Hace más de 12 años, el abogado murciano Diego de Ramón, ferviente admirador de San Francisco de Asís, comenzó su particular cruzada contra la supuesta corrupción del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel (Murcia, 1954), presentando una querella ante la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas en la construcción de una desaladora en Escombreras. Este pasado miércoles estuvo a punto de cruzarse con el expresidente en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Murcia, cuando Valcárcel acudió a recoger la documentación de apertura de juicio.
A comienzos de 2021, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia decretaba el sobreseimiento provisional de las diligencias previas del denominado caso Desaladora II, en el que figuraba como investigado el propio Valcárcel, ordenando el archivo de estas actuaciones por no apreciar “indicios suficientes” para acusarlo de coautor, cooperador necesario o cómplice de unos hechos. Días después, la Fiscalía recurría este archivo ante la Audiencia Provincial. El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, argumentaba en su escrito que Valcárcel no podía escudarse en el desconocimiento de los pormenores porque muchas de las decisiones para crear esta infraestructura, adoptadas por el Ente Público del Agua, pasaron por su Consejo de Gobierno.
La de Valcárcel era una pieza separada de otra que instruía el juzgado número 5 contra varios exaltos cargos de su Ejecutivo, entre ellos, el que fuera consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. El fiscal Lozano describía una operación “concatenada y sincronizada de espaldas a todo servicio jurídico y de intervención de la Comunidad Autónoma” y cifraba la pérdida patrimonial para la Administración regional en más de 74 millones de euros.
Tras el recurso ante la Audiencia Provincial, y como en un sorprendente cambio de guion, la misma jueza que pretendió archivar la pieza separada de Valcárcel argumentaba que ahora sí existían datos objetivos que pudieran avalar que el investigado conocía y sabía lo que iba sucediendo con la desaladora de Escombreras “y de sus incidencias más graves”. Remató la instrucción de las diligencias y abrió la fase de preparación de juicio oral. El 30 de marzo se supo que se celebrará la vista, en la que la Fiscalía pedirá 11 años y medio de prisión para Valcárcel, al acusarlo de prevaricación, fraude y malversación. Se le ha impuesto una fianza de 74,1 millones, es decir, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta. De no abonarla, se procederá al embargo de sus bienes.
El murciano Juan Pablo Lozano es una especie de Eliot Ness de la Justicia en la Región. Junto al Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, y el antecesor de este, Manuel López Bernal, podrían protagonizar una versión doméstica de Los Intocables, aquel peliculón de Brian De Palma, como incorruptibles luchadores contra todo lo que huela a podrido. A los once de Ness los bautizó así la prensa cuando Al Capone pretendió sobornarlos con escaso éxito.
En el verano de 2016 el domicilio del fiscal Anticorrupción sufrió un asalto. Los ladrones se llevaron uno de sus ordenadores con diversa documentación en la memoria. El día de Reyes de 2017 los cacos volvieron a visitar la casa del fiscal, pero esta vez Lozano no echó nada en falta a pesar de que lo dejaron todo revuelto. Es evidente que, en esta ocasión, no hallaron lo que buscaban.
En el periodismo actual, la velocidad en la transmisión de las informaciones deja poco espacio a la contextualización, tan necesaria para comprender cuanto nos ocurre alrededor. En 2013, el diario La Verdad denunció que la desaladora de Escombreras multiplicaría por cuatro su coste hasta llegar a los 600 millones de euros. El presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, reclamó esa cantidad en los tribunales. Blanco y en botella. El papel del abogado De Ramón, del fiscal Lozano y de algunos periodistas, ha contribuido, en todo este tiempo, a poner luz en donde muchos tan solo quieren que haya tinieblas, quedando patente que la Justicia puede ser lenta, sí, pero también inexorable.
Hace más de 12 años, el abogado murciano Diego de Ramón, ferviente admirador de San Francisco de Asís, comenzó su particular cruzada contra la supuesta corrupción del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel (Murcia, 1954), presentando una querella ante la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas en la construcción de una desaladora en Escombreras. Este pasado miércoles estuvo a punto de cruzarse con el expresidente en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Murcia, cuando Valcárcel acudió a recoger la documentación de apertura de juicio.
A comienzos de 2021, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia decretaba el sobreseimiento provisional de las diligencias previas del denominado caso Desaladora II, en el que figuraba como investigado el propio Valcárcel, ordenando el archivo de estas actuaciones por no apreciar “indicios suficientes” para acusarlo de coautor, cooperador necesario o cómplice de unos hechos. Días después, la Fiscalía recurría este archivo ante la Audiencia Provincial. El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, argumentaba en su escrito que Valcárcel no podía escudarse en el desconocimiento de los pormenores porque muchas de las decisiones para crear esta infraestructura, adoptadas por el Ente Público del Agua, pasaron por su Consejo de Gobierno.