif que alquilase los terrenos cuando el plan era ceder su uso al Ayuntamiento y emplazó al administrador ferroviario a ser “proactivo”.

Manuel Gómez cree que estas últimas declaraciones buscan la desmovilización y no se deja convencer. “Es muy fuerte decir que vas a montar el macroocio en una zona de equipamiento básico. El ayuntamiento no está haciendo valer la legalidad de su plan de ordenación y alguien tiene que responder por eso”. Anuncia movilizaciones para septiembre, quizás también recurrir al Defensor del Pueblo. Y avisa: “Si no queda más remedio, haremos una colecta para empezar los trámites judiciales”.