El año 2022 que acabamos de inaugurar se inicia con una noticia que sería más bien propia del día 28 de diciembre: La Comisión Europea reconoce la energía nuclear como verde al menos hasta 2045, y el gas hasta 2030, como un medio para descarbonizar la producción energética y cumplir el objetivo de reducir a cero las emisiones en 2050, fijado en el Pacto Verde de la UE. El alto precio de la energía que está sufriendo Europa este otoño es una de las razones que han empujado a la Comisión Europea a tomar esta polémica decisión.
Esta propuesta ha entusiasmado a los defensores de la energía nuclear. Uno de los principales defensores de tan disparatada postura es el francés Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, nada extraño, teniendo en cuenta que Francia cuenta con 58 centrales nucleares, el segundo país del mundo en número de ellas, sólo por detrás de EE.UU., que proveen el 75% de la energía total del país galo.
Tampoco es casualidad que Francia apoye esta decisión, justo después de que la compañía eléctrica EDF, propietaria de muchas de estas centrales, que está participada en un 84% por el estado francés, se desplomara un 15% en la Bolsa de París, al tener que cerrarse preventivamente uno de sus reactores al detectarse una fisura en unas tuberías, y que el presidente Macron anunciara en noviembre pasado la construcción de nuevos reactores.
La ventaja que se le atribuye a la energía nuclear de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ve parcialmente desmentida por la realidad, ya que su uso no garantiza una menor tasa de emisiones. A pesar de que Francia basa su generación de electricidad en la energía nuclear, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera supera a países como España, que sólo cuenta con 7 reactores. Así, en 2020, Francia emitió 280.000 toneladas de CO2 frente a las 215.000 toneladas de España, a pesar de que le energía nuclear sólo representa el 20% del total en nuestro país, por debajo, eso sí, de Alemania (636.000 T.), Reino Unido (314.000 T.) o Italia (300.000 T.).
El cambio de rumbo de la Comisión Europea en relación a la consideración de la energía nuclear como “energía verde” parece olvidar, por un lado, los riesgo intrínsecos a esta fuente de energía, con los desastres de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011 en el recuerdo, además de la necesaria gestión de los residuos nucleares, peligrosas sustancias que mantienen su letal radiactividad durante milenios. Por otro lado, parece una broma de mal gusto calificar de “verde” una fuente de energía que fue, precisamente, el detonante del movimiento ecologista en Europa, con el lema “Nucleares, no gracias” que coreaban los pioneros ecologistas alemanes en los 70, y que fue el germen de los partidos políticos verdes en Alemania, Francia o España, en los años 80. También hay que recordar que el movimiento ecologista en la Región de Murcia tuvo su origen en el rechazo a la construcción de una central nuclear en Cabo Cope a comienzos de los años 70.
Si lo que se pretende es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, luchar contra el cambio climático, se debería incidir en otros aspectos, como señalan muchos expertos: la protección de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza; la transformación de la movilidad hacia un modelo que potencie el transporte colectivo frente al privado, especialmente el tren; el diseño urbanístico que reduzca la necesidad de desplazamientos; el cese de la deforestación y el aumento de la restauración ambiental, con la reforestación como acción principal; la potenciación de la energía solar y eólica, con el autoconsumo como prioridad frente a las grandes centrales que depredan el territorio; la modificación del sistema de subasta de la energía, de tal modo que no se pague el total a precio de la fuente de energía más cara, el gas, entre otras medidas.
La calificación de “energía verde” para la energía nuclear y el gas va en contra del sentido común, solo beneficia a las grandes empresas propietarias de las centrales, y es el modo de que nada cambie en nuestro estilo de vida, posponiendo el problema unos 20 años para que sea la siguiente generación la que aborde el problema en serio.
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