De pronto, resurge el problema del Sáhara Occidental para toda una generación de españoles escasamente conocedores de los diversos elementos que definen una situación injusta y sin aparente salida. Y resurge porque la paz existente, mantenida en ese territorio desde 1991, no ha dejado de resultar estéril, por lo que ha sido rota por el Frente Polisario, brazo armado desde los años 1970 del pueblo saharaui, que fue la respuesta primero, a la presencia colonial española y, después, a la ocupación militar, económica y demográfica marroquí.
Lo primero que hay que recordar es que ese extenso y desértico territorio, de 266.000 km2, fue retenido por la potencia colonial, España, hasta que la agitación interna de los sometidos, convertida en lucha militar de liberación al estilo de tantos otros movimientos políticos africanos de las décadas 1960 y 70, la/nos obligó a proceder a la descolonización. España accedió, siguiendo lo previsto por la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización, a convocar un referéndum de autodeterminación que debió tener lugar en 1975 pero que fue rechazado por Marruecos, que alegaba derechos históricos de soberanía sobre la colonia española (lo que ni Naciones Unidas ni sus vecinos inmediatos han reconocido nunca).
El referéndum no pudo producirse ya que Marruecos, a falta de otros argumentos, organizó la famosa “Marcha Verde” de noviembre de 1975, un intento de “invasión pacífica” de cientos de miles de marroquíes que llegaron hasta la frontera norte del Sáhara; y por la actitud española, que acabó cediendo ante la hábil maniobra pese a haber sostenido que defendería el territorio y cumpliría sus compromisos.
La información sobre los movimientos secretos ocurridos en esos meses críticos de 1975, atribuye a la intervención del Gobierno de Estados Unidos un cierto pacto con el sucesor designado por Franco, el príncipe Juan Carlos, en el delicado momento histórico en el que el dictador agonizaba y cuando a ambas partes convenía una sucesión sin sobresaltos. Esos pactos incluían, evidentemente, la entrega a Marruecos de la colonia; una colonia, por cierto, que el nacionalismo franquista había convertido en “provincia” en 1957, para enfatizar su pertenencia a España. La traición a esos compromisos se materializó con el infame Tratado de Madrid por el que España “cedía la administración del territorio” a Marruecos y Mauritania, que se repartieron a placer el territorio, ocupándolo militarmente. Esto dio lugar a la respuesta militar del Frente Polisario y a la autoproclamación, en febrero de 1976, de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que desde entonces ha sido reconocida por decenas de Estados de todo el mundo; los enfrentamientos armados, con distintas fases y avatares se prolongaron hasta el acuerdo de paz de 1991, negociado directamente entre el Frente Polisario y el Gobierno marroquí.
En aquella larga fase bélica, las unidades combatientes del Frente Polisario llegaron a hacer imposible la vida civil y económica en el Sáhara, con la significativa inutilización de la producción de fosfatos en la mina de Bu Craa, principal recurso del territorio, que explotaba una empresa española, y el frecuente asalto a barcos españoles de pesca, generalmente canarios, con el secuestro de sus tripulantes, en respuesta a lo que consideraban que era faenar en las aguas consideradas territoriales, propias e inalienables; y también como medida de presión sobre España.
Una anécdota que describe el comportamiento típicamente colonial de España alude a la creación por el propio Gobierno, también en esos meses de creciente tensión, de un partido amarillo al que se bautizó como Partido de Unificación Nacional Saharaui (PUNS), para el que se puso al frente a un joven saharaui afincado en Madrid, en las antípodas ideológicas del Frente Polisario, y del que se esperaba que fomentara una independencia meramente formal tras el referéndum. Las maniobras de Madrid sufrieron el ridículo merecido cuando, a las pocas semanas de hacerse cargo en El Aiún de ese partido, su flamante líder huyó a Marruecos para jurar vasallaje al rey Hassan II, iniciando a continuación una meteórica carrera política en el seno del Gobierno marroquí.
Así que el segundo punto a tener en cuenta es que España infringió la ley internacional, se allanó ante Marruecos (Mauritania había actuado arrastrada por su alterado vecino y no tardó, tras sufrir humillantes derrotas frente al Polisario, en renunciar a su parte, que fue rapiñada por Rabat, y en reconocer incluso a la RASD) y dio lugar a una crisis duradera y a una guerra con numerosas víctimas en ambos lados, lo que no ha dejado de afectar también a España desde entonces. Tras esa miserable entrega del Sáhara a Marruecos, una gran parte de la población saharaui se instaló en la vecina Argelia, concretamente en la árida y monótona hamada de Tinduf, donde desde entonces han residido los líderes del frente Polisario y la incipiente administración de estas poblaciones y de los “territorios liberados”, una porción física de la antigua colonia a la que Marruecos ha renunciado de hecho, exterior a un formidable “muro” militarizado que pretende dar seguridad a su nueva provincia.
La tercera nota a subrayar es que, después del ominoso Tratado de Madrid, todos los Gobiernos de España se han alineado con la postura y los intereses marroquíes, alegando con mayor o menor cinismo que ese asunto ha salido fuera de la esfera española y son las Naciones Unidas las que han de darle solución.
Pese al acuerdo de paz, que esencialmente preveía la celebración de un referéndum entre la población existente en el territorio en el momento de la ocupación marroquí, y a la decisión de la ONU de destacar una fuerza internacional (la llamada Minurso) cuyo objeto era preparar debidamente ese referéndum, nada de eso se ha cumplido, debido al permanente boicot de Marruecos ante la perspectiva de una consulta legal y garantizada. Treinta años después, la población de los campamentos del área de Tinduf se ha incrementado notablemente, así como la del área ocupada por Marruecos, con una mayoría de jóvenes que se enfrentan a un horizonte carente de esperanza, lo que genera situaciones internas explosivas.
Este es, como resumen de urgencia, el cuadro político-internacional del problema del Sáhara Occidental, caracterizado por un injusto estancamiento y por la permanente amenaza de la vuelta a la guerra como única opción para acabar con un impasse que condena a todo un pueblo a la desesperación. Un panorama del que ha de destacarse el núcleo generador de la crisis, que sigue siendo la bochornosa “fuga” española de un territorio al que debió descolonizar mediante referéndum, no “cederlo” a los países vecinos. En la legalidad internacional, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio de los últimos del planeta pendiente de descolonizar, y de responsabilidad española.
Es esta una larga crisis marcada por la ausencia de cambios desde hace décadas. Una inmovilidad que el Frente Polisario ya no puede tolerar si quiere mantener viva la llama de una existencia independiente, por lo que se ve obligado a afrontar un segundo periodo bélico, aun a costa del alto precio en vidas que supondrá y en una situación internacional seguramente más favorable a Marruecos que a sus propias reivindicaciones.
De pronto, resurge el problema del Sáhara Occidental para toda una generación de españoles escasamente conocedores de los diversos elementos que definen una situación injusta y sin aparente salida. Y resurge porque la paz existente, mantenida en ese territorio desde 1991, no ha dejado de resultar estéril, por lo que ha sido rota por el Frente Polisario, brazo armado desde los años 1970 del pueblo saharaui, que fue la respuesta primero, a la presencia colonial española y, después, a la ocupación militar, económica y demográfica marroquí.
Lo primero que hay que recordar es que ese extenso y desértico territorio, de 266.000 km2, fue retenido por la potencia colonial, España, hasta que la agitación interna de los sometidos, convertida en lucha militar de liberación al estilo de tantos otros movimientos políticos africanos de las décadas 1960 y 70, la/nos obligó a proceder a la descolonización. España accedió, siguiendo lo previsto por la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización, a convocar un referéndum de autodeterminación que debió tener lugar en 1975 pero que fue rechazado por Marruecos, que alegaba derechos históricos de soberanía sobre la colonia española (lo que ni Naciones Unidas ni sus vecinos inmediatos han reconocido nunca).