Los opositores suspensos en la convocatoria de Educación Secundaria en la Región de Murcia se han reunido el sábado 7 de julio para trazar una estrategia que les permita revertir su situación.
La reunión tuvo lugar en el aulario de la Universidad de Murcia situado en la Merced y concentró a decenas de aspirantes que se consideran “víctimas de un proceso encubierto para suspender a la mayoría para no cubrir las plazas ofertadas”, declara Soraya Ruiz a eldiario.es
El origen de esta situación se sitúa en el pasado 23 de junio, fecha en la que se celebraron las oposiciones al cuerpo de funcionarios docentes en Educación Secundaria. Si se analizan los datos de aprobados y suspensos encontramos disciplinas como Inglés (15 % de aprobados) o Matemáticas (40 aprobados de un total de 450 candidatos) en las que “la masacre”, como ellos mismos han denominado a estos exámenes, es notable.
Por tanto, los opositores afectados de todos los cuerpos y especialidades se van a poner en marcha para “luchar por las oposiciones que acabamos de hacer, conseguir el derecho a la revisión del examen de manera presencial y denunciar públicamente los criterios adoptados por los tribunales para calificar los exámenes”, decidieron los asistentes durante la reunión.
Pero estos opositores van más allá de intentar mejorar su situación personal y solicitan “un sistema de acceso justo a la función docente para el futuro”. A pesar de la celeridad con la que se han producido los acontecimientos, los afectados han podido consensuar las líneas básicas de actuación para conseguir sus reivindicaciones: presencia en medios de comunicación, creación de una plataforma abierta a todos los docentes o manifestaciones públicas. Asimismo, consideran que sus objetivos son ambiciosos por lo que no descartan llevar el tema a la justicia y presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Asamblea Regional.
Los afectados creen que todo se solucionaría si sus oposiciones fueran iguales a las del resto de cuerpos de funcionarios del Estado: “ Pedimos transparencia, imparcialidad, con exámenes que sean tipo test y corregidos por una máquina, y un temario oficial”, exigieron los asistentes a la reunión.
Cabe destacar que los aspirantes cuentan con la colaboración de José Mateos, el abogado de AIDMUR que consiguió que el TSJ considerara ilegal el despido de los docentes interinos en verano.
“Cuando salieron las notas no podía creer lo que mis ojos veían”
Soraya Ruiz es una de las afectadas más activas en redes sociales. Ella es aspirante a profesora de inglés y no tiene miedo en mostrar al público sus quejas, a pesar de que el caso del profesor Ángel Luis Hernández (el presidente de AIDMUR que casi se queda fuera de las listas de oposiciones a Secundaria por “un error administrativo”) todavía esté en la memoria de muchos.
“Como muchos de mis compañeros, he compaginado mi trabajo como docente con el estudio de las oposiciones yendo a un preparador, por lo que además de las horas dedicadas también ha supuesto un coste económico. Me presenté con ilusión, me encanta mi trabajo”, expresa Soraya Ruiz mientras comenta las características de su examen de oposición: “En primer lugar, hicimos un práctico de 30 preguntas para realizar en menos de dos horas y media; después el teórico, donde salían 5 temas de los 69 que teníamos que estudiar”.
La opositora comenta a este periódico que ella y sus compañeros salieron con las sensaciones propias del trabajo bien hecho: “escribí 8 páginas con su legislación, bibliografía, conclusión... Salí con expectativas al igual que muchos. El lunes posterior salieron las notas. Creo que ni yo ni ninguno de nuestros compañeros podíamos creer lo que nuestros ojos veían”, lamenta Ruiz y señala que el 85% de los opositores por la especialidad de profesor de inglés suspendieron, la mayoría con notas que van de 0 a 1.
Una de las reivindicaciones más importantes que hacen estos opositores es que puedan consultar el examen realizado: “No tenemos derecho a ver nuestro examen. Si hasta los niños de primaria tienen derecho a ver sus exámenes e incluso a obtener una fotocopia de su examen, ¿Por qué nosotros, que nos jugamos un puesto de trabajo y mucho más, no tenemos ese derecho?”, argumenta una Soraya Ruiz que afirma que va a “luchar hasta el final y a coordinar una red con los distintos grupos de afectados de España”.