La trayectoria de las cadenas autonómicas está definida, en términos generales, por el predominio de la intervención de los gobiernos autonómicos de y una orientación en la programación que permite definirlas como cadenas comerciales generalistas de interés público. Aunque el debate siempre ha girado en torno a la participación de operadores privados en medios públicos y el coste por habitante, las televisiones públicas tienen gestiones complejas: no sólo entran componentes políticos sino también laborales. En este caso, los progresivos expedientes de regulación de empleo–como el de Canal Nueve en la Comunidad Valenciana– han desacreditado su gestión. La ciudadanía, además suele ver en las televisiones autonómicas un gasto innecesario. Su programación, sin embargo, resulta una réplica de las televisiones privadas, compartiendo, además, un denominador común: la batalla por seducir a la audiencia.
Particularizando en el caso de la Región de Murcia, GTM fue objeto de un ERE en agosto de 2012, que dejó sin trabajo a casi trescientas personas. La adjudicación del contrato al grupo Secuoya en marzo de 2015 permitió que la cadena fuera recuperando el ritmo. Pero esto sólo era el comienzo de una sucesión de escándalos en la televisión autonómica. En primer lugar: las denuncias llevadas a cabo por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región al grupo Secuoya por la precariedad de los profesionales del sector y los despidos masivos; y en segundo lugar: haberse convertido en la alfombrilla de baño del Gobierno autonómico y de Pedro Antonio Sánchez en particular. Desde que el antiguo presidente de la Región subiera al poder en 2015, su implicación en diversos escándalos ha sido pasada por alto por la 7 Región de Murcia.
Como si se tratase de un sátrapa, el antiguo regidor de Puerto Lumbreras ha hecho de la cadena un culto hacia su persona. Una prueba de ello es cómo se trató su dimisión por su presunta implicación en los casos Auditorio y Púnica, en el que la televisión murciana habló de su renuncia al cargo, pero no de su supuesta responsabilidad criminal. Se nos presentó al antiguo presidente como víctima de una confabulación de sus enemigos y como a un político humilde y cercano. Se iba para salvar a Murcia; pero, pese a sus enormes sacrificios y a su labor como faro de la conciencia de los murcianos, la realidad jurídica es otra. Otra prueba del feudalismo de los medios la podemos encontrar en la información recogida por este medio en el mes de agosto de 2016, cuando el director de Radio Televisión Española en Murcia, Juan de Dios Martínez, dijo de forma taxativa que la información se daba como él quería.
Lo mismo se puede predicar también de Onda Regional: órganos propagandísticos que con poca vergüenza han ido vertiendo informaciones tergiversadas sobre aquéllos que se han opuesto a las políticas del Gobierno autonómico. Basta con ver la criminalización masiva a los integrantes y representantes de la Plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Murcia. Salvo las asociaciones independientes, gran parte de los medios de comunicación callaron ante el atropello, evidenciando la desconexión de la prensa y el poder político con la ciudadanía. Es aquí cuando la propaganda se vuelve más necesaria que nunca para el poder político. Ésta permite intensificar las actitudes favorables a su propósito para revertir las actitudes hostiles y atraer a los indiferentes o, cuando menos, impedir que se vuelvan agresivos. Si la idea es sublimar las virtudes de un determinado mandatario –como se ha hecho con Pedro Antonio Sánchez– conviene presentarlo como el espejo de los valores que queremos para nosotros mismos, de ahí en que se insistiera en su «humildad» y «cercanía».
Por otra parte, «la permanente función de la propaganda en la vida moderna se debe, en gran medida, a la desorganización social que se aceleró tras la rápida aparición de los cambios tecnológicos», señala Laswell, uno de los padres de la propaganda moderna. Algo a lo que no ha sido ajeno el Gobierno autonómico; pero con la salvedad de que la fortísima intervención administrativa en los medios públicos se antoja incapaz de luchar contra la globalización e Internet, con lo que la manipulación ya no se puede ejercer de forma absoluta. Por otra parte, los defensores de las televisiones públicas podrían desechar la idea de una televisión pública que estimulara educativamente a la ciudadanía. La educación, como conjunto de valores, estriba en el núcleo familiar. Atribuirle esa responsabilidad a la televisión a mi juicio es erróneo.
Si proliferan programas como ‘La Sexta Noche’ o los reality shows es porque hay oferta y demanda: eso no es un problema de las cadenas de televisión privadas, sino de los estímulos e intereses de un importante núcleo de la población. Acerca de esto se han pronunciado con mucho acierto Lipovetsky y Bourdieu o el economista Juan Ramón Rallo. Otro argumento a favor de la supresión de las cadenas públicas es que la tecnología juega en su contra porque la proliferación de canales incrementa las opciones del consumidor, con lo que la relevancia individual de cada medio autonómico, circunscrito a un territorio concreto, se encuentra a la zaga en lo que a influencia y evolución de las comunicaciones se refiere.
Conviene recordar que la Región de Murcia lidera el déficit público, con lo que cabría preguntarnos si es necesario mantener una televisión que se ha convertido en un avatar totalitario y en un ejemplo de impostura en todos los sentidos. Otra cosa distinta es que el Gobierno autonómico presidido por Fernando López Miras –un mandatario carente de carisma, indolente, incapaz de generar complicidad y ungido por el dedo de un procesado– siga con la política de empeñar los esfuerzos del pueblo murciano. Mientras tanto seguiremos viendo ridículos como el de la retransmisión de las uvas en Nochevieja, en el que poca culpa tienen los trabajadores y mucha sus jefes.
