Un total de siete personas han sido detenidas por su presunta implicación en el asalto violento al pleno en un edificio municipal de Lorca (Murcia) el pasado lunes. Seis de esas detenciones se han practicado hoy, tras entregarse en comisaría al menos tres de los sospechosos.
La noticia de las nuevas detenciones, adelantada por El País, llega horas después de que el concejal de Seguridad y Urbanismo, José Luis Ruiz, haya detallado que la identificación de seis sospechosos ha sido posible gracias al visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y de los vídeos de teléfonos móviles captados durante el asalto.
Además, el Ayuntamiento de Lorca ha anunciado que se personará en la causa judicial contra los asaltantes al pleno municipal mediante la interposición de una querella criminal “en defensa de la libertad y de la democracia”, según ha dicho la portavoz del equipo de Gobierno, Isabel Casalduero, que ha calificado estos hechos de “graves”, por lo que “deben ser investigados”.
Los servicios jurídicos del ayuntamiento han emitido un informe que recoge que el asalto al pleno y los actos de protesta previos pueden ser constitutivo de delito en aplicación de los artículos 505, 514, 550 y 556 del Código Penal.
Un posible delito de coacciones y amenazas
En esos artículos están tipificados delitos de coacciones y amenazas a corporaciones locales, contra el ejercicio de la legítima libertad de reunión, de incitación al odio, resistencia y desobediencia grave a la autoridad.
Casalduero ha dicho que el equipo de Gobierno no solo quiere que se esclarezca “quienes son los autores materiales responsables de los hechos, sino quienes fueron los instigadores, los autores intelectuales del asalto violento a una sede municipal”.
El Ayuntamiento quiere saber “quién dio instrucciones, quién desinformó y quién alentó las protestas” del sector ganadero que desencadenó un episodio de “violencia totalmente censurable”, ha añadido durante una comparecencia ante los periodistas, acompañada por el vicealcalde, Francisco Morales, y el edil de Seguridad y Urbanismo, José Luis Ruiz.
Según ha comentado, el ayuntamiento sigue la evolución de las investigaciones sobre los altercados que llevan a cabo de forma coordinada la Policía Local y Nacional, y que dirige este último cuerpo, que también instruye las diligencias correspondientes.
Además, está pendiente “de los primeros pasos que se den en los juzgados”, ya que “el ayuntamiento se personará en el procedimiento como parte interesada en el esclarecimiento de los hechos”, ha añadido.
Ha aclarado que estas medidas judiciales no se adoptan en contra del sector ganadero porque “esclarecer lo sucedido beneficiará a los ganaderos que ejercen su actividad con total legalidad y que reprueban el ejercicio de la violencia”.
En libertad con cargos
El concejal de Seguridad no ha podido ofrecer datos sobre las pesquisas que en el mismo sentido está realizando el Cuerpo Nacional de Policía aunque ha confirmado que el primer detenido por los sucesos, que se entregó a la Policía Local en la tarde del martes, ha quedado en libertad con cargos, acusado de la agresión a un agente.
Asimismo, ha explicado que el análisis de las grabaciones no solo permitirá identificar a las personas que asaltaron el edificio, que fueron unos 30, sino el grado de participación de cada uno de ellos en los hechos, ya que aunque “irrumpieron por la fuerza en un edificio público no todos hicieron lo mismo”, ha dicho el edil.
Ruiz ha pedido “tranquilidad” para dejar trabajar a las fuerzas de seguridad porque es “un trabajo que hay que hacer despacio”, y se ha mostrado convencido de que en la investigación policial se va a “llegar hasta el final”, porque no solo se trata de identificar a los que participaron “sino también a los que instigaron”.
Ha informado de que en el visionado de las imágenes del asalto se aprecia como un grupo de exaltados accede desde la retaguardia de la manifestación hasta el doble cordón policial, al parecer en respuesta a una orden.
“Parece ser que estaban organizados y habrá que determinar si recibieron algún tipo de instrucción que fue el pistoletazo de salida para que irrumpieran en el edificio y arrollaran a los policías que estaban en la puerta”, ha dicho en su comparecencia.
Ha abundado en que muchos de los asaltantes no eran ganaderos de porcino, los únicos a los que afectaba el cambio normativo que se iba a debatir en el pleno, y también que el consistorio tiene que constatar aún si la manifestación previa al asalto había sido autorizada por la Delegación del Gobierno.
También ha puesto el acento en una asamblea del sector ganadero celebrada el pasado viernes por la tarde en un restaurante de la huerta, en la, según ha dicho, que se acordó la manifestación del lunes, y se orquestó la protesta, y a la que acudieron representantes de los grupos municipales del PP y Vox.