La reciente aprobación de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional en la Región de Murcia nos recuerda la importancia que tienen las estructuras de gobierno como altavoces de comunicación política. En un entorno marcado por la inestabilidad, vivimos los tiempos de la política líquida, la mayoría de ejecutivos se han instalado en la “campaña permanente”, una tendencia que hace cada vez más difícil distinguir entre la propaganda política y la acción gubernamental. El reto ético es poner límites a esa propaganda política pagada con dinero de todos.
Ya nadie es capaz de defender que el voto se decide en el curso de los 15 días que legalmente dura la campaña electoral. Ni siquiera la época informal de precampaña (desde que se convocan las elecciones hasta el inicio legal de la campaña) es decisiva. Por mucho que las encuestas señalen la existencia de un porcentaje notable de indecisos, la mayoría del voto está decidido, también tienen su decisión tomada esos supuestos indecisos.
Las adhesiones ciudadanas a los proyectos políticos son procesos largos, en continua renovación, y que se forjan, cuando no existen anclajes, durante la propia legislatura. En definitiva, las elecciones se están decidiendo cada día y ya no hay manera de actuar que no sea orientada a lo electoral, lo que también está influyendo en un aumento de la crispación, del ritmo frenético del debate público y de la sobreactuación de los partidos.
Si todos los expertos en comunicación recalcan que tener relato es el objetivo sacrosanto de cualquier proyecto, no podemos olvidar que la construcción de ese relato, así como la creación de comunidades sólidas son procesos temporalmente extensos.
Cualquier decisión de un gobierno, así como de la oposición, no puede entenderse si no está inserta en un relato general de actuación, un relato que nos permitirá llegar a la campaña con una agradable solvencia discursiva. Mantenerse en una actitud de comunicación continua con la ciudadanía es algo relativamente nuevo en la política española, muchas veces los gobiernos se olvidaban de hacer política hasta unos meses antes de las elecciones, pero parece claro que esto ya no funciona.
Ahora sabemos que la toma de posesión marca el pistoletazo de salida de la campaña decisiva y esto también debe considerarse, piensa la oposición, a la hora de poner límites a las capacidades del Gobierno regional para construir consenso político alrededor de su actuación, superando la marca partido y llegando al clímax de igualar territorio e interés general a destino partidista particular.
Esta tendencia es una práctica muy habitual y no solo la podemos ver en la Región de Murcia. Susana Díaz en Andalucía o el propio Pedro Sánchez están utilizando abiertamente el Gobierno como plataforma comunicativa. Solo hace falta echar un vistazo al nuevo uso de las cuentas institucionales del Ejecutivo nacional para darse cuenta de que los límites entre mensaje de institución y mensaje de partido (que es más bien mensaje de líder) se están difuminando. La propia decisión del candidato socialista a San Esteban, Diego Conesa, de asumir la Delegación del Gobierno es un ejemplo perfecto del nuevo tiempo político-comunicativo que tratamos de describir en este artículo.
Se abre un debate muy interesante ahora, como ha señalado el parlamentario de Podemos Óscar Urralburu, para distinguir información sobre políticas públicas de propaganda. No será fácil saber cuándo un Gobierno, el autonómico murciano o cualquier otro, está hablando asépticamente sobre programas públicos o cuándo está formando parte de las nuevas tendencias de comunicación gubernamental, más centradas en la transmisión de relatos con contenido ideológico-político que en simples campañas de información. Todo esto considerando que los partidos ya no son agentes determinantes en la comunicación política, más centrada en los líderes, en las personas, que en las siglas.
La reciente aprobación de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional en la Región de Murcia nos recuerda la importancia que tienen las estructuras de gobierno como altavoces de comunicación política. En un entorno marcado por la inestabilidad, vivimos los tiempos de la política líquida, la mayoría de ejecutivos se han instalado en la “campaña permanente”, una tendencia que hace cada vez más difícil distinguir entre la propaganda política y la acción gubernamental. El reto ético es poner límites a esa propaganda política pagada con dinero de todos.