La balsa Jenny, en el Llano del Beal, forma parte de una serie de problemas medioambentales severos como la contaminación de suelos mineros en la Sierra de la Unión-Cartagena, las balsas de estériles en la zona, los fosfoyesos radiactivos de los terrenos de El Hondón, los metales pesado y balsas ácidas en Zinsa en Cartagena y la contaminación por nitratos en el Mar Menor. Otra vez más, se produce el círculo vicioso de la extracción de los recursos minerales y la actividad industrial que generaron grandes beneficios privados y los impactos ambientales y de contaminación que tendremos que pagarlos toda la ciudadanía.
La balsa Jenny es un depósito de contaminantes mineros de más de 1000 metros, que era propiedad de la empresa Portmán Golf S.A y fue “cedida gratuitamente” por sus propietarios a la Comunidad Autónoma en 2001 para que, con cargo al dinero público, se descontaminase con unos costos de limpieza que han resultado ser de 5.452.121 euros. Por Decreto del Consejo de Gobierno 84/2001, de 23 de noviembre, se aceptó la cesión gratuita con el objetivo de la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestal y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona. El propio Decreto reconoce que la propiedad cedida contiene un pantano de residuos minerales.
El Gobierno regional despilfarró 6,5 millones de euros en la mayor chapuza ambiental de la Sierra Minera. La desastrosa restauración de la balsa, más de 20 años después, sigue contaminando el Mar Menor, el acuífero y pone en riesgo la salud pública del entorno.
El último período de lluvias ha vuelto a provocar el arrastre de lixiviados que contienen residuos tóxicos y peligrosos junto a la balsa de estériles mineros. La gravedad de los nuevos vertidos ocasionados por las lluvias de los últimos días desde la parcela de la balsa, a través de la rambla de Ponce, hasta el Mar Menor; han producido importantes escorrentías y filtraciones transportando altas dosis de metales pesados como cadmio, plomo, níquel y zinc. El Seprona de la Guardia Civil acreditaba tres semanas de vertidos desde esta balsa.
La Plataforma de Afectados por Metales Pesados ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena una nueva denuncia por vertido de residuos tóxicos procedentes de la balsa Jenny, que ahora es propiedad de la comunidad autónoma. Acusan a la Consejería de Medio Ambiente de no hacer nada para solucionar este foco de contaminación. En marzo pasado, el fiscal solicitó imputar a tres técnicos de la Comunidad por los residuos de la balsa, señalando que permitieron la falta de sellado de una corta minera durante ocho años, lo que supone un riesgo de daño muy alto al Mar Menor y a los vecinos del Estrecho y el Llano. Este juzgado ha dado un plazo de veinte días para instalar un filtro en este espacio y evitar escorrentías de metales pesados al Mar Menor. El juez advierte tanto a la CARM como a la empresa Portmán Golf que el incumplimiento de lo ordenado podría constituir un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.
Parece que el Gobierno regional solo responde a la acción y a la interpelación de la administración de justicia y es intolerable que se siga manteniendo este estado de cosas. La actitud del Gobierno regional es de cuajo, sigue sin actuar para evitar las múltiples agresiones ambientales en el Campo de Cartagena. Se revuelve un poco cuando le emplaza un juez o un fiscal pero después sigue instalado en la indolencia. Parece ser que ahora las actuaciones que se van a realizar por la administración en la balsa mediante una obra de emergencia, con control medioambiental, incluirán, las acciones propuestas por el propio juzgado de implantación de una barrera de carbonato cálcico, en un periodo corto de tiempo, siguiendo para ello las recomendaciones contenidas en la Guía para la rehabilitación de instalaciones abandonadas de residuos mineros del Ministerio para la Transición Ecológica,
La desastrosa restauración de la balsa, sigue contaminando el Mar Menor y su entorno más de 20 años después. Es un auténtico escándalo político y medioambiental y debiera tener consecuencias en la administración pública. La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión y Ecologistas en Acción han denunciado que el Gobierno regional sigue sin disponer del proyecto definitivo de sellado y restauración ambiental del solar de la antigua balsa para evitar el arrastre de residuos mineros por las lluvias y el viento.
La balsa Jenny, en el Llano del Beal, forma parte de una serie de problemas medioambentales severos como la contaminación de suelos mineros en la Sierra de la Unión-Cartagena, las balsas de estériles en la zona, los fosfoyesos radiactivos de los terrenos de El Hondón, los metales pesado y balsas ácidas en Zinsa en Cartagena y la contaminación por nitratos en el Mar Menor. Otra vez más, se produce el círculo vicioso de la extracción de los recursos minerales y la actividad industrial que generaron grandes beneficios privados y los impactos ambientales y de contaminación que tendremos que pagarlos toda la ciudadanía.
La balsa Jenny es un depósito de contaminantes mineros de más de 1000 metros, que era propiedad de la empresa Portmán Golf S.A y fue “cedida gratuitamente” por sus propietarios a la Comunidad Autónoma en 2001 para que, con cargo al dinero público, se descontaminase con unos costos de limpieza que han resultado ser de 5.452.121 euros. Por Decreto del Consejo de Gobierno 84/2001, de 23 de noviembre, se aceptó la cesión gratuita con el objetivo de la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestal y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona. El propio Decreto reconoce que la propiedad cedida contiene un pantano de residuos minerales.