En agosto de 2014, la desaparición de una menor puso en alerta a la Policía, que en poco tiempo identificó y desarticuló una trama de prostitución de chicas de entre 14 y 17 años. Sus cabecillas las captaban no solo en redes sociales, sino también a las puertas de algunos centros educativos o en otros de ocio. El objetivo era ponerlas a disposición de una decena de hombres que reclamaban para su disfrute muchachas “jóvenes y nuevas”. Por lo que se ve, ya estaban empachados de lo conocido.
Al año siguiente, los agentes practicaron las primeras detenciones. Los hombres tenían edades que oscilaban desde la cuarentena, los más jóvenes, y había hasta algún octogenario. A una de las chicas, que se ofreció para cuidar niños a través de un anuncio colgado en internet, la embaucaron para que trabajara “dejándose tocar”. El relato de los hechos, efectuado por la Fiscalía y expuesto esta semana durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia, va desde la inmoralidad más execrable al vómito más regurgitante.
El perfil de las jóvenes era más o menos coincidente: todas procedían de familias desestructuradas y con necesidades evidentes. La que se dio por desaparecida en 2014 levantó las sospechas entre sus propios padres, cuando comenzó a llevar un tren de vida que no se correspondía con alguien que no tenía remuneración alguna, al carecer de trabajo. Las tarifas de los servicios oscilaban entre los 80 y 200 euros por cita. Las cabecillas de la trama, tres mujeres, se quedaban con una parte del dinero; el resto iba para las chicas. Varios hombres ejercían labores de taxista, trasladando a las mismas desde el piso en el que tenían el punto de contacto hasta el lugar de la cita. Una de ellas, por sorprendente que pueda parecer, tuvo lugar en un despacho de abogados de Murcia.
Tras una década de investigaciones, las peticiones iniciales de años de cárcel se han ido desvaneciendo, llegando a desinflarse. Ninguno de los acusados, alguno de los cuales ya ha fallecido y otro fue apartado del caso por enfermedad grave, irá a prisión. De los cuatro años de prisión que se pedían en un principio por cada delito, la pena se verá reducida a tan solo cinco meses para los siete condenados. Tampoco en el caso de las tres mujeres cabecillas. Sus diversas condenas, en ningún caso superarán los dos años, periodo establecido para, a partir del cual, ingresar en prisión si se carece de antecedentes penales. La demora en la resolución del caso y la destreza jurídica de los letrados ha posibilitado que toda esta gente pueda evitar la cárcel, abonando indemnizaciones y multas a las diez víctimas. Por cierto: ninguna de las cuales ha ejercido la acusación particular. El acuerdo, al que las defensas han llegado con la Fiscalía, se concretará el 7 y 8 de octubre en sendas sesiones a celebrar en la Audiencia.
La mayoría de estas jóvenes mujeres, entonces menores de edad, ha logrado superar todo aquello, salir adelante y reponerse de tan lúgubre episodio en sus vidas. Hoy, incluso, alguna tiene hijos. “Miedo y asco” reconoció sentir una de ellas cuando se vio envuelta en la trama. Los acusados, alguno con relevantes responsabilidades empresariales en el pasado, han conseguido salir indemnes de tan abyecto desbarre, propio de quienes consideraban que todo en este mundo se podía comprar con dinero. Tampoco es que en este tiempo transcurrido, y en especial durante estos días, hayamos escuchado a voces autorizadas, de esas que tanto se prodigan en los medios habitualmente para opinar sobre casi todo, condenar tan aberrantes actuaciones, más propias del derecho de pernada. Lo que sorprende es que todavía haya quien nos repita machaconamente eso de que la Justicia es igual para todos. Pues parece que no siempre es así. Porque no será esta una semana de la que la judicatura se pueda sentir especialmente orgullosa, tras dilatarse en una década la tramitación de un procedimiento que va a acabar con un puñado de indeseables yéndose de rositas.
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