Castilla y León sigue manteniendo monumentos y calles con nombres franquistas

Con requerimientos, o sin ellos. Pese a advertencias legales, o sin ellas. La realidad es que Castilla y León es de las comunidades autónomas que más se resiste a asumir a la Ley de la Memoria Histórica, en vigor desde 2007. Una Ley que obliga “a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, está denunciando en diversos juzgados de Castilla y León el incumplimiento de la normativa. Y lo está haciendo de forma clara contra los alcaldes que no están tomando las medidas para que cumpla, “por la comisión de un delito de la desobediencia y denegación de auxilio” y subsidiariamente “de la comisión de una falta contra el orden público”.

Sin embargo, las denuncias se quedan cortas. Porque la realidad es que Castilla y León, y la mayor parte de sus municipios continúan con calles de nombres falangistas, con monumentos o con recuerdos de aquella etapa.

El caso más conocido es el de Valladolid, que un Juzgado ordenó la retirada de una docena de nombres de calles y de un puente que cruz el Pisuerga. Lo ha hecho. El Juzgado considera que ya es suficiente. Pero desde el Ateneo Republicano, que hizo un informe en el que se especifica una treintena de símbolos franquistas, se considera que “todavía siguen igual muchos símbolos”, como dijo Orosia Castán a Radio Valladolid.

En el caso vallisoletano llama la atención un megalómano monumento a Onésimo Redondo, en el Cerro de San Cristóbal que sigue en pie, pero que el Ayuntamiento de Valladolid concedió ya su retirada. Para su desmantelamiento se fijó un presupuesto de 108.000 euros, que es propiedad del Ministerio de Industria y cuyo destino será el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.

En la capital salmantina también es clamoroso el olvido de esta Ley. La Plaza Mayor todavía luce el escudo de Franco. En uno de los parques de Salamanca aun pervive el monumento a la fusión de las dos Falanges. Una de las plazas en el barrio histórico de la ciudad se sigue llamando de los Caídos. El Palacio de Justicia tiene un escudo preconstitucional en su fachada, igual que el edificio del antiguo Banco de España y el de la Subdelegación del Gobierno. El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, preguntado en septiembre de 2012 por la retirada de estos vestigios del franquismo se limitó a decir: “haré lo que marque la Ley”. Y lo repitió hasta en tres ocasiones.

En la provincia salmantina, ocho pueblos mantienen el nombre de calles franquistas: en Pelabravo, Aldehuela de la Bóveda, Pedrosillo de Alba, Arapiles y Villaflores siguen las calles Salas Pombo; en Vecinos, se mantiene la calle José Antonio; y en Villares de la Reina, las de Salas Pombo y José Antonio. En Fuentes de Oñoro continúa habiendo las calles Generalísimo, General Mola, General Sanjurjo, José Antonio y Salas Pombo, según publicó hace meses La Gaceta.

El resto de municipios que el abogado Ranz denunció son:

Astorga (León): en la fachada del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en la calle Ramiro, placa acogimiento normativa viviendas protección oficial.

Ávila: en Biblioteca Pública de Ávila, un escudo franquista en piedra, sobre la puerta antigua de acceso a la biblioteca por calle Tostado, hoy salida de emergencia de la sala infantil y juvenil.

Burgos: en el Monasterio de las Huelgas, una placa relativa al juramento de 1937 por el General Franco y Consejeros Nacionales.

Fuentes de Oñoro (Salamanca): en la sede de Economía y Hacienda, en la fachada principal y dorso, permanece un águila imperial con yugo y flechas, acompañada del lema ‘Una, Grande y Libre’, tallada en piedra Villamayor de 1,30 x 0,90 m.

Las Navas del Marqués (Ávila): en el Castillo Palacio de Magalia, en el recibidor hay una inscripción conmemorativa en latín que alude a la Falange femenina y a Francisco Franco.

Medina del Campo (Valladolid): en el Acuartelamiento ‘Marqués de la Ensenada’, en la parte superior de los dinteles hay dos escudos preconstitucionales.

Palencia en el Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial hay una placa en mármol con la inscripción: “Esta casa de Justicia fue inaugurada por el Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi y Bañales, ministro de Justicia durante el Gobierno del Jefe del Estado Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde (XVIII-VI-MCMLVII)”. Además, en la fachada del edificio principal de la fábrica cedida a la empresa general Dynamics hay una placa conmemorativa de la participación del regimiento de Villarrobledo en el alzamiento nacional.

Villamuriel de Cerrato (Palencia): en la sede de defensa del polvorín, en la pared del camino por el que se accede a las galerías de almacenamiento, hay un escudo preconstitucional.

 

Con requerimientos, o sin ellos. Pese a advertencias legales, o sin ellas. La realidad es que Castilla y León es de las comunidades autónomas que más se resiste a asumir a la Ley de la Memoria Histórica, en vigor desde 2007. Una Ley que obliga “a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, está denunciando en diversos juzgados de Castilla y León el incumplimiento de la normativa. Y lo está haciendo de forma clara contra los alcaldes que no están tomando las medidas para que cumpla, “por la comisión de un delito de la desobediencia y denegación de auxilio” y subsidiariamente “de la comisión de una falta contra el orden público”.