El extractivismo o los extractivismos, pues existen de varios tipos, consisten en un modelo de producción que se ha generalizado desde la década de los 90 del siglo pasado, están basados en una lógica de polarización geoestratégica global entre los países del norte y los países del sur y en la extracción masiva de recursos en el sur. Una vez convertidos en divisas, son introducidos en los mercados internacionales generando un flujo de recursos que circula en un único sentido; desde el sur, las regiones periféricas del moderno sistema mundial, hacia el norte, las regiones centrales. Esta división del planeta entre norte rico y desarrollado y sur en desarrollo se produce también a nivel de escala, no olvidemos que la península Ibérica es el sur de Europa, pero también en una clasificación jerárquica entre el entorno rural y urbano.
El extractivismo es un modelo que, si bien presenta particularidades en los diferentes lugares donde se produce, también posee similitudes que nos permiten clasificar determinadas actividades productivas dentro de este modelo, como son la extracción masiva de recursos, una elevada tecnificación, alta intensificación y enfoque en la exportación.
El objetivo de este modelo consiste en alimentar los mercados de los países del centro del sistema que por la gran incidencia y por la cantidad de recursos extraídos, resulta en un verdadero y efectivo expolio, que se traduce en desposesión territorial dirigida a la acumulación capitalista que para las sociedades y comunidades que tienen la maldición de poseer recursos naturales en sus territorios se configura como una flagrante usurpación de derechos de las sociedades, las comunidades resultan desposeídas de sus territorios, los recursos privatizados y los ecosistemas devastados en todos los lugares donde se implanta este modelo productivo.
En pocas palabras las empresas pertenecientes a la matriz del capitalismo extractivo, extraen los recursos de forma masiva y dejan los territorios donde se desenvuelven las vidas individuales y colectivas de las poblaciones, devastados, sin recursos y contaminados en muchas ocasiones con sustancias tóxicas con tal impacto que las recuperaciones de los ecosistemas, cuando sean posibles, se miden en tiempos geológicos y que según numerosas personas científicas contribuye de manera determinante con la crisis climática en la que estamos inmersos a nivel global.
Para empezar por el principio, esta breve descripción del modelo de producción extractivista me permite formular una serie de preguntas ¿Nos recuerda a algo familiar este modelo productivo descrito? ¿No es precisamente este modelo depredador el modo de producción agrícola que desde los años 90 se ha generalizado en la cuenca del Mar Menor, la huerta de Europa? ¿Es la actividad agroindustrial en nuestro territorio agroextractivismo? Si es así y en todos los lugares donde se produce el extractivismo ha ocasionado estos impactos ecológicos y sociales devastadores ¿Por qué aquí va a ser diferente?
Precisamente los impactos que estamos observando sobre el Mar Menor y su entorno material, pero también social y ecológico, resultan en un mensaje claramente decodificable: “Stop, parad esta barbarie, estoy muriendo”. Ante este mensaje de alerta, determinados sectores de la sociedad civil han recogido el testigo y se organizan para analizar lo que está ocurriendo y ante la pasividad de las instituciones que tienen la obligación de hacer cumplir la ley en los diferentes niveles del Estado, han tomado la iniciativa y se organizan para luchar contra las causas del colapso que están provocando estas actividades que conducen directamente, en tiempos ya visibles y anunciados por gran parte de la comunidad científica, al ecocidio.
Por otro lado, las empresas agroextractivas mantienen una concepción del territorio patrimonialista que reduce todo a términos económicos, desde donde los bienes naturales son reducidos exclusivamente a mercancías. Convierten el territorio en un territorio sacrificable en función de una tasa de rentabilidad. Bienes naturales como el suelo, el agua, la diversidad biológica y la calidad del medioambiente, dentro de las concepciones de la economía clásica, son considerados como externalidades que no entran en sus cálculos de gastos/beneficios y ante la alarma social, desarrollan un relato de sostenibilidad y desarrollo que tiene como objetivo legitimar sus actividades empresariales: “somos una empresa sostenible” “Desarrollamos estrategias de responsabilidad social corporativa”, “Generamos riquezas para la región y el país”, “Aportamos trabajo para las gentes de la Región”.
Si comparamos estas afirmaciones de las empresas agroextractivistas con las acciones que producen: utilizan cantidades ingentes de agrotóxicos, contaminan y extraen agua por encima de los niveles de recuperación de los acuíferos, han erosionado la tierra y modificado de tal manera el paisaje, que el entorno que no solo tiene dimensiones físicas, sino también culturales, pues es el lugar donde se desenvuelven nuestras actividades vitales, tanto individuales, como colectivas, en el que la cultura ribereña toma tierra. Donde antes había un ecosistema, ahora hay grandes extensiones de cultivos de explotación intensiva, como diría Joan Martínez Alier, economista ecológico de la Universidad de Barcelona, los cultivos no son bosques, ni jaras me permito añadir aquí y finalmente, con los vertidos han convertido al Mar Menor en un vertedero tóxico.
Contemplamos que existe una disonancia radical entre lo que las empresas dicen que hacen y lo que hacen realmente y a partir de aquí, podemos advertir con claridad que este discurso de sostenibilidad y responsabilidad social, no es otra cosa que una estrategia corporativa trazada para generar un relato dirigido a legitimar sus actividades y a continuar haciendo lo mismo.
Por otro lado, salvando las distancias, en otras zonas del planeta donde la sociedad civil cuenta con una experiencia de décadas organizándose y luchando contra este modelo extractivo, la movilización social se ha revelado como el principal agente de cambio, sino el único.
Los movimientos sociales se constituyen en el mejor de los casos en sujetos colectivos que en ocasiones pueden lograr que la participación ciudadana vaya de los sectores de población más movilizados a los menos, iniciando lo que los teóricos de la acción colectiva y de las oportunidades políticas llaman un ciclo de resistencia, que saca a la luz los intereses de las élites económicas y hacen que aumenten los costes sociales de las acciones de las elites políticas, esta es, precisamente una ventana de oportunidad que se abre ante la gran alarma social que están ocasionado los acontecimientos ocurridos en el Mar Menor, que puede conducir a una ciudadanización del conflicto abierto en la cuenca del Mar Menor.
Para finalizar, los sectores más movilizados de la sociedad civil murciana, dentro del proceso de resistencia a las actividades productivas que están causando los impactos ecosociales en la laguna, están apoyando de forma activa un proyecto pionero en Europa iniciado por la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia; sin apoyo institucional, todo hay que decirlo, que consiste en otorgar al mismo nivel que las empresas agroextractivas el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor, como algo que podría equilibrar en cierta medida la relación de asimetría abismal que existe actualmente en el conflicto abierto y polarizado entre las empresas agroextractivas y las instituciones, por un lado y por otro, la sociedad, el territorio y la naturaleza local.
Este proceso legislativo, bajo la forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), previsto en la Constitución Española, necesita, al menos de 500 mil firmas para poder llegar a la cámara legislativa y ser incluida en la agenda del Congreso de los Diputados. Desde esta posición, la sociedad civil movilizada hace un llamamiento, no solo a la sociedad murciana, también dirigido a todas las organizaciones y personas del Estado ¡El Mar Menor está en peligro mortal! ¡Alerta general! ¡todas y todos a firmar! www.marmenorpersona.legal
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