La Comunidad de Valencia ha citado al hidrogeólogo Luis Francisco Turrión Peláez, con el objetivo de que explique el estudio que presentó en agosto junto a Greenpeace, en el que asegura que la Cuenca del Segura tiene recursos hídricos a su disposición que la harían autosuficiente. Este informe, que de confirmar su veracidad podría evitar un posible trasvase Tajo-Segura, le ha costado al experto la apertura de un expediente por parte del Ministerio de Ambiente.
“Las Cortes Valencianas me han citado porque les interesa conocer con detalle el trabajo realizado junto a Greenpeace”, señala el hidrogeólogo murciano. La parte final de la Cuenca del Segura discurre a través del sur de la provincia de Alicante, por la comarca agrícola de regadío denominada Vega Baja. Su capital es Orihuela, y usa recursos hídricos procedentes del Trasvase Tajo-Segura. En términos proporcionales, una cuarta parte del territorio de esta cuenca pertenece a la provincia de Alicante.
En este sentido, el informe que presentó el experto, argumenta que la Cuenca del Segura podría ser autosuficiente utilizando sus propias aguas subterráneas. Por otra parte, el río Tajo, concretamente los embalses de Entrepeñas y Buendía, se encuentran actualmente a un 9% de su capacidad, “allí lo único que puedes encontrar es lodo”, comenta Turrión.
Con respecto a la situación en la Región de Murcia, en una entrevista concedida a eldiario.es, el hidrogeólogo indicaba que los datos oficiales estimaban el déficit hídrico estructural del territorio en 400 hectómetros cúbicos. El experto argumentaba que el Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 no incluye el agua subterránea que contienen sus acuíferos, solo la que proviene de flujo fluvial (ramblas, ríos...). “Estos almacenamientos de agua ignorados, fueron estimados a finales de los años 70 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en unos 100.000 hm3”. Esta cifra es cien veces superior al total del agua que pueden acumular los embalses superficiales de Murcia.
En referencia al expediente que le abrió el Ministerio de Ambiente, Turrión comenta que se encuentra tranquilo. “Insisten en que he empleado información de la Confederación Hidrográfica del Segura para hacer el expediente, cosa que es falsa, y fácilmente demostrable”, comenta el hidrogeólogo.
Otro cargo que se le incluye en el pliego es el de haber “denostado el trabajo de profesionales en relación con el tema. El informe en este sentido es absolutamente respetuoso. Lo que hace es una crítica a la forma de gestionar el agua en España y en la Cuenca del Segura”.
El tercer punto con el que justifican la apertura del expediente es la falta de compatibilidad con su actividad profesional junto a la publicación del informe. Turrión sostiene la falsedad de este punto, “un empleado público no tiene que pedir compatibilidad para acudir a una conferencia o editar un libro, por ejemplo”.
En este sentido, el experto considera que el ministerio busca “dificultarle” la divulgación de sus conocimientos sobre la gestión del agua y las alternativas que resulten “viables”.
Prohibición de comparecencia en las Cortes Valencianas
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Valencia se interesa por el trabajo de Francisco Turrión. En septiembre de 2016, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con sede en Murcia, prohibió a tres empleados declarar en las Cortes Valencianas sobre la gestión actual del agua y alternativas posibles ante el cambio climático. Su justificación se basaba en la “obediencia debida”, una figura que no está vigente en el ordenamiento legal español. De acudir a la comisión, podían incurrir en una falta disciplinaria “muy grave” de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, según publicó el diario Público.
Los afectados por esta orden fueron el Comisario de Aguas de ese organismo, José Carlos González Martínez, al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García Martínez, y al técnico hidrogeólogo Luis Francisco Turrión Peláez. A los tres se les comunicó que no estaba autorizada su asistencia en representación del organismo.
Ante la nueva citación, Turrión sostiene, como en 2016, que tiene la obligación de acudir. “El estatuto básico del empleado público define como falta muy grave no ir a unas cortes nacionales o autonómicas una vez citado”, comenta el hidrogeólogo, que lo considera “un honor”. Por otra parte, ve un “auténtico contrasentido que, las Cortes Valencianas se interesen por saber si hay alternativas a sobrexplotar la cabecera del Tajo, mientras que la ministra Tejerina me expedienta”.
Asimismo, el experto considera que, siendo delegado sindical del Comité de Empresas de la Administración General del Estado en la Región de Murcia, se encuentra en la obligación política y social de exponer sus conocimientos, “sobre todo en materia de alternativas a los problemas planteados”.
Turrión cree que si hay algo detrás de las motivaciones del Ministerio de Ambiente para no mostrar interés por el informe elaborado junto con Greenpeace es el “lobby del hormigón, de las grandes infraestructuras que influye mucho en la esfera política”.