“El Mar Menor no admite más cemento”, o “los peces no pueden votar, tú sí”. Son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los vecinos de La Manga y representantes de grupos ecologistas que se plantaron este miércoles a lo largo del día en los alrededores de la Cala del Pino para intentar frenar los primeros trabajos de excavación de las máquinas “y evitar este crimen contra el medio ambiente”, señala a elDiario.es Región de Murcia una de las portavoces de Por un Mar Menor Vivo, Caroline Rivière. “Al final fueron tres mujeres muy valientes las que se pusieron delante de la excavadora para impedir los trabajos y que desaparezca una parte de esta embelmática ladera de pinos, de las pocas que quedan en el entorno del Mar Menor”.
El bloqueo duró unos minutos, lo que tardó en llegar la Guardia Civil para reanudar los trabajos de la empresa que tiene encargada la obra de un chalet en la zona que conecta con la Cala del Turco. “Los responsables no son ni el técnico de la excavadora, ni el propietario del terreno sino una administración que una vez más no hace su trabajo para proteger un bien común que pertenece a todos los murcianos, sobre todo estando en vigor una moratoria urbanística que no permite ninguna edificación nueva”, se lamentan desde Por un Mar Menor Vivo, una de las organizaciones que abandera las protestas. “La policía no hizo más que su trabajo porque está prohibido acceder a un terreno privado y ponerse delante de una excavadora, pero mis compañeras estaban indignadas por este atropello y quisieron hacer algo, aunque fuera simbólico”, relata Rivière, quien cuenta que el episodio se saldó con una multa de 60 euros para cada activista.
Los intentos de los ecologistas y vecinos para detener las obras van a continuar estos días y han convocado una concentración este domingo 2 de abril a las 12.00 del mediodía para protestar por las construcciones “masivas” que se siguen levantando en La Manga, “que ya está saturada de hormigón”. También han abierto una petición de firmas en Change.org que rebasa ya las 800 adhesiones. “Lamentamos que la ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor no tenga ya su decreto de aplicación porque esta entidad quizás hubiera podido intervenir”, añaden.
La construcción de este chalet, sospechan desde Por un Mar Menor Vivo, “es solo la primera pieza de un puzzle que puede venir a continuación”. En todo el Mar Menor “hay edificándose 541 edificios, contabilizando viviendas unifamiliares y edificios de 10 plantas”, concreta Rivière, quien teme que “haya otra avalancha de ladrillo en esta zona, estamos indignados porque una parte de la Cala del Pino ya ha pasado a ser de uso privado y pertenecía a todos los murcianos, y así habrá más”, pronostica.
Al “emblemático” pinar, se le unen otros espacios como el encinar de La Manga o las dunas, “donde también proyectan edificar, no va a quedar ni un solo espacio salvaje libre”, se queja Rivière. En el Ayuntamiento de San Javier, sigue, “el aumento de las edificaciones también ha sido exponencial y en la actualidad hay 125 edificios en construcción”.
“Nos preguntamos para qué sirve la moratoria, porque argumentan que todos los proyectos que se ponen en marcha son anteriores a 2019 y aunque no podemos acusar a ningún ayuntamiento porque no tenemos pruebas, es extraño que todo se licitara antes de la moratoria”, afirma la portavoz de Por un Mar Menor Vivo. Rivière nombra otro ejemplo en San Javier, el Hospital de los Arcos, que actualmente hace las veces de escuela de piragüismo “y al que se podrían dar más usos, como residencia de mayores”. Pero “lo quieren derrumbar para hacer un hotel de 10 plantas delante de una playa denunciada por contaminación y cuando hay 4 hoteles en venta en Santiago de la Ribera”.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena argumentan que el proyecto de obra cuenta con toda la documentación necesaria, entre la que se encuentra un estudio de paisaje, que recoge todos los ejemplares vegetales que hay en la parcela y establece la obligación del promotor de conservar todos los ejemplares que no se vean afectados por la construcción y reponer aquellos que se vean afectados. Para garantizar el cumplimiento de este requisito, el promotor debe contratar a un ambientólogo y un ecólogo.
En base a este documento, desde el Consistorio “solicitamos informes a la dirección general de Medio Natural, a la dirección general de Patrimonio Cultural y a Costas; todos han sido favorables y, por tanto, no podíamos negarnos a dar la licencia”.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha “recordado” a través de una carta al Ministerio para la Transición Ecológica que puede adquirir “los terrenos urbanos consolidados en el entorno del Mar Menor para evitar nuevas construcciones y renaturalizarlos, tal y como anunció en 2021”.
Sin embargo, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, ha dicho que la alcaldesa falta a la verdad cuando dice “que no tiene competencias para paralizar la construcción de un chalé en la Cala del Pino”. Y desde el Ministerio que dirige Teresa Ribera tildaron este miércoles de “desafortunado” que el Ayuntamiento de Cartagena “desvíe sus responsabilidades en materia urbanística hacia la Administración del Estado, ya que la local y la autonómica tienen las competencias exclusivas y podrían actuar para evitar la transformación urbanística del poco espacio que queda libre en la parte de La Manga y el litoral sur del Mar Menor”. Y señalaron que “construcciones como la de la Cala del Pino evidencian la falta de voluntad del Gobierno Regional y de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier por revertir la depredación del urbanismo en el entorno de la laguna”.
Moratoria indefinida
Por su parte, el secretario de comunicación de Podemos, Víctor Egío, ha exigido que el Gobierno regional declare una moratoria urbanística indefinida y frene sus “ansías” a la hora de construir en el Mar Menor. Egío ha considerado que la situación actual es “consecuencia directa de la Ley del Mar Menor pactada y aprobada por Partido Popular, Ciudadanos y PSOE”, al tiempo que ha recordado que desde Podemos ya advirtieron durante su debate parlamentario de que se trataba de “una gran chapuza”.
El secretario de comunicación y número 2 de la lista autonómica de Podemos para las elecciones autonómicas ha señalado que con la “mal llamada” ley de protección del Mar Menor “se seguían permitiendo las prácticas contaminantes de la agroindustria”, mientras que también se establecía una moratoria a la construcción, que ha resultado “ser totalmente falsa” porque “no impide el desarrollo de los proyectos ya aprobados antes del colapso del Mar Menor”.