Tras una mañana de tensiones, visitas de última hora al juzgado y una discusión con la comisión de desalojo, la familia de Fabiola Ibáñez –peruana de 30 años– se queda en su casa en Barajas un mes más. El factor determinante para no llevar a cabo el desahucio ha sido que el más pequeño de sus tres hijos, de solo 20 días, resultase positivo en COVID. “¿Dónde me iba a ir con el niño en estas condiciones? Con el frío que hace hoy en la calle. No puede ser legal que nos echen así, sin darnos una solución”, comentaba Fabiola. Los afectados fueron víctimas de una estafa de alquiler hace un año y desde entonces ocupan la vivienda vacía que supuestamente iban a arrendar, pero que realmente pertenece a Liberbank.
Ibáñez y sus dos hijas mayores (Valentina, de nueve años, y Natalia, de cuatro) llegaron a Madrid en enero de 2021, para reunirse con su marido, Jerson, que vivía en Barcelona desde hace tres años. Cuando se mudaron a la capital, tardaron meses en encontrar un piso para los cuatro debido a las dificultades de no tener un trabajo regular. Azel, el más pequeño, aún no había nacido.
Tras semanas esperando, encontraron a alguien dispuesto a alquilarles un piso en la plaza central de Barajas. Reservaron de inmediato la vivienda con el pago de un adelanto, solamente para descubrir que habían sido víctimas de una estafa. “La persona que nos alquiló no era el propietario, pero se quedó con todo nuestro dinero”, explica Fabiola, que reconoce que en ese momento no les quedó otra opción que ocupar la vivienda.
“Cuando me vine a España no podía imaginar que me iba a tocar vivir así. No pensé que iban a pasar tantas cosas malas. Que mi esposo se iba a quedar sin trabajo, que nos íbamos a quedar en la calle”, afirma Fabiola al borde de las lágrimas. “Yo solo quería darle a mis hijas una vida mejor a la que teníamos en Perú, donde la cosa está fatal”.
Cuando llegó la notificación de desahucio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés (PAH Leganés) denunció desde el primer momento su irregularidad: la familia, con tres menores a cargo, se encontraba en una situación de “vulnerabilidad flagrante”. También están en trámite de certificación por los Servicios Sociales de Madrid, y, por lo tanto, cumplen con los requisitos necesarios para la aplicación del Real Decreto de paralización de desahucios hasta junio de 2023, según afirma la organización.
“Es un desalojo totalmente irregular. Además de tratarse de una familia con un informe de vulnerabilidad, tampoco lo han notificado con tiempo y forma”, insiste Feli Velázquez, activista de la plataforma. De hecho, la notificación le llegó a la familia el pasado jueves, solo cinco días antes de la fecha prevista para el lanzamiento, programado para este martes.
Una mañana en vela
Antes de que llegara la comisión, Fabiola y Jerson hicieron un último intento a primera hora de la mañana para parar el desahucio en los juzgados de Plaza Castilla, con el parte del Hospital de La Paz que certifica la positividad del niño. “No lo han aceptado. No han querido ni ver el informe. Nos han dicho que ya era demasiado tarde para paralizar el desahucio”, afirma Fabiola.
La familia ha esperado reunida en el salón toda la mañana a que llegara el mediodía, cuando estaba previsto el desalojo. En la mesa de centro hay mascarillas, jarabe para la tos, un termómetro y una caja de paracetamol para los niños, que tienen todos síntomas de COVID. Les acompañaban los vecinos y activistas de la PAH, empeñados en hacer llamadas con los abogados y tranquilizar a Fabiola y a los niños, que no quisieron ir al colegio por miedo a que al salir de clase no pudiesen volver a su casa.
Las últimas noticias que tenían del abogado de oficio es un correo del viernes donde consideraba improbable que consigan parar el desahucio. “Lo único que puede hacer es llorarle a la comisión y le pueden dar algún día más”, decía en el mismo mensaje. De hecho, esta misma persona protagonizó una escena surrealista cuando una vecina pidió a gritos “una solución de vivienda digna” para la familia. “Póngaselos usted en casa”, le respondió el abogado, sin saber que ella también fue desahuciada en Navidad.
Cuando finalmente llegó la hora del desalojo, la comisión judicial y la Policía municipal se han encontrado con unos veinte activistas de la PAH, esperándoles en el portal del edificio. Fabiola, encogida en una manta, llevaba a su hija de cuatro años de la mano, que no se quiso quedar arriba juntos a sus hermanos. Tras un primer momento de tensión, cuando la comisión judicial ha insistido en la necesidad de ejecutar el desalojo en jornada, la familia ha conseguido aportar el parte médico del Hospital y aplazar el desahucio hasta el 27 de febrero.
La PAH seguirá luchando para que la familia de Fabiola se quede en la vivienda al menos hasta mayo, algo que para ellos coincide con las medidas del escudo social que el Gobierno prorrogó en diciembre. Además, van a recurrir al comité de derechos humanos de la ONU, que ya en otras ocho ocasiones ha recriminado a España por vulnerar el derecho a la vivienda. “Fabiola se queda. No un mes más, ni dos. Se quedan hasta que el Estado le proporcione una vivienda digna”, reclama Velázquez.