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Una comisión para investigar la desidia que obliga a Valladolid a pagar 20 millones de euros
La comisión de investigación fue aceptada por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Una forma de investigar los motivos que han llevado a que sea el propio Ayuntamiento vallisoletano el que tenga que pagar 20 millones de euros, por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valladolid. Una cantidad que proviene de “la desidia” municipal, como reveló a finales de enero Óscar Puente, presidente del Grupo Socialista.
El conocido como ‘caso Zambrana’ es más que antiguo. Nació en 1943, con una expropiación que se realizó para construir el Centro Zambrana, para atención a menores. La familia propietaria de esos terrenos y la Junta de Castilla y León acodaron en 2007, tras años de conversaciones, la reversión de más de 53.000 metros cuadrados.
Además, tuvo que volver a «ceder gratuitamente» al Ayuntamiento otros 15.000 metros cuadrados para abrir una calle de acceso al hospital Río Hortega, de nueva construcción en esa zona. Y denunciaron que el Consistorio utilizó más de 20.000 metros cuadrados de su propiedad para viales y rotondas sin «comunicarles jamás la desafectación para tal fin».
Por ello, a partir de ese momento los propietarios de los terrenos comenzaron a pedir una nueva expropiación para «compensarles» y que en ella no se valoren sólo 50.000 metros, para las que la Comisión Territorial de Valoraciones fijó un justiprecio de 16.774.328,12 euros sino que se tengan en cuentan los casi 43.000 metros cuadrados que se utilizaron para construir los accesos al Río Hortega.
Posteriormente, en octubre pasado, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid aprobó dar un uso residencial a la parcela sobrante.
Pero los propietarios siguieron litigando con los silencios de Junta de Castilla y León y Consistorio vallisoletano que han concluido en la sentencia de los tribunales.
Para Óscar Puente, “se trata de una actitud continuada de desidia, de una responsabilidad clara de quienes, ocupados en satisfacer las demandas urbanísticas de sus amigos, renunciaron a resolver un conflicto que ponía a las arcas municipales en serio peligro”.
Ahora, el mayor crítico, el presidente del Grupo Socialista en el Ayutnamiento, será el que presida la comisión de investigación. Y ya ha aceptado que Javier León de la Riva sea el primero en comparecer ante esta comisión para dar sus explicaciones.
Tendrá la oportunidad de preguntar al alcalde sobre lo que a finales de enero el propio Óscar Puente denunció: “La respuesta del Ayuntamiento –desde 2008, casi seis años de inacción- sigue siendo el silencio, hasta que el asunto llega a los tribunales, con el resultado que ahora conocemos”.
El portavoz socialista, Javier Izquierdo, dijo que “se cumplirán 20 años de gobierno de Javier León de la Riva”, y esta sentencia, cuyo coste económico supone el 8% del presupuesto municipal, se traduce en “un coste de un millón por año en la gestión de este alcalde, un indolente gestor causante de una sentencia de trascendencia dramática”.
Por su parte, Manuel Saravia, portavoz de IU en el Ayuntamiento vallisoletano, reveló que “existe una gravísima responsabilidad de las administraciones local y autonómica por no saber o por no hacer nada para evitar la reversión a la propiedad privada de unos terrenos que eran públicos desde 1943, cuando se produjo la expropiación original”.
La comisión de investigación fue aceptada por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Una forma de investigar los motivos que han llevado a que sea el propio Ayuntamiento vallisoletano el que tenga que pagar 20 millones de euros, por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valladolid. Una cantidad que proviene de “la desidia” municipal, como reveló a finales de enero Óscar Puente, presidente del Grupo Socialista.
El conocido como ‘caso Zambrana’ es más que antiguo. Nació en 1943, con una expropiación que se realizó para construir el Centro Zambrana, para atención a menores. La familia propietaria de esos terrenos y la Junta de Castilla y León acodaron en 2007, tras años de conversaciones, la reversión de más de 53.000 metros cuadrados.