La segunda pieza del denominado 'caso Topillo', que investiga los vertidos tóxicos al Mar Menor, ha sido dividida en 39 causas para el enjuiciamiento separado de cada una de las empresas agrícolas del Campo de Cartagena sospechosas de contar con desaladoras ilegales que extraían agua del acuífero y expulsaban los 'rechazos' de sal y nitratos a una red de tuberías que desembocaban a la laguna. Los juzgados de San Javier, Cartagena y Murcia recibirán 22, 14 y 3 procedimientos, respectivamente.
El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, cumple con el mandato de la Audiencia Provincia de Murcia que el pasado diciembre de 2021 ordenó la división de la causa, al entender que se trata de múltiples delitos individuales que “carecen de conexidad entre sí”, sin valorar que las conductas de los agricultores puedan estar relacionadas con la prevaricación que se imputa a cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por omisión de inspecciones obligatorias sobre las desaladoras ilegales.
Las presentes actuaciones se incoaron a raíz de la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal en diciembre de 2017, en la que se hacían constar comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente por parte de altos cargos de la Consejería de Agricultura, de la CHS y por empresas agrícolas y empresarios individuales. También se dirigía contra la empresa que supuestamente facilitaba a los agricultores máquinas desaladoras y consumibles para estos mecanismos utilizados sin la preceptiva autorización. En esta pieza principal el juez apreció indicios de delito medioambiental contra empresarios, administradores o encargados de 38 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena.
Esa primera pieza del 'caso Topillo' ya fue despedazada en 26 piezas diferentes en febrero de 2018, pero volvió a ser reunificada por el juez Ángel Garrote en septiembre de ese mismo año. La Audiencia Provincial puede volver a ordenar de nuevo su división.
Con respecto a la primera pieza del 'caso Topillo', la fiscalía ha pedido un año y nueve meses de prisión y nueve de inhabilitación para el exconsejero del Gobierno murciano de Agricultura y Aguas Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, mientras que ha solicitado condenas de entre seis meses y seis años de prisión para 41 empresarios agrícolas y, en algunos casos, inhabilitación para administrar empresas agrícolas e indemnizaciones por responsabilidad civil que llegan a superar los dos millones y medio de euros por contaminar la laguna salada con nitratos procedentes de desaladoras ilegales.
Fue en julio de 2021 cuando se abrió esta segunda pieza separada, de la que se ha ordenado la división de las causas en tres juzgados de la Región de Murcia, al ampliarse el número de investigados por un nuevo conjunto de vertidos.
Prórroga de la instrucción
Por otra parte, el magistrado ha acordado la prórroga del plazo de instrucción de esta causa por seis meses más, con lo que el nuevo periodo de instrucción alcanza hasta el 27 de julio de este año.
Al respecto, el instructor explica que “la ejecución de estas indicaciones de obligado cumplimiento va a requerir de unas actuaciones jurídicas y materiales de cierta complejidad”, y recoge el tiempo que será necesario para la “remisión física de la causa a los juzgados”, y, una vez que la recepcionen, necesitarán “un mínimo periodo para su estudio”.
Además, añade, “aún hay diligencias esenciales que han de practicarse” y cita expresamente “un informe pericial por ecotoxicólogo que determine si el presunto vertido que se pueda imputar a cada uno de los investigados puede ser potencialmente peligroso con carácter general, para el medio ambiente, y específicamente para el entorno y ecosistema del Mar Menor”.
El desastre ambiental en la albufera lleva gestándose años, pero los últimos cinco han sido especialmente dramáticos para sus aguas: desde 'la sopa verde' de 2016 hasta el segundo episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos el pasado agosto.