Cuarenta y tres años después de que Marcelino Oreja firmara el Acuerdo con la Santa Sede, la tan odiada por la derecha LOMLOE o “ley Celaá” -la ex-ministra actualmente es embajadora en el Vaticano- confirma una vez más que la religión, aunque ahora ya no cuente en el currículo, sigue y seguirá dentro de la escuela. Y esto, porque continúa vigente el Acuerdo de 1979.
En un Estado de Derecho, ¿es adecuado mantener un Acuerdo o Concordato con un Estado que condena la igualdad entre hombres y mujeres, la homosexualidad, el aborto y la libertad de conciencia? ¿Es permisible que nuestra juventud sea adoctrinada en estos principios desde la escuela?
En el debate del estado de la Región, López Miras ha demandado una educación “sin adoctrinamiento”. Tiene gracia que esto lo pida quien ha puesto al frente del departamento de educación a una franquista.
La consejera murciana cree que “la carga ideológica que se encuentra en los currículos actuales no respeta los principios de neutralidad ideológica y de rigor que son exigibles en el normal funcionamiento del sistema educativo” (!!). Los currículos que la ex-militante de Vox considera “carga ideológica” incluyen contenidos como educar en los derechos humanos, la perspectiva de género, la sostenibilidad medioambiental o el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Contra esto, ella, los partidos de derecha y extrema derecha contraponen la “libertad de elección”, básicamente para permitir que los alumnos vuelvan a ser adoctrinados en el catolicismo más rancio, el que entre otras cosas niega la diversidad sexual, se opone al aborto y obvia nuestro pasado cercano, tal vez por la mala conciencia de haber sido colaboradores necesarios del fascismo franquista.
De entrada lo que quería imponer la consejera -aunque afortunadamente no lo ha conseguido: himno nacional, el retrato del rey o el pin parental- no habría podido enmascarar el verdadero problema de la enseñanza en Murcia, uno de los sistemas escolares más segregadores del Estado que se traduce en el incremento de la desigualdad y de dinámicas sociales excluyentes, mientras cada vez se destina más dinero público a la educación privada concertada.
Para conseguir un verdadero avance en educación, la Región de Murcia, a la cabeza de los rankings de riesgo de exclusión, pobreza infantil, pobreza energética y laboral, tendría que dedicar mucho más dinero a la educación pública (invertimos un 20 por ciento menos que en 2009)
Hacen falta más docentes, más personal laboral, regularización de los interinos, reducción de la jornada laboral y aumento de la contratación, sustitución inmediata de las bajas, reducción del ratio de alumnas/os por aula, más dinero para los centros, para becas y ayudas, abaratamiento de las tasas universitarias, aumento del número de plazas de FP y de educación para personas adultas, aumento del número de plazas de EOI (Escuela Oficial de Idiomas), reabrir centros que se han cerrado en áreas rurales, devolver las líneas cedidas a centros concertados a la escuela pública, más dinero para formación, etc. etc.
En lugar de luchar por todo esto, la señora Campuzano se dedica a atacar la “ley Celaá” y a revisar los nuevos libros adaptados a la LOMLOE que llegan a las aulas murcianas. Lo mismo hace Isabel Díaz Ayuso, que además ha vuelto a levantar la bandera de la desigualdad anunciando ayudas públicas para estudiar en centros privados de Madrid a familias con un hijo que ganen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a estudiar Bachillerato.
Por otra parte, tal “libertad” de poder escoger colegios privados (supuestamente mejores que los públicos, como parecen apuntar algunos datos), es solo para las familias que se lo pueden permitir.
Los obispos estuvieron más de 30 años denunciando el incumplimiento del Acuerdo de 1979, hasta que obtuvieron lo que pedían, y con creces: la LOMCE o ‘ley Wert’, un verdadero intento de reavivar el Concordato de 1953 que reconocía a los obispos privilegios que no otorga la Constitución.
A la derecha le gusta mucho la educación privada y muy poco la pública. Lo dicen las cifras. Sin embargo, a pesar de que su aprobación en el Congreso produjo un bronco debate en el que diputados de PP y VOX terminaron por dar golpes en los escaños al grito de ‘libertad’, la LOMLOE no modifica sustancialmente la financiación de la enseñanza pública: prácticamente estamos como estábamos o peor.
En palabras de la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, los presupuestos regionales de 2022 son “humillantes para la educación pública y aconfesional…un manual sobre cómo gobernar desde el sectarismo y la intransigencia…la obra de una Consejera que ha convertido la Consejería de Educación en la Consejería de la Inquisición”.
En 2020, el sector de la educación privada movía en la Región un presupuesto de 259 millones de euros, lo que significa un aumento del gasto de cerca del 30 por ciento en los últimos diez años. El número de estudiantes matriculados en enseñanza obligatoria y Bachillerato en colegios concertados creció en un 18 por ciento entre el curso 2009-2010 y el curso 2019-2020, casi el cuádruple con respecto a la enseñanza pública. Según los datos del Ministerio de Educación, en el último curso académico tres de cada diez alumnos murcianos están matriculados en centros privados.
Incluso los colegios que segregan por sexo salen beneficiados por las políticas autonómicas. Por ejemplo, el Gobierno regional subvencionó (2019) al Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva -directamente vinculado al Opus Dei- con más de cuatro millones de euros.
Tras apropiarse de la palabra “libertad”, la derecha quiere también hacerlo con “adoctrinamiento”. Como si ellos no adoctrinaran. La gran mayoría de los colegios religiosos lo hacen en el nacional-catolicismo, el mismo que los que tenemos cierta edad, tanto en la escuela privada como en la pública, sufrimos en nuestra infancia quisieran o no nuestros padres. Después continuaba en el bachillerato y hasta en la universidad con la asignatura de religión y la FEN (Formación del Espíritu Nacional).
Esta es básicamente la anacrónica doctrina que hoy se sigue impartiendo en los colegios católicos, que los partidos de la derecha y la extrema derecha nostálgica del franquismo promueven, protegen y subvencionan cuando están en el poder, mientras descuidan la enseñanza pública. Lo cuál es, en cierto modo, lógico.
No lo es tanto la postura del PSOE, que en este asunto de capital importancia siempre ha exhibido una tibieza exasperante, impropia de un partido que se declara de izquierda y republicano. Tras casi medio siglo de democracia, en la que han gobernado más de dos décadas (sin contar la actual legislatura), los socialistas no se han atrevido a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede. Ni tampoco lo ha hecho el actual gobierno “social-comunista”.
Europa Laica ofrece un estudio detallado de la situación española, con severas críticas a la actitud de los partidos, sobre todo al PSOE. Afirma su presidente, Francisco Delgado: “Siempre me ha extrañado que se dé por supuesto que son los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución el punto de partida de los privilegios que otorgan los Acuerdos a la Iglesia católica. No hay nada en esos artículos que obligue a los Gobiernos ni siquiera a la existencia de los Acuerdos, mucho menos a pagar los salarios de obispos, sacerdotes y capellanes y el sueldo de los profesores de religión, y mucho menos a financiar la enseñanza católica. Eso estaba en el Concordato de 1953, no está en la Constitución de 1978. Es urgente acabar con tales anomalías democráticas”.
El mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y más que la suma de ambos conceptos.
¿Hasta cuándo?
Cuarenta y tres años después de que Marcelino Oreja firmara el Acuerdo con la Santa Sede, la tan odiada por la derecha LOMLOE o “ley Celaá” -la ex-ministra actualmente es embajadora en el Vaticano- confirma una vez más que la religión, aunque ahora ya no cuente en el currículo, sigue y seguirá dentro de la escuela. Y esto, porque continúa vigente el Acuerdo de 1979.
En un Estado de Derecho, ¿es adecuado mantener un Acuerdo o Concordato con un Estado que condena la igualdad entre hombres y mujeres, la homosexualidad, el aborto y la libertad de conciencia? ¿Es permisible que nuestra juventud sea adoctrinada en estos principios desde la escuela?