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Quieren conocer los hilos de la Gürtel en Castilla y León, con Jesús Merino como supuesto artífice

Ha sido necesario un auto judicial para que el PSOE de Castilla y León mueva ficha e intente investigar las ramificaciones del ‘caso Gürtel’ en esta región. Quizá el principal partido de la oposición en las Cortes regionales ha esperado demasiado tiempo, pese a las sospechas y la documentación que ha circulado por su sede. Pero la realidad es que ahora, el recién elegido secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca, da un paso adelante y anuncia que pedirá una comisión de investigación en las Cortes sobre esta trama.

En el auto del juez Ruz, se asegura que Luis Bárcenas y Jesús Merino, entre los años 2000 y 2007, “con la colaboración de Jesús Sepúlveda, convinieron con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalecerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían, fundamentalmente de la Comunidad de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de las empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo”.

A la vista de este escrito judicial, Luis Tudanca dice que “no hay más que leer los párrafos del auto en el que se describe las implicaciones del entonces vicepresidente de la Junta, consejero de Fomento y secretario general del PP de Castilla y León y posteriormente diputado y senador Jesús Merino, imputado junto a otros en esta causa”.

Además, Tudanca se ha preguntado “a quién adjudicaba y con quién contrataba, además de con quién utilizaba esta mediación, cuánto dinero se ha dejado de invertir en Castilla y León y cuánto se ha recortado mientras otros se lucraban”. Por ello, lanza un aviso al PP, según el cual los socialistas no van «a pactar, ni negociar ninguna medida sobre transparencia y regeneración hasta que el PP acceda a investigar y luego asuma responsabilidades».

“El PP debería avergonzarse porque está asediado por los casos de corrupción en Castilla y León, trama Púnica, Ciudad del Medio Ambiente de Soria, contratación irregular en diputación de Salamanca... y Gürtel”, añade el responsable del PSOE en esta región.

El que fuera uno de los principales dirigentes del PP en Castilla y León, Jesús Merino, dejó su escaño como diputado del PP al estar imputado en el 'caso Gürtel’, y según un informe de la Agencia Tributaria, cobró entre los años 2002 y 2008 805.300 euros procedentes de actividades que sus empresas mantuvieron con sociedades vinculadas a la red liderada por Francisco Correa.

Estos ingresos los recibió a través de las sociedades Serrano 50 Global Consulting, Algaba Consultores, Everland y Fuentelavanda, de las que era propietario junto a su familia o estaban controladas por supuestos testaferros.

 El juez Pablo Ruz imputa a Merino los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, apropiación indebida, contra la hacienda pública y estafa procesal en grado de tentativa.

En concreto, una de las adjudicaciones que cita el auto judicial se refiere a la realizada para la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, en el municipio de Gomecello (Salamanca), con una supuesta comisión de 120.000 euros, que fueron para Merino y para Luis Bárcenas.

Ha sido necesario un auto judicial para que el PSOE de Castilla y León mueva ficha e intente investigar las ramificaciones del ‘caso Gürtel’ en esta región. Quizá el principal partido de la oposición en las Cortes regionales ha esperado demasiado tiempo, pese a las sospechas y la documentación que ha circulado por su sede. Pero la realidad es que ahora, el recién elegido secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca, da un paso adelante y anuncia que pedirá una comisión de investigación en las Cortes sobre esta trama.

En el auto del juez Ruz, se asegura que Luis Bárcenas y Jesús Merino, entre los años 2000 y 2007, “con la colaboración de Jesús Sepúlveda, convinieron con Pablo Crespo y Francisco Correa prevalecerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían, fundamentalmente de la Comunidad de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de las empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo”.