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“Cartagena es una de las zonas con más trabajadores expuestos al amianto de España”

Marta Barrera, abogada del Colectivo Ronda

África Gelardo Arrebola

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Marta Barrera es letrada en el Colectivo Ronda, una cooperativa de abogados que se fundó en 1972 en Barcelona para defender los derechos de los trabajadores y que, desde su comienzo, ha llevado casos de afectados por amianto, un mineral compuesto por fibras que son altamente peligrosas para la salud que están relacionadas con diversos tipos de cáncer.

Ronda trabaja con la Asociación de Perjudicados y Afectados por Amianto (Apena) de Murcia para concienciar e informar a la población de los peligros que supone esta fibra, y de las posibilidades que tienen los trabajadores que han estado expuestos durante años y sufren las consecuencias de ese contacto en forma de cáncer.

“Primero empecé con los estibadores del puerto de Barcelona porque todo el amianto que entraba en 'Uralita o Rocalla', que era otra fábrica del grupo, estaba en el muelle y lo descargaban ellos”, cuenta Barrera. La letrada también ha trabajado con empleados de empresas de hornos, de gas, incluso con empresas de aguas, ya que, según asegura, “las tuberías de todos los ayuntamientos de España son de amianto”.

Desde el año 2000, que fue cuando empezó en el despacho de abogados, ha llevado más de 200 casos, entre los que se incluyen los denominados 'pasivos'. “Podemos encontrarnos con dos tipos de casos: los ambientales, con afectados que vivían cerca de las fábricas; y los domésticos que eran, normalmente, mujeres o hijas mayores que lavaban la ropa del trabajador. Esto es un incumplimiento que se ha dado en todas las empresas de España”, critica Barrera.

La letrada señala que a los empleados se les debía facilitar la ropa de trabajo y una doble taquilla separada. “En uno de los dos espacios guardaban la vestimenta que traían de casa. En el otro dejaban la ropa de trabajo, contaminada con amianto, al salir de su jornada laboral. Supuestamente la empresa le practicaba al uniforme un lavado especializado. Nunca lo hacía”. Además, Barrera indica que la ropa debía reunir una serie de condiciones que “nunca se cumplieron”.

En lo que respecta a los casos de mesotelioma en afectados pasivos hay una desventaja según especifica la abogada y es que desde el diagnóstico o fallecimiento “solo hay un año para reclamar una indemnización de daños a la empresa”; es decir, que prescribe. En estas reclamaciones en pasivos por mesoteliomas, dos compañeras de la abogada han ganado un par de sentencias contra Uralita “por un valor de más de dos millones de euros”.

Asimismo, en España se da otra reclamación particular: el recargo de prestaciones por falta de medios de seguridad. Es decir, el trabajador o la viuda tienen derecho a cobrar cada mes de pensión entre un 30-40 por ciento más. Para poder solicitar el pago se dispone de un plazo de cinco años, según explica la abogada.

La contaminación por amianto en Cartagena

En el municipio murciano los casos de afectados 'pasivos' apuntan a las cónyuges de los trabajadores de empresas como la constructora Navantia o la refinería de Repsol. En la central petrolera, según indica la abogada, el amianto se encontraba en los conductos, ya que es un material ignífugo: “No afirmamos que todos los trabajadores estuvieran expuestos, pero los de mantenimiento seguro, y hay sentencias que lo dicen”.

“Cartagena es una de las zonas con más trabajadores expuestos al amianto, entre Navantia y Repsol, de toda España. De hecho, se llegó a un acuerdo con el hospital Santa Lucía y el Vall d’Hebrón para contar las fibras de amianto en los tejidos. Sin embargo, nunca se han entregado las muestras a Barcelona, a pesar de que la técnica es bastante invasiva para el afectado”, apunta Marta Barrera.

Entre los años 2000 y 2015 se han recogido 44 muertes de mujeres por mesotelioma, un cáncer específico relacionado con la exposición al amianto, en Cartagena, según un estudio del que se hizo eco Apena. Para Marta Barrera, este número en Cartagena está “muy por encima de la media en el resto de España”. Además, “como no había conocimiento, no se reclamó y no está reconocida ninguna de esas muertes por mesotelioma como derivado de la exposición al amianto por el trabajo de sus parejas”.

Por otro lado, las enfermedades laborales de los trabajadores no prescriben nunca, con lo que “cuando un trabajador viene al colectivo, lo primero que hacemos es pedir que se reconozca su enfermedad como profesional”.

“En toda España se ha podido demostrar en los tribunales superiores que el tabaco y el amianto tienen un efecto sinergético; es decir, suman, excepto en Cartagena”, lamenta Barrera. En la misma línea, afirma que en 2018 el despacho consiguió una sentencia del Tribunal Supremo en el que se declaró que “aunque el trabajador haya sido fumador no hay que descontar nada, debido a que la empresa debía informarle de este efecto multiplicador. Esto es importante, porque el Tribunal Supremo afecta a toda España”.

El 14 de marzo, a las 17:30, Marta Barrera asistirá junto con sus compañeras Raquel Lafuente y Esther Costa a la charla 'Amianto: ¿qué derechos tienen las víctimas y cómo ejercerlos?', organizada de forma conjunta por su colectivo y la organización Apena, presidida por Ricardo Torregrosa, que tendrá lugar en la UNED de Cartagena. El evento buscará informar a la población sobre los peligros de este material y las posibilidades que existen para los afectados. Según concluye la abogada, el asbesto supone un problema actualmente, ya que “se calcula que en el siglo XX se importaron 2,6 millones de toneladas de amianto en España. Está en todas partes”.

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