'Señor Mar Menor': entra en vigor la ley que da personalidad jurídica a este espacio natural para su protección

Tras una larga e intensa batalla popular, el Mar Menor ya tiene reconocidos sus derechos después de que este lunes se haya publicado en el BOE la ley que dota al espacio natural de personalidad jurídica y que salió adelante el pasado 21 de septiembre en el Senado con los votos a favor de todos los partidos políticos, excepto Vox. La nueva Ley, en su artículo 2, reconoce al Mar Menor y a su cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños. Además, del “derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente”.

Eduardo Salazar Ortuño, jurista especializado en Derecho Ambiental, recalca que con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) el Mar Menor ahora puede actuar judicialmente: “Pero, evidentemente, no puede ir a ningún sitio y necesitará unos representantes igual que un banco o una empresa tienen su consejo de administración”. En este caso, el Mar Menor va a contar con tres comisiones, tal y como se recoge en el artículo 3: una comisión de representantes, el comité de seguimiento y el científico. El primero estará formado por miembros de las administraciones públicas y de la comisión promotora de la ILP (tres por la Administración General del Estado, tres por la Comunidad Autónoma y siete por la ciudadanía).

La comisión de seguimiento estará integrada por los “guardianes y guardianas” de la laguna, entre los que se contarán representantes de los municipios ribereños o de cuenca designados por los respectivos ayuntamientos y que serán renovados tras cada período de elecciones municipales y miembros de asociaciones empresariales, sindicales, vecinales, de pesca, agrarias, ganaderas, de defensa medioambiental, de lucha por la igualdad de género y juveniles. Y el comité científico estará formado por expertos independientes especializados en el estudio del Mar Menor, propuestos por las Universidades de la Región de Murcia y Alicante, por el Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Murcia), por la Sociedad Ibérica de Ecología y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

'Señor Mar Menor'

El cambio “más relevante”, señala Ortuño, uno de los integrantes del grupo promotor de la ILP, es que a partir de ahora el Mar Menor podrá ejercitar sus derechos en procesos civiles y contencioso administrativos a través de sus representantes, que podrán plantear litigios en esos tribunales. “Hasta ahora se podía ejercer la acción popular penal en los tribunales penales, pero ahora se podrá ejercer directamente o a través del comité de representantes”.

Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente en la Región de Murcia, también coincide con que el principal cambio se producirá en los juzgados de lo contencionso-administrativo, más que en la jurisdicción penal, que continuará como hasta la fecha. “A partir de ahora todo tipo de actividad pública o privada que pueda incidir negativamente en el Mar Menor puede ser revisada ante los tribunales”, explica de Mata, quien pone como ejemplos la construcción de un nuevo puerto deportivo, un complejo hotelero, un balneario o la implantación de una empresa de lanchas a motor en el entorno de la laguna.

“En ese caso, habrá alguien distinto de un ciudadano, una administración o un gobierno que podrá alzar la voz y será el Mar Menor. El 'señor Mar Menor', aunque de momento nos suene extravagante, estará legitimado para pedir documentación sobre los proyectos que se vayan a llevar a cabo en su entorno, modificarlos o incluso anularlos Tendrán que darle audiencia porque es un sujeto con derechos propios con un interés en las causas en las que se vea afectado”, continúa el fiscal.

Sobre la posibilidad de que se colapsen los tribunales con denuncias en los próximos meses, el abogado Eduardo Salazar Ortuño lo descarta. “Pero, en cualquier caso, es como si dijésemos que va a haber muchas denuncias laborales; es que si las hay será porque hay muchas vulneraciones en ese ámbito”.

Ortuño destaca que la aprobación de la ILP ha significado un “gran logro democrático” porque solo se han conseguido aprobar dos Iniciativas Legislativas Populares de las ochenta que se han planteado en la democracia. “Y esta del Mar Menor, además, ha sido la única que ha llegado íntegra al Congreso y al Senado, y el texto se ha negociado con la comisión promotora”. Otro aspecto relevante para el abogado murciano es el “cambio ecocéntrico en la legislación española al considerar al ecosistema como un sujeto de derecho y no un objeto de explotación; es un referente para la Unión Europea y un mensaje a la sociedad en general y a los poderes públicos de que hay que cambiar nuestra relación con la naturaleza”.

Un “rayo de esperanza” en medio de unos “años sombríos”

“Desde 2016 -año en el que se produjo la sopa verde en el Mar Menor- hemos sufrido una conmoción importante; han sido unos años sombríos”, apunta De Mata. “Los episodios de anoxias o danas que tenemos desde entonces también afectan a la laguna. Nos habríamos quedado en un ambiente de pesimismo, por eso la ILP es un rayo de esperanza. Es una herramienta muy útil que, si se desarrolla como debiera, pondría sobre la mesa soluciones, si no definitivas, sí muy relevantes”, añade.

“Es un tema novedoso que va a requerir cierto esfuerzo tanto por parte de los jueces como de los abogados y los fiscales o la propia universidad. Es importante que el mundo jurídico lo apoye de forma honesta”, incide De la Mata.

El fiscal de Medio Ambiente también recuerda que “no van a dejar de pasar desastres de la noche a la mañana; las varitas mágicas no existen”. Compara la situación en la que se encuentra la laguna salada con la de un buque “que no puede frenar en seco, si frena lo hará con el tiempo”, y reconoce que las distintas administraciones “parece que se han puesto las pilas y eso ha sido gracias a la presión mediática, social y judicial”.

“El reglamento debe respetar la vocación de la ILP”

Ortuño pide que se desarrolle el reglamento de la Ley “cuanto antes” por motivos “estratégicos” de la legislatura del equipo de Gobierno que ha recogido el guante de la ILP, “para que se respete su vocación”. El abogado considera que el giro ambiental de la nueva Ley “ha venido para quedarse porque los procesos penales para algunas de estas cuestiones son muy largos y poco útiles, y la apertura de la vía civil y contencioso administrativa puede ayudar también a llegar a mediaciones y soluciones más rápidas a según qué problemas”. A medio plazo, apunta, “pienso en Doñana, Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro al acecho y veo que puede tener un efecto expansivo muy interesante”.

En cuanto a las posibles aplicaciones de la nueva ley, Ortuño señala la posibilidad de cuestionar la pervivencia de autorizaciones a actividades en principio legales, planificaciones urbanísticas o protecciones de espacios naturales insuficientes. “Hay una nueva vara de medir para muchas leyes que existen y nuevas oportunidades de llevar cuestiones a los tribunales que no protejan lo suficiente al Mar Menor”. Las leyes anteriores, puntualiza Ortuño, no han servido para mucho por distintas razones, “algunas causas se han analizado y otras no pero tiene que ver con la falta de aplicacion de normas ambientales que llevan 30 años protegiendo al Mar Menor y que llevan 30 años publicadas pero que no se han aplicado”.

De Mata cree que habría que incluir en los planes de estudio de la carrera de Derecho “una nueva asignatura que analizara cómo han fracasado las abundantes figuras de protección del Mar Menor” y que abarcan desde la legislación europea, pasando por la estatal a la autonómica y la municipal. “Nos preguntamos por qué no se han aplicado todas esas normativas”.