No voy a hablar de Ábalos. No seré yo quien señale a ese señor con el dedo acusador ahora que su carrera política se encamina hacia el final; aunque algunas tardes de gloria todavía nos dará. Para eso está la justicia y para eso nos damos las leyes. Lo que sí me gustaría hacer es una particular reflexión sobre la corrupción en nuestro país, más allá de las circunstancias de este caso concreto.
Un reciente estudio publicado por la Universidad de Barcelona afirma que en las dos últimas décadas se han detectado en España 3.743 casos de corrupción. La mayor parte en la administración local; la mayor parte en los grandes municipios y la mayor parte concentrada en los dos grandes partidos nacionales, el socialista y el conservador. Hubo, no obstante, para casi todos, como Izquierda Unida, con el 4 % del total, y como no, para Convergència i Unió, con el ya famoso “tres per cent”.
Pero más allá del quien, creo que también deberíamos poner el foco en el qué o en el cómo. Así, la mayor parte de las causas de la corrupción están relacionadas con el urbanismo, con la sustracción de fondos públicos y también con el amaño de licitaciones. Por otra parte, según algunos estudios, la corrupción le cuesta a España casi 100.000 millones de euros al año. Esto representa aproximadamente el 8% del PIB y nos permitiría pagar dos terceras de las pensiones; es cinco veces lo que invertimos en prestaciones por desempleo o diez veces el gasto del estado en políticas de familia. Mas didáctico aún, el coste de la corrupción es de 2.000 euros aproximadamente por cada ciudadano español al año.
El estudio del BBVA sobre 'Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España' afirma que la calidad de las instituciones y el control de la corrupción son fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente en el caso de los más desarrollados. La corrupción, según este estudio, reduce los niveles de inversión porque disminuye la calidad de los proyectos empresariales e incrementa su incertidumbre, desviando recursos a la búsqueda de rentas, en lugar de dedicarlos a actividades productivas y a la inversión. Según este estudio, si fuéramos capaces de mejorar nuestra calidad institucional a largo plazo podríamos incrementar nuestro PIB per cápita una media del 20%.
A pesar de esto, los españoles cada vez mostramos más desapego por la política y le damos menos importancia al problema de la corrupción, como pone de manifiesto el CIS en su informe anual. Apenas el 4% de los españoles lo considera un problema. Sin embargo, no nos importa arrojarnos a la cabeza cualquier caso más o menos relevante con el argumento del “y tu más”, sin analizar lo que realmente nos cuesta y lo que supone para nuestro presente y nuestro futuro.
Por otra parte, la tendencia mundial es que el debilitamiento de los sistemas judiciales está limitando la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, en su sentido más amplio, facilitando que prospere la corrupción. Cada vez más la justicia está siendo socavada por líderes de todo tipo, desde los más autoritarios hasta los formalmente demócratas. Incluso los países más desarrollados tienen sus propios problemas de corrupción, que en ocasiones no se ven reflejados en los rankings de transparencia.
Así las cosas, la corrupción seguirá prosperando hasta que la ciudadanía no asuma que, más allá del reproche ético, esta tiene un impacto social y económico directo en su vida y que los ataques a la justicia limitan las posibilidades de luchar contra ella.
No voy a hablar de Ábalos. No seré yo quien señale a ese señor con el dedo acusador ahora que su carrera política se encamina hacia el final; aunque algunas tardes de gloria todavía nos dará. Para eso está la justicia y para eso nos damos las leyes. Lo que sí me gustaría hacer es una particular reflexión sobre la corrupción en nuestro país, más allá de las circunstancias de este caso concreto.
Un reciente estudio publicado por la Universidad de Barcelona afirma que en las dos últimas décadas se han detectado en España 3.743 casos de corrupción. La mayor parte en la administración local; la mayor parte en los grandes municipios y la mayor parte concentrada en los dos grandes partidos nacionales, el socialista y el conservador. Hubo, no obstante, para casi todos, como Izquierda Unida, con el 4 % del total, y como no, para Convergència i Unió, con el ya famoso “tres per cent”.