El Partido Popular gobernó durante 24 años en la capital. Ganó las últimas elecciones de mayo de 2015 pero la pérdida de la mayoría absoluta y su falta de apoyos les han dejado en la oposición.Un mes antes de su dimisión en abril, Esperanza Aguirre presumía de que la labor de oposición que ejercía el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid era “trascendental”. Para la ya exportavoz popular, servía para “mostrar a los ciudadanos madrileños” el “carácter totalitario” del Gobierno de Ahora Madrid y de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Purificación Causapié, portavoz socialista en el Consistirio, describió en una entrevista en eldiario.es esa oposición como de “crispación y confrontación”, que “no entra en los temas de importancia para la ciudad” y que se queda en “la anécdota”. Causapié se refería a la última batalla que ha protagonizado el Partido Popular con el Gobierno de Ahora Madrid por el acto a favor del derecho a decidir que iba a celebrarse en un espacio municipal cedido por la Junta de Distrito de Arganzuela y que un juez ha suspendido tras el recurso presentado por el grupo municipal popular.
Esta última polémica es un ejemplo más de esa estrategia de oposición, aseguraba la portavoz socialista, que ve en la figura del actual portavoz del PP, José Luis Almeida, la continuidad de la estrategia que comenzó su antecesora Aguirre.
Durante estos más de dos años de Gobierno de Carmena, el Partido Popular ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que únicamente se ha suspendido durante los meses de agosto, cuestiones que trascienden más allá de lo municipal entre las que se encuentra Venezuela, ETA o Catalunya. Venezuela ha sido el tema preferido de los conservadores en los plenos: hasta en cuatro ocasiones el Partido Popular se ha referido al país latinoamericano con tres proposiciones de Percival Manglano y una pregunta de Íñigo Henríquez de Luna.
Pero fuera de los plenos el Partido Popular también ha librado sus propias batallas. La polémica anterior a la cuestión catalana la iniciaron con la solicitud para que la alcaldesa colgase una pancarta en honor a Miguel Ángel Blanco de la fachada del edificio de Cibeles. A la propuesta liderada por Almeida se sumó la plana mayor del Partido Popular que llegó a calificar a Carmena de “miserable”. El asunto desembocó, en lo que tanto Ahora Madrid como PSOE describieron como una “encerrona” cuando en un acto programado por los populares al que acudió la alcaldesa el terminó siendo abucheada.
Tribunales
Pero si hay un lugar donde el Partido Popular ha desplegado toda la artillería ha sido en los tribunales. El recurso contra el acto por el derecho a decidir ha sido un caso más de la larga lista de temas por los que el PP ha llevado al Gobierno municipal a los juzgados. La primera vez fue cuando dos titiriteros acabaron en la cárcel tras representar la obra teatral La bruja y Don Cristóbal, donde se expuso el mensaje “Goraalkaeta”. El grupo Municipal Popular presentó una denuncia contra Celia Mayer, por aquel entonces delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, por “colaboración en enaltecimiento del terrorismo y desprotección de menores”.
Los conservadores también llevaron a los tribunales la comisión de investigación sobre la deuda de Madrid que investiga su incremento durante los últimos gobiernos del Partido Popular. El PP argumentó que la comisión tenía como único objetivo atacar a los Gobiernos populares y al partido. El juez de primera instancia les dio la razón y el Ayuntamiento ha troceado las causas para poder seguir investigándolas.
Los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer están citados a declarar ante la juez de Instrucción número 21 de Madrid “en concepto de querellados” el próximo 18 de septiembre por el caso Open de Tenis, tras la admisión a trámite de la querella presentada por el grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid. Se les investiga por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. El Partido Popular se querelló contra los edilesdespués de que éstos presentasen una denuncia ante la Fiscalía por el contrato firmado entre el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y los organizadores del Open de Tenis.
También hubo amenazas en este sentido que nunca se materializaron. El caso más famoso fue cuando Esperanza Aguirre anunció que llevaría a los tribunales al Ayuntamiento por el cierre parcial de la Gran Vía durante el periodo navideño. “A los tribunales iremos seguro a denunciar esto, porque es inconcebible”, aseguró la expotavoz que tachó la medida de “fundamentalismo medioambiental”. La denuncia nunca llegó.