La operación de venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, impulsada por el Ayuntamiento de Ana Botella (PP), da un paso definitivo en los tribunales tras cinco años de lucha judicial de los afectados y dos archivos que dieron carpetazo al caso.
La Audiencia Provincial ha ordenado esta semana al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que dé por concluida la investigación y pase a la siguiente fase, la que con toda probabilidad sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la alcaldesa Ana Botella, cuya Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a la venta en 2013.
La exalcaldesa no figura como investigada en la causa, y ya no hay posibilidades de que eso ocurra porque se ha cerrado la fase de instrucción, pese a que el Tribunal de Cuentas sí la considera responsable del perjuicio patrimonial que produjo aquella operación por la que se vendieron 18 bloques de viviendas al fondo de inversión Blackstone por 23 millones menos de su valor real. Botella, por tanto, no se sentará en el banquillo, aunque es más que probable que tenga que declarar ante el juez como testigo a petición de las acusaciones, según han avanzado los letrados del grupo municipal socialista y de la Asociación de Afectados por la Venta a eldiario.es.
Esta causa, se lamentan las acusaciones, finalizará sin señalar a los responsables políticos de la venta, que se llevó a cabo “vulnerando las más elementales reglas de gestión”, según un informe de la Cámara de Cuentas del año 2016. Los únicos dos investigados son el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere (una empresa dependiente de Blackstone), Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.
“Nos parece que la causa va a quedar coja. En la sentencia del Tribunal de Cuentas ya aparece responsabilidad por alcance de la Junta de Gobierno. Ahora que se ha agotado el periodo de instrucción no hay más posibilidades”, explica Adolfo Barrera, abogado del grupo municipal socialista. El PSOE fue el partido que impulsó, junto a la Asociación de Afectados, la querella que desencadenó la investigación penal.
Dos intentos de archivo
La causa permanecía encallada en la fase de instrucción desde el año 2014. “El juez se ha mostrado renuente a la continuación y la ha sobreseído dos veces. Las dos veces la Audiencia Provincial le ha llamado la atención”, apunta Mariano Benítez de Lugo, el abogado que representa a la Asociación de Afectados. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid, donde fue a parar esta causa, no ha apreciado en todos estos años indicios sólidos de delito en las actuaciones: dio carpetazo a la investigación en 2017 y, otra vez, en enero de 2019.
Este último sobreseimiento se firmó tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su gobierno en una sentencia que describía profusamente las irregularidades escondidas detrás de la operación: se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. Las actuaciones ni tuvieron “justificación jurídica” ni “motivación económica admisible” porque “no se valoraron otras posibilidades” y llevaron a cabo en unas “condiciones” que generaron perjuicio a las arcas públicas.
La Audiencia Provincial corrigió dos veces el criterio del magistrado de instrucción para reabrir la causa volcando sobre los autos las conclusiones de investigaciones realizadas al margen de la justicia por órganos administrativos (la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas). Pero esta segunda reapertura no es igual que la primera: esta vez los magistrados van un paso más allá y empujan la causa hacia el juicio oral. En cuanto se abra el procedimiento abreviado, el asunto pasara además a manos de otro magistrado. Ya sea un juez de lo penal o de la Audiencia Provincial, que ya se ha mostrado contundente en sus autos.
Los afectados: seis años de espera
Los afectados y sus abogados aseguran que están “esperanzados”, aunque también expresan que los tiempos judiciales se encajan mal con las necesidades personales. Muchos ya suman a las espaldas seis años de incertidumbre y angustia: primero sorpresa y desconocimiento –nadie les avisó de que sus viviendas, a las que habían entrado a vivir tras esperar una lista y cumplir unas condiciones de renta, iban a ser vendidas con ellos dentro–, después incertidumbre ante las subidas reiteradas y sin control público de los precios del alquiler.
En algunos casos también desahucios por impago; o huidas anticipadas por el miedo a que sucediera; o vueltas atropelladas a casa de familiares. O, en el mejor de los casos, resistencia con ayuda económica de otros. eldiario.es pasó una tarde con un grupo de vecinas de un bloque vendido: “Si he podido seguir aquí es porque he pedido dinero a mis padres”, contaba Beatriz. “Mi padre también me ha ayudado”, le seguía Ana.
Lo que queda de camino judicial, dicen los abogados, estará marcado por otras dos variables: la posición del Ministerio Fiscal y la de la EMVS si se produce un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La Fiscalía se ha mantenido hasta ahora alineada con la postura del juez de archivar el caso. Lo mismo ha pasado con otra venta paralela de viviendas públicas del IVIMA, impulsada el mismo año con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. “El fiscal siempre ha estado poco proclive a la investigación del caso”, sostiene Benítez de Lugo.
¿Qué pasa si hay cambio de gobierno?
Por otro lado está la EMVS. La misma empresa pública que se despatrimonializó la empresa por orden del Gobierno de Ana Botella ahora es acusación particular en el caso, pese a que, como entidad, podría ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria. Los afectados temen que, con un probable cambio de color político del Ayuntamiento con la entrada de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo equipo abandone la causa. Fuentes cercanas a Almeida descartan desvelar por el momento su postura a este respecto. El propio candidato del PP defendió la venta en una entrevista en La Sexta este mismo martes, en la que aseguró que desconoce si habría tomado la misma decisión pero que entendía los motivos de la venta.
La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso partió de una denuncia de la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid como estableció la comisión de investigación del propio Consistorio en 2017. El Tribunal de Cuentas concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia asegura que “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos).
Tanto Botella como los demás condenados han recurrido la sentencia y piden su absolución. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha presentado un recurso y solicita que se multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre: pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.
¿Si hay condena se revierte la venta?
El Ayuntamiento de Madrid solicitó tras la comisión de investigación que la venta se revirtiese, algo para lo que necesitaban una aprobación de la Comunidad de Madrid que lo denegó. Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, el Consistorio estudió volver a pedir la anulación, pero fuentes de la corporación local confirman a eldiario.es que nunca se ha tramitado esa solicitud.
¿La justicia obligará a revertir el proceso y que las viviendas vuelvan a incorporarse a la cartera pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo? Es otra de las preguntas que surgen ante este proceso de desenlace incierto. Si los señalados como responsables son condenados, “la venta es una consecuencia de esos delitos”, considera Benítez de Lugo, que anticipa que una condena conllevaría también la anulación de la operación.
El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).
Este escenario se complica si se tiene en cuenta que Blackstone ya ha incluido en su próximo paquete de ventas al menos 10 de los 18 bloques que compró al Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo en 2013. “Hay terceros que de buena fe han hecho caja. El fondo compró en época de crisis para luego vender y hacer negocio”, afirma Adolfo Barreda.