“La pobreza es una decisión política”, decía Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos en su visita a España hace unos meses. Y razón no le faltaba.
El 21 de mayo de 2019 tomamos la decisión política de firmar el “II Pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social en la Región de Murcia” para erradicar la creciente desigualdad en una región en la que una de cada tres personas estaban, antes de la pandemia, en riesgo de exclusión o pobreza. Apenas un mes después de aquella firma en la que participaron un representante del Partido Popular y otro representante del partido Ciudadanos, la traición se consumó en el acuerdo programático de gobierno entre estos partidos, por parte de la ex líder de la formación naranja y actual consejera tránsfuga de Política Social, Isabel Franco.
López Miras e Isabel Franco evidenciaron así, en el acuerdo programático que alcanzaron para gobernar en el estío de 2019, que la lucha contra la pobreza y la exclusión social no iba a ser una prioridad en las políticas sociales asistencialistas y caritativas que tanto le gusta practicar a los gobiernos del PP, al no incluir en el acuerdo de gobierno ni una sola línea de actuación dedicada a la lucha contra la pobreza. Y mucho menos mencionar lo firmado en el “II Pacto”, firmado apenas un mes antes. Traicionando su firma y dando alas a la galopante brecha social que se abría ante nosotros y nosotras, tal y como expusieron los integrantes de EAPN en la Región en un acto a las puertas de esta Asamblea Regional en la que se conmemoraba el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En este acto citaban que, a pesar de la mejora económica experimentada en los últimos años, unas 500.000 personas de nuestra Comunidad, una de cada tres, estaba en riesgo de pobreza y exclusión, según la investigación “Condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión en la Región”.
Tras casi tres décadas de inacción, y con una pandemia y dos años de gestión a las espaldas, ya podemos hablar de una gestión pública caótica, irresponsable y nefasta por parte del Gobierno regional de López Miras. Un gobierno que no sólo compra voluntades para que todo siga igual, sino que además pone en riesgo a los más vulnerables generando desigualdad en vez de igualdad de oportunidades.
Dos años después de la firma del “II Pacto” ha quedado más que claro que la decisión de López Miras es la de continuar con la estela de los viernes negros de Mariano Rajoy, recortando programas a colectivos vulnerables y congelando la Renta Básica de Inserción en 2021, habiéndola recortado en 1,9 millones de euros en 2020. Pero, sobre todo, ha quedado claro que la decisión política de erradicar la pobreza ni estaba ni está en los planes del PP, ya que sus palabras y sus acuerdos tienen el mismo valor que sus firmas.
La propia presidenta de la EAPN-RM, la señora Rosa Cano, escribía un artículo en el que denunciaba que, a fecha de mayo de 2021, tan solo un 6% de las medidas del pacto habían sido cumplidas. Y que 44 medidas de 50 continúan en el mismo cajón desastre dónde quedó el el Mapa de Servicios Sociales y el Plan de Inclusión de 2007. Dicho de otro modo, dos años después nos avergüenza corroborar que no hay avance en más de la mitad de las medidas del pacto. Y hoy es más necesario que nunca.
Después de aquella decisión política de la que hablaba Philip Alston, desde el PSRM-PSOE continuamos trabajando y registrando iniciativas sociales como la aprobada el miércoles en una Asamblea Regional secuestrada de todo debate. Seguiremos denunciando datos y proponiendo soluciones reales y realistas que nos ayuden a salir del pozo de exclusión en el que el PP nos ha sumergido. Dos años después de aquella decisión política seguimos apostando por la política social como inversión, y no como un gasto, para generar igualdad de oportunidades.
“La pobreza es una decisión política”, decía Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos en su visita a España hace unos meses. Y razón no le faltaba.
El 21 de mayo de 2019 tomamos la decisión política de firmar el “II Pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social en la Región de Murcia” para erradicar la creciente desigualdad en una región en la que una de cada tres personas estaban, antes de la pandemia, en riesgo de exclusión o pobreza. Apenas un mes después de aquella firma en la que participaron un representante del Partido Popular y otro representante del partido Ciudadanos, la traición se consumó en el acuerdo programático de gobierno entre estos partidos, por parte de la ex líder de la formación naranja y actual consejera tránsfuga de Política Social, Isabel Franco.